El Congreso sancionó sin modificaciones el proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades. Desde la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) celebraron lo resuelto por el Parlamento y aguardan el visto bueno por parte del Ejecutivo.

“Por fin pudimos culminar el ciclo en el Congreso de este proyecto que habíamos presentado la Opaci, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y Diputados, después de una serie de reuniones para modificar nuevamente la ley n.° 7.447″, manifestó Nelson Peralta, director ejecutivo de la mencionada institución.

Para Peralta, el texto sancionado es mucho más justo, dado que deja atrás el porcentaje que estaba fijado inicialmente que ascendía 0,5% sobre el valor impositivo y que posteriormente fue modificado fijándose en el jornal mínimo diario. El porcentaje del 0,3% sobre el valor imponible que, entraría en vigencia si el presidente Santiago Peña promulga esta ley, permitiría que lo abonado por los contribuyentes se adapte a un monto cercano a lo que ya se venían pagando.

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“Se planteó que para ayudar y bajar el costo y adaptar a lo que se venía cobrando, creímos prudente que el impuesto se calcule sobre el valor impositivo, pero al 0,3%, eso haría que los vehículos más económicos estén pagando entre G. 100.000 y 170.000, pero a eso hay que cargar los costos de las tasas que las respectivas municipalidades vienen cobrando”, explicó Peralta a la 780 AM.

El valor imponible lo determina la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNIT) y será la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial la encargada de recolectar esta información y realizar el cálculo para el costo de las patentes por cada categoría de vehículos, información que a su vez será entregada a las municipalidades una vez que esta ley tenga la promulgación de la Presidencia.

“Hay un nuevo punto importante que dice que el intendente será multado por cada habilitación mal concedida con un jornal mínimo diario por cada habilitación, la responsabilidad es personal porque los jefes comunales son los responsables de lo que ocurre en su oficina”, enfatizó. Uno de los objetivos de estas modificaciones también apuntaba a evitar la fuga de contribuyentes, quienes terminaban acudiendo a otras municipalidades debido a la diferencia abismal entre comunas para el pago de patentes.

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• Valparaíso, Chile. AFP.

Quince policías y un manifestante resultaron heridos ayer miércoles en varios puntos de Chile, en el marco de protestas de pescadores artesanales que exigen la aprobación de una ley para aumentar la cuota de merluza que pueden capturar, según informaron autoridades. Las manifestaciones, que dejaron ocho detenidos, se llevaron a cabo en el puerto de Valparaíso, en la región de Coquimbo, y también en la zona sur, en la región de Maule.

Durante las movilizaciones se desencadenaron fuertes choques con la policía. Los enfrentamientos más violentos se registraron en Valparaíso, a 120 km de la capital Santiago, donde siete policías y un manifestante sufrieron heridas. Hubo tres detenidos. Uno de los agentes fue hospitalizado luego de que fuera alcanzado en la cabeza por “un objeto contundente”, precisó la general de Carabineros, Patricia Vásquez.

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“Se registraron hechos muy violentos. Tenemos un carabinero que fue ingresado grave al hospital”, señaló Vásquez a la prensa. En esa ciudad, se encuentra el Congreso Nacional, que discute el mencionado proyecto de ley. La policía contuvo a los manifestantes con gases lacrimógenos y carros lanza-agua, según constataron periodistas de la AFP.

Más tarde, en la región del Maule (a unos 280 km al sur de Santiago), estallaron choques que dejaron a otros ocho agentes heridos, cinco detenidos y un carro lanza-aguas quemado, informó Carabineros a través de sus redes sociales. Los manifestantes levantaron barricadas y cortaron por un tiempo la principal carretera de Chile, que une el norte y sur del país. En la región de Coquimbo, 450 km al norte de Santiago, trabajadores del sector artesanal lograron también cortar la ruta Panamericana tras encender una pila de neumáticos.

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Los pescadores exigen que el Congreso dé luz verde a un proyecto de ley que eleva la cuota para la pesca, principalmente de merluza, uno de los más consumidos en Chile. Esperamos que se apruebe “inmediatamente” el proyecto de ley, declaró a la AFP Miguel Ángel Hernández, presidente de la Federación de pescadores artesanales de la región de Valparaíso.

La denominada Ley de Fraccionamiento de la pesca, presentada en septiembre de 2024 por el gobierno del presidente izquierdista Gabriel Boric, fue aprobada ya en la Cámara de Diputados, pero continúa siendo analizada por la comisión de Hacienda del Senado. Según Hernández, el trámite se ha “dilatado” en esa cámara. La normativa busca “una distribución más justa y equitativa de las cuotas (de captura establecidas) entre los sectores pesqueros artesanal e industrial”, reseñó la Subsecretaría de Pesca en un informe sobre la ley.

El director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, resaltó que la media sanción lograda para la modificación de la Ley de Patentes que el pasado martes aprobó la Cámara de Diputados es producto de un trabajo conjunto que llevaron adelante la organización, la Agencia Nacional de Transporte, legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

En comunicación con La Nación/Nació Media, resaltó que desde el inicio del diálogo en la búsqueda de la modificación de la Ley que entró en vigencia en diciembre pasado han mantenido constantes reuniones y diálogos tanto con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, como con diputados y senadores. Incluso, destacó que ya se conversó con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus asesores, a fin de dar celeridad a su tratamiento, aprobación y finalmente promulgación.

“Esperamos que el Senado pueda tratarla esta semana y de ser posible aprobarla, de tal modo que antes del 31 de marzo el presidente de la República pueda promulgar la nueva Ley modificada. Esto, teniendo en cuenta que hay municipios en los que este 31 de marzo ya vencen las patentes. Entonces, con los nuevos precios los ciudadanos podrán acercarse a pagar”, precisó.

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Nelson Peralta resaltó que desde la organización están conformes con lo resuelto por la Cámara de Diputados, que aprobó esta semana las modificaciones que habían planteado a la legislación que entró en vigencia en diciembre del año pasado. Indicó que desde la Opaci han trabajado en la elaboración de las modificaciones.

“Nosotros habíamos elaborado una propuesta que decía que el costo más bajo no podría ser inferior al 0,4% del jornal mínimo,y que el porcentaje máximo no debería superar el salario mínimo vigente. Esto fue lo que finalmente ellos sacaron de lo que nosotros presentamos”, explicó.

Remarcó que con el equipo técnico de la Opaci, junto al equipo técnico de la Agencia Nacional de Transporte, se reunieron con los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, además del vicepresidente primero Marcelo Salinas y los miembros de los consejos departamentales de intendentes municipales, para acordar los puntos que fueron tratados y modificados por el plenario en la sesión ordinaria del martes pasado.

Peralta destacó que en la nueva ley que está siendo estudiada por el Congreso se establece, en uno de sus artículos, la instalación de un ente de control que deberá velar por el cumplimiento de la Ley, que es la Agencia Nacional de Tránsito.

“Anteriormente no existía una institución que controlara a los intendentes para el cumplimiento de la Ley. Ahora es la Agencia la que estará a cargo de los controles, y esa ley con media sanción, si es que no la modifica el Senado, dice que el intendente que expida incorrectamente una habilitación o una patente será multado con un jornal mínimo diario por cada habilitación mal concedida”, precisó.

Respecto a la Agencia Nacional de Transporte, señaló que es la que está integrada con la presidencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que delega en el director general, rango de viceministro de Transporte. Cuenta con una junta o consejo nacional que integran además de la titular del MOPC; sus pares, los ministros del Interior, Salud Pública, Educación, los intendentes de Asunción y Guarambaré, el titular de Opaci.

El director Ejecutivo de la Opaci resaltó que con estas modificaciones que se están introduciendo, los costos de las patentes van a bajar, ya que al principio se establecía el 0,5 % sobre el valor imponible y ahora se estableció el 0,3 % sobre el valor imponible.

“En algunos municipios se les fue verdaderamente de las manos, llegando a cobrar G. 50.000 por la patente de un auto 2015 o 2020, eso no correspondía, pero lo hicieron. Ahora deberán cobrar conforme al valor imponible”, precisó.

Finalmente, indicó que una vez promulgada esta Ley con sus modificaciones, desde la Opaci ya cuentan con un programa que les permitirá a los municipios hacer los correspondientes cálculos de acuerdo al vehículo que solicite su habilitación. Precisó que a los 264 municipios del país se les entregará el programa que tiene cargado todas las marcas de los vehículos, modelos, años, procedencia; además si tiene 4 puertas, 2 puertas, es naftero, diésel, eléctrico o híbrido.

“Cada vehículo tiene un costo diferenciado y nosotros desde la Opaci vamos a entregar este programa a cada municipio, donde al introducir los datos de la cédula verde, ya le estará diciendo cuánto es su impuesto a la patente. Nosotros ya tenemos todo preparado, estamos esperando que se apruebe. A partir de ahí, queda a cargo de cada intendente cobrar el monto que se le indica. La Agencia Nacional de Transporte se encargará de controlar el cumplimiento de la Ley”, concluyó.

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• Estambul, Turquía. AFP.

Las protestas continúan el martes en Turquía, donde más de 1.400 personas han sido detenidas desde que comenzó el miércoles una oleada de manifestaciones por el arresto del alcalde de Estambul Ekrem Imamoglu, principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan. En total, 1.418 personas acusadas de participar en concentraciones ilegales fueron detenidas desde el 19 de marzo, según las autoridades, que se enfrentan a la mayor ola de protestas en el país desde 2013.

En este contexto, un tribunal de Estambul ordenó el martes el encarcelamiento provisional de siete periodistas turcos, entre ellos el fotógrafo de AFP Yasin Akgül, acusados de participar en manifestaciones, prohibidas desde la semana pasada en las tres principales ciudades de Turquía. Akgül alegó durante su detención que se había limitado a cubrir una protesta en Estambul.

El presidente de Agence France-Presse, Fabrice Fries, pidió a la presidencia turca la “rápida liberación” de su fotógrafo. “Yasin Akgül no manifestaba, cubría como periodista una de las muchas concentraciones organizadas en el país desde el miércoles 19 de marzo”, afirmó.

La oenegé Reporteros sin Fronteras condenó por su parte una “decisión escandalosa [que] refleja una situación muy grave en curso en Turquía”. En total, 979 manifestantes se encontraban el martes bajo custodia policial, mientras que 478 personas habían pasado a disposición judicial, según el ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya.

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Ante las continuas protestas desencadenadas por la detención de Imamoglu, acusado de “corrupción”, la gobernación de la capital Ankara extendió hasta el 1 de abril la prohibición de manifestaciones. Las autoridades tomaron una decisión similar en Izmir, la tercera ciudad del país y bastión de la oposición, hasta el 29 de marzo. La misma prohibición está en vigor desde hace seis días en Estambul, donde decenas de miles de personas la desafían cada noche delante del ayuntamiento.

El martes por la tarde, una marcha de miles de estudiantes partió de un parque de la zona europea de Estambul, constataron periodistas de AFP. Muchos se habían cubierto el rostro con bufandas o máscaras por miedo a ser identificados por la policía, explicaron.

“Claro que tengo miedo de la policía”, declaró Nisa, una estudiante que no quiso dar su apellido. Özgur Özel, presidente del partido socialdemócrata CHP, al que pertenece Imamoglu, convocó una gran concentración para el sábado. Miles de estudiantes desfilaron también en Ankara, la capital, según imágenes de los medios turcos. La semana pasada, las manifestaciones desencadenadas por la detención del alcalde se extendieron a al menos 55 de las 81 provincias de Turquía.

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Özel, que pidió hacer frente al “fascismo”, acudió el martes a la cárcel de Silivri, donde están recluidos desde el domingo Imamoglu y otros 48 coacusados, entre ellos dos alcaldes de distrito que también son miembros del CHP. “Me encontré con tres leones dentro. Están de pie, con la cabeza alta (...), como leones”, dijo a la prensa al salir de la prisión.

El Consejo de Europa, que debe debatir el martes la situación en Turquía, denunció un “uso desproporcionado de la fuerza” durante las manifestaciones y citó la represión a la prensa. La ONU también expresó su inquietud ante la oleada de detenciones, asegurando que están “muy preocupados”.

El CHP llamó a boicotear 11 marcas afines al gobierno, incluida una famosa cadena de cafés: “Nosotros mismos podemos hacer el café”, expresó Özel. “Dejad de perturbar la paz de nuestros conciudadanos con vuestras provocaciones”, declaró el presidente Erdogan el lunes por la noche, dirigiéndose a la oposición en un discurso televisado.