El Congreso de Brasil elige este miércoles a los presidentes de ambas cámaras, determinantes para la gobernabilidad del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en un acto con una reforzada seguridad tras los ataques a las sedes de los poderes públicos en Brasilia. Elegido en octubre, el nuevo congreso (2023-2027) que se instala está aún más a la derecha del anterior, un desafío para el programa de reformas del flamante mandatario de izquierda.

En Brasil, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, que se renuevan cada dos años, determinan la agenda de las votaciones. El líder de la Cámara Baja, en los hechos la tercera autoridad del país después del presidente y el vicepresidente, decide además si admite los pedidos de juicio político (“impeachment”) o si los guarda en un cajón. Ya se da por descontado que en la presidencia de la cámara repetirá Arthur Lira, figura de lo que se conoce como “Centrao” (el gran centro), una coalición informal de partidos de cuño conservador pero reputada sobre todo por negociar votos a cambio de cargos o inversiones para sus circunscripciones.

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Rodrigo Pacheco es favorito para ser reelegido a la cabeza del Senado, pero podría tropezarse con la candidatura de Rogério Marinho, del Partido Liberal (PL) del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. El PL será la principal fuerza en ambas cámaras. Con 99 de los 513 escaños, tendrá la mayor bancada en la Cámara de Diputados desde 1998, y en el Senado, que renovó un tercio de sus 81 asientos en los comicios, ocupará 13.

Lula es consciente de la realidad política: “Nosotros no mandamos en el Congreso, nosotros dependemos del Congreso”, dijo a sus ministros el 6 de enero, señalando que no tendrá “veto ideológico” o “asunto prohibido” para tratar con los líderes legislativos. Lira dijo al canal GloboNews tener una relación “tranquila y amistosa” con Lula.

La toma de posesión de los legisladores se da en medio de un fuerte operativo de seguridad alrededor del Congreso, menos de un mes después de la asonada en Brasilia de miles de seguidores radicalizados de Bolsonaro. “Estaremos listos para actuar en escenarios diversos, desde los más simples a los más complejos, en caso de que sea necesario”, dijo el secretario de Seguridad Pública de Brasilia, Sandro Avelar, citado en un comunicado.

Los accesos a la Explanada de los Ministerios, donde está el Congreso, el palacio presidencial y la corte suprema, están cerrados al tránsito, y solo se permite el acceso a personas autorizadas, detalla la nota. Además de monitoreo por cámaras y drones, la vigilancia en el área “será reforzada por la Policía Militar (...) Y tropas de choque, caballería, operaciones aéreas, vigilancia canina y operaciones especiales brindarán apoyo si es necesario”, agrega la secretaría de Seguridad.

El 8 de enero, miles de bolsonaristas disconformes con la victoria de Lula sobre el exmandatario ultraderechista en las presidenciales de octubre de 2022 invadieron las sedes de los poderes públicos. Arrasaron con parte de la infraestructura, rompieron mobiliario e invaluables obras de arte, y dejaron grafitis llamando a un golpe de Estado. Más de dos mil personas fueron detenidas, y casi un cuarto de ellas ya han sido imputadas.

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Fuente: AFP.