El Congreso peruano rechazó este jueves una nueva propuesta de adelanto de las elecciones generales y una consulta sobre un llamado a una asamblea constituyente, mientras siguen las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, cuyo gobierno muestra fisuras. El proyecto de ley para realizar elecciones en julio de 2023 había sido presentado por el partido de izquierda Perú Libre, el noveno que llega al pleno. Sin embargo, la propuesta fue rechazada tras dos votaciones con 48 votos a favor, 75 en contra y una abstención.

“La reforma no ha alcanzado el número de votos (...) en consecuencia no ha sido aprobado” el proyecto de ley, dijo José Williams, presidente del Congreso, tras un debate que se prolongó durante poco más de cuatro horas. Ante el rechazo al proyecto, criticado desde las bancadas de derecha por incluir una consulta sobre una constituyente, el parlamentario Jaime Quito, autor de la propuesta, dijo que “el Congreso se tiene que cerrar. Lo que va a pasar es que Dina Boluarte va tener que renunciar”.

Esa exigencia es repetida por los manifestantes que acudieron de nuevo este jueves a las calles del centro de Lima a protestar contra la mandataria. En la plaza Dos de Mayo centenares de personas, mayoritariamente de la región andina, marcharon pera pedir la salida de Boluarte y la restitución del exmandatario Pedro Castillo, detenido en diciembre tras su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.

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“Que renuncie (Dina Boluarte) y que sea lo antes posible, y que haya elecciones lo antes posible”, dijo Marie Yucra, una ceramista de 30 años de edad proveniente del distrito de José Domingo de Choquehuanca, en Puno, al sur de Perú. “Por culpa de Dina, vinimos hasta Lima” o “el pueblo te repudia”, cantaron los manifestantes, que también apuntaron contra la “prensa vendida” y mostraron su desconfianza hacia los periodistas en general, pues consideran que su cobertura favorece al gobierno peruano.

En la mañana, otras decenas de personas se movilizaron a las puertas de los dos principales canales de televisión privados del país para expresar su descontento. Mujeres aimaras del sureste de Perú, algunas con sus bebés a cuestas, coreaban consignas contra la policía, señalada como principal responsable de las 48 muertes durante las protestas desde la caída de Castillo.

El miércoles el Congreso había rechazado un proyecto que contemplaba elecciones generales en 2023, una decisión que la Presidencia de Perú lamentó y ante la cual presentó “inmediatamente” otra iniciativa para celebrar comicios en octubre de este año. Esta propuesta será analizada este viernes por una subcomisión parlamentaria.

Dina Boluarte asumió el mando, en su calidad de vicepresidenta, el 7 de diciembre con miras a completar el periodo de Castillo hasta 2026, pero ante el estallido de protestas para exigir su renuncia pidió al Congreso anticipar los comicios. En diciembre el Legislativo los adelantó para abril de 2024, pero en medio de la convulsión social que no da tregua, con bloqueos de rutas que han generado escasez de combustible y productos básicos en varias regiones, Boluarte insta al Congreso a que convoque elecciones este año.

Boluarte busca que para diciembre -en caso de una segunda vuelta- el país haya elegido presidente y parlamentarios. También asegura que no renunciará. “Mi renuncia no está en juego. No vamos a ceder al chantaje político”, dijo en una rueda de prensa, donde señaló que el adelanto de elecciones “está en la cancha” del Congreso.

No obstante, el gobierno mostró grietas el jueves al conocerse la salida de Raúl Molina, el jefe de asesores de Boluarte, quien le endilgó falta de “gestos políticos sustantivos” y que no se hayan “atribuido aún responsabilidades claras” por los fallecidos en la crisis. “Señora Presidenta, escuche a nuestra gente, a la gran mayoría que pide cambios”, reza la carta de renuncia de Molina divulgada este jueves por la prensa.

Boluarte, que declinó comentar las declaraciones de su exasesor, ya ha tenido que afrontar las renuncias de cinco de sus ministros desde que asumió las riendas del país. Las protestas en diversos puntos de Perú mantienen 87 bloqueos de carreteras activos. En Cusco, la capital del imperio Inca, joya del turismo en Perú, tenía lugar un paro de trabajadores y movilizaciones en las calles y la plaza central de la ciudad. En Junín (centro), decenas de ciudadanos mantienen bloqueada la carretera central, principal vía para la llegada de alimentos a la capital.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó este jueves que el destituido mandatario izquierdista Pedro Castillo debe ser liberado de la cárcel y restituido como jefe de Estado en Perú. “El pueblo [peruano] está protestando, el pueblo se está movilizando [...]. Lo que demanda el pueblo, que lo saquen [a Castillo] de la cárcel y que ocupe de nuevo la presidencia”, afirmó Ortega durante un encuentro con el canciller iraní, Hosein Amir Abdolahian.

Castillo fue destituido por el Congreso y detenido el 7 de diciembre, el mismo día que intentó disolver el Parlamento, y fue sustituido por la vicepresidenta Dina Boluarte, una exaliada devenida en adversaria. Boluarte anunció entonces que gobernaría hasta el fin del mandato de Castillo, en julio de 2026, pero estallaron protestas para exigir su renuncia, que han dejado hasta ahora 48 muertos, según la Defensoría (Ombudsman) de Perú.

Para calmar los ánimos, Boluarte pidió al Congreso adelantar los comicios inicialmente para 2024, pero las protestas no cesaron. Ante esto, la presidenta volvió a reclamar un adelanto de los comicios para este año.

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“Se dio una elección [en 2021], resultó electo un maestro del campo, un hombre sencillo, humilde, pero sencillamente la oligarquía manejada por el imperialismo [...] lo que ha hecho es alimentar, primero una campaña desde el Congreso, y luego un golpe de Estado contra el presidente, el presidente Pedro”, expresó Ortega.

El gobernante izquierdista nicaragüense afirmó que ni la ONU, ni Estados Unidos y ni Europa han condenado las decenas de “crímenes” de manifestantes en Perú. “El pueblo [peruano] se está movilizando, es la gente humilde, la gente pobre, la gente trabajadora la que se está movilizando [...], y ¿Qué dicen los imperialistas de la Tierra? Nada”, afirmó Ortega.

“No hay condenas, no hay condenas de Naciones Unidas, no hay condenas de los yanquis [EEUU], de los europeos, porque son ellos mismos, están alimentando esos crímenes simplemente porque no quieren reconocer el derecho a que retorne el presidente a la presidencia”, añadió. Unas declaraciones sobre la situación peruana de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en la Cumbre de la CELAC en Buenos Aires llevaron a Boluarte la semana pasada a retirar a su embajador en Tegucigalpa.

Fuente: AFP.