El Gobierno de Perú ha anunciado este jueves la retirada de su embajador en Honduras, Jorge Raffo Carbajal, en respuesta a los comentarios realizados por la presidenta del país, Xiomara Castro, durante su intervención en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde abordó la crisis interna peruana.

“El Gobierno ha retirado definitivamente al embajador de Perú en Honduras en respuesta a la inaceptable injerencia en asuntos internos de la presidenta Xiomara Castro en su intervención en la CELAC desconociendo al Gobierno constitucional de la presidenta, Dina Boluarte”, ha indicado el Ministerio de Exteriores peruano en un mensaje de Twitter.

En este sentido, ha señalado que “en respuesta a la posición adoptada por Honduras”, las relaciones con dicho país “se mantendrán, de manera indefinida, a nivel de encargado de negocios”, lo que implica que la retirada del embajador se produce, al menos de entrada, de forma indefinida.

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El martes durante la cumbre de la CELAC, algunos altos cargos de países latinoamericanos criticaron la gestión de Boluarte de la crisis política y social en el país y las medidas tomadas contra los manifestantes.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, el chileno, Gabriel Boric, y Castro pidieron la liberación del ahora expresidente peruano Pedro Castillo, detenido desde el 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso después de intentar disolverlo en pleno enfrentamiento entre los distintos poderes. Carbajal fue nombrado embajador en noviembre de 2021 durante el gobierno del ahora expresidente Pedro Castillo, según informaciones del diario ‘Gestión’.

El Congreso de la República de Perú ha aprobado este jueves una moción mediante la cual se ha declarado ‘persona non grata’ al expresidente de Bolivia Evo Morales, protagonista de recientes polémicas con las autoridades andinas. La mencionada moción --aprobada por 74 votos a favor, 40 en contra y cuatro abstenciones-- proponía declarar ‘persona non grata’ al exmandatario boliviano “por sus constantes incitaciones en la política nacional”.

El Gobierno de Perú ya prohibió a principios de mes la entrada al país a nueve ciudadanos bolivianos, entre ellos el propio Morales, por considerar que han incurrido en actividades “de índole proselitista”, aparentemente después de que intercedieran en favor del depuesto Pedro Castillo.

El Ejecutivo peruano puso entonces en cuestión las actividades de ciudadanos bolivianos en el país, en “clara afectación” a la seguridad y el orden. Lima subrayó, no obstante, los “lazos históricos” que unen al país con otras naciones de la región.

Morales ha defendido a Castillo, apartado por el Congreso el 7 de diciembre después de que intentase aumentar sus poderes con un gobierno de excepción. También ha cuestionado el papel del actual Gobierno, encabezado por Dina Boluarte, en la represión de las manifestaciones.

El Gobierno de Bolivia ha desmentido este jueves las acusaciones del Ejecutivo peruano por las cuales acusa a un grupo indígena boliviano afín a Evo Morales de ingresar de manera ilegal armamento por la frontera.

Después de que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, denunciara el miércoles que el grupo indígena Ponchos Rojos, afín al expresidente boliviano Evo Morales, está implicado en el ingreso de armas y municiones a través de la frontera entre ambos países, el Ministerio de Exteriores de Bolivia ha calificado la acusación de “falaz”, según ha recogido ABI.

“De acuerdo con las informaciones que hemos recibido por las instancias correspondientes, no es que ha ingresado ningún armamento, ninguna munición al territorio peruano, eso categóricamente hemos mencionado y además una nota oficial hemos enviado a la República del Perú para que se descarte esas posibilidades”, ha señalado en una rueda de prensa el viceministro de Exteriores de Bolivia, Freddy Mamani.

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En opinión del Gobierno de Bolivia, la presidenta Boluarte ha recibido esa información “al calor del momento, del conflicto”. Así, Manami ha advertido de que “ese tipo de declaraciones dañan la relación que tenemos con Perú”.

El miércoles Boluarte pidió a la Fiscalía peruana que investigara de forma “rápida y objetiva” la implicación de los Ponchos Rojos, asegurando que sus armas habrían sido las utilizadas en los enfrentamientos que tuvieron lugar el pasado 9 de enero en las regiones de Juliaca y Puno, que se saldaron con la muerte de 18 personas, informó el diario ‘El Deber’.

“Sabemos de manera extraoficial, que por la frontera de Perú y Bolivia han ingresado estos proyectiles letales, llamados ‘dum dum’, traídos por los Ponchos Rojos, por eso digo que la Fiscalía investigue de manera objetiva y rápida, para que podamos todos saber la verdad”, esgrimió Boluarte.

La Defensoría del Pueblo de Perú ha informado este miércoles de la muerte de un menor de casi dos años después de que no pudiera acceder a atención médica a causa de un bloqueo en una carretera por las protestas antigubernamentales en la región de Madre de Dios, en el sureste del país.

“Lamentamos que (un) niño de 1 año y 9 meses falleciera al no acceder a atención médica oportuna. Según (el) Centro de Salud San Jerónimo llegó sin signos vitales. Familiar indicó que intentó trasladarlo desde (la localidad de) Mazuco, pero por bloqueo de vías en Madre De Dios no llegó a tiempo”, ha relatado la defensoría en un comunicado difundido en la red social Twitter.

Desde la Defensoría del Pueblo han reiterado su rechazo a todo acto que impida el traslado de personas que requieran atención urgente de salud. Asimismo, han hecho un llamamiento a la población para que recuerden que el derecho a la protesta “se ejerce de forma pacífica, sin impedir el tránsito de ambulancias y del personal de salud”.

Esta es la tercera muerte de un bebe desde que dieran comienzo las protestas en el país. El pasado 9 de enero, un bebé de 35 semanas falleció en la ambulancia que lo trasladaba a un hospital regional, donde había sido derivado a un especialista al presentar insuficiencia respiratoria y sepsis.

Además, el pasado 18 de enero, otro bloqueo en las carreteras provocó que una adolescente embarazada que se dirigía a un centro de salud perdiera a su bebé prematuro de 28 semanas, según confirmó entonces La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de la región de La Libertad.

Fuente: Europa Press.