El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este miércoles “tener la impresión” de que el asalto a Brasilia del 8 de enero podría tratarse de un golpe de estado que “posiblemente” podría querer capitalizar su antecesor, Jair Bolsonaro.

“La decisión (de Bolsonaro) de quedarse quieto después de perder las elecciones (...), de irse a Miami como si estuviese huyendo de algo, y su silencio incluso después de lo ocurrido, me dio la impresión de que él sabía de todo lo que estaba pasando, que tenía mucho que ver con aquello”, dijo Lula en una entrevista con la televisora GloboNews, la primera desde que llegó al poder.

“Posiblemente, Bolsonaro estaba esperando volver para Brasil en la gloria de un golpe”, añadió el líder izquierdista. De ser probada la participación del expresidente, “tiene que ser castigado”, opinó. Lula, quien protagonizó un espectacular regreso a la política tras ser opacado por acusaciones de corrupción, derrotó a Bolsonaro en las urnas en octubre con 1,8% de diferencia.

Bolsonaro, que durante años sembró dudas en el sistema electoral, viajó a Estados Unidos días antes de terminar su mandato esquivando la tradicional ceremonia de transmisión de mando celebrada el 1 de enero. Una semana después, miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron la sede de los poderes públicos en la capital, destruyendo y vandalizando la infraestructura, mobiliario e invaluables obras de arte.

Investigado bajo sospecha de instigar la violenta invasión al corazón de la democracia brasileña, Bolsonaro niega estar relacionado con los desmanes. “Lamento lo que aconteció el día 8, algo increíble”, dijo en un video divulgado el lunes donde se le ve hablando a seguidores. “Lo que más esperamos es la celeridad de la Justicia”, dijo el presidente. “Quiero que las personas sean investigadas. Si Bolsonaro tuvo participación en lo ocurrido, tiene que ser castigado”.

Lula reflexionó en la entrevista y en sus redes sociales sobre el turbulento día 8. “Cuando salí de Brasilia el viernes (a Sao Paulo), tenía la información de que estaba todo tranquilo”, tuiteó Lula este miércoles. “Después ocurrió todo eso, con convocatoria en las redes sociales. La inteligencia no sirvió para avisarme que eso podría ocurrir”.

El presidente expresó la semana pasada su desconfianza sobre el personal heredado de la gestión anterior después del asalto a Brasilia y anunció una “revisión profunda”. Ha dispensado entre martes y miércoles 53 militares de su entorno.

Trece de los uniformados estaban adscritos al Gabinete de Seguridad Institucional del palacio presidencial, mientras que los otros 40 militares fueran apartados de sus funciones en la residencia presidencial, el Palacio de la Alvorada. “No puede permanecer aquí adentro alguien sospechoso de ser bolsonarista radical”, comentó Lula la semana pasada en un desayuno con periodistas. “¿Cómo puedo tener una persona afuera de mi oficina que pueda dispararme?”. Para Lula hubo complicidad interna.

Las investigaciones avanzan para determinar quién participó, organizó y financió la violenta invasión a los edificios de la Presidencia (Palacio de Planalto), el Congreso y la Corte Suprema. Más de 2.000 personas han sido detenidas desde entonces, de las cuales unas 1.500 continúan bajo custodia.

El Supremo Tribunal Federal informó este miércoles que se han realizado 1.459 audiencias. La Fiscalía General presentó cargos casi 50 personas bajo sospecha por los ataques. Augusto Aras, titular del despacho, prometió otras 200 nuevas acusaciones en las próximas dos semanas.

Este miércoles, el exministro de Justicia de Bolsonaro y también secretario de Seguridad del Distrito Federal en el momento de la asonada, Anderson Torres, permaneció en silencio al acudir a su primera audiencia ante la Policía Federal desde que se entregó a las autoridades el sábado, informó el portal de noticias G1. Torres, desvinculado del cargo capitalino tras los ataques, está detenido bajo sospecha de complicidad con la violencia, señalamiento que él niega.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro planea prolongar su estancia en Estados Unidos mientras avanzan las investigaciones contra quienes participaron en los ataques a las sedes de los tres poderes el 8 de enero, y en medio de reclamos para que sea extraditado y responda ante las autoridades por su papel en lo ocurrido.

Un grupo de empresarios de Sao Paulo que simpatiza con el expresidente se ha reunido en los últimos días para costear su estancia en Estados Unidos, a donde viajó el pasado 30 de diciembre, evitando así estar en Brasil durante el acto de toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La cuestión central es financiera, según aliados de Bolsonaro consultados por ‘Folha de Sao Paulo’, por ello se plantea la posibilidad de organizar una serie de conferencias --a 10.000 dólares cada una-- con empresarios estadounidenses, una de las cuales el expresidente se habría comprometido a impartir.

Existe una fuerte opacidad acerca de cómo se está pagando la estancia en Estados Unidos de Bolsonaro, quien se encuentra hospedado en la casa que el luchador de artes marciales mixtas José Aldo tiene en Orlando, en el estado de Florida.

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Su círculo cercano le ha recomendado abrir una cuenta en la sucursal que Banco de Brasil hay en Orlando para poder acceder así a los fondos que tiene en su país. Bolsonaro tiene ahora un salario mensual de unos 8.100 euros por haber sido diputado y militar retirado, si bien el Partido Liberal (PL) le ha prometido otro sueldo, que podría llegar hasta los 7.400 euros, pero con la condición que regrese.

La presencia de Bolsonaro no ha estado exenta de contratiempos --como cuando tuvo que ser ingresado por unos recurrentes dolores abdominales como consecuencia de un apuñalamiento cuando era candidato en 2018-- y polémica, después de que varios congresistas demócratas pidieran su salida al presidente Joe Biden.

La cuestión legal de su estancia también está en entredicho, ya que su condición como jefe de Estado finalizó dos días después de llegar a Estados Unidos. De pretender permanecer más tiempo debería solicitar un visado de negocios o trabajo temporal, o bien de turismo, que le daría otra prórroga de 90 días.

El exsecretario de Seguridad de Brasilia Anderson Torres se ha negado este miércoles a declarar ante la Policía Federal en el marco de la investigación en su contra por supuesta connivencia y omisión de funciones durante el asalto de la turba de seguidores de Jair Bolsonaro, a la sede de los tres poderes el 8 de enero.

El que fuera último ministro de Justicia de Bolsonaro ha asegurado que no tenía declaraciones que ofrecer y poco más de una hora después ha concluido la audiencia que se ha celebrado en las instalaciones de la Policía Militar en Guara, una de las regiones administrativas de Distrito Federal.

Torres, que permanece preso desde el sábado tras llegar a Brasil desde Estados Unidos, está siendo investigado por los delitos de terrorismo, golpe de Estado y organización criminal por los actos ocurridos en la Explanada de los Ministerios, de los cuales ya negó cualquier tipo de implicación ya fuera por acción u omisión.

“Lamento profundamente que se emitan hipótesis absurdas de cualquier tipo de connivencia por mi parte con las barbaridades a las que asistimos” y que en un caso de locura colectiva como esa hay que se buscar soluciones coherentes con la importancia de la democracia brasileña”, escribió por entonces en redes sociales.

Desde su entrada en prisión, Torres ha estado recibiendo tratamiento psicológico, según las fuentes a las que ha tenido acceso la prensa brasileña, se encuentra abatido y sin comprender por qué ha sido arrestado. Por los hechos ocurrido el pasado 8 de enero en la capital brasileña, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes decretó su arresto, en calidad de secretario de Seguridad de Distrito Federal, así como la destitución temporal del que era gobernador, Ibaneis Rocha.

Entre los más de 1.300 arrestados por los actos golpistas del pasado 8 de enero, en los que una turba de seguidores de Jair Bolsonaro asaltó las sedes de los tres poderes en Brasilia, hay al menos 45 que se fueron candidatos a cargos públicos durante las elecciones celebradas en la última década.

El Partido Social Liberal (PSL) y el Partido Liberal (PL), siglas bajo las que se presentó Bolsonaro a las presidenciales de 2018 y 2022, son las formaciones que más han albergado las candidaturas de los hoy detenidos por estos hechos violentos.

El PSL, que se fundió con Demócratas en 2022 creando así Unión Brasil, es la formación con mayor número de antiguos candidatos, con seis, habiendo participado en los comicios de 2018 y 2022 para ser concejales e incluso diputados federales. El PL, actual partido de Bolsonaro, le sigue con cuatro, empatado con Patriota.

De esos 45 candidatos, seis lo han sido en las últimas elecciones, todos sin éxito, con cifras irrisorias que apenas superaban en el mejor de los casos los 600 votos, siendo 2020 el año con mayor presencia de candidaturas entre los hoy detenidos, con 26.

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Todos ellos, no obstante, coinciden en haber hecho campaña utilizando las redes sociales para repetir los ataques a las instituciones de Bolsonaro, con especial fruición contra el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, una de las figuras destacadas de esta crisis política tras sus fallos contra los asaltantes.

Sin embargo, entre los pasados candidatos ahora presos por los ataques en la Explanada de los Ministerios hay algunos que en el pasado eran parte de la oposición a Bolsonaro, entre ellos uno del Partido Verde y al menos otros tres del Partido Socialista Brasileño (PSB), hoy dentro de las bases del Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva.

Los nombres de todas estas personas han sido recopilados por el diario ‘O Globo’ en base a la información de los detenidos divulgada por los servicios penitenciarios de Brasilia, cotejada con la del Tribunal Superior Electoral (TSE).

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha cesado este miércoles a otros treces miembros de las Fuerzas Armadas que actuaban en el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), una de las oficinas más cuestionadas tras los ataques golpistas del 8 de enero, por lo que son ya 53 los militares destituidos.

El martes, el presidente Lula reveló de nuevo la desconfianza que siente con una parte de las Fuerzas Armadas cesando a cuarenta militares que se desempeñaban en las labores de seguridad del Palacio de la Alvorada, la residencia oficial, después de que asegurara a los medios que estaba convencido de la “complicidad” de una parte de las fuerzas del orden durante el asalto.

Pocos días de los hechos violentos ocurrido en la Explanada de los Ministerios, Lula aseguró que las puertas del Palacio del Planalto se abrieron desde dentro y adelantó que no quedaría sin remover “ningún sospechoso de ser bolsonarista”.

En esta ocasión, cinco de los trece militares cesados desempeñaban funciones en el Escritorio de Representación en Río de Janeiro, mientras que otros siete lo hacían dentro de la Secretaría de Seguridad y Coordinación Presidencial, y uno más en la División Administrativa del GSI.

A pesar de la desconfianza mostrada estos últimos días por gran parte del Gobierno de Lula y del Partido de los Trabajadores (PT), el jefe de Casa Civil, Rui Costa, ha negado que los últimos ceses estén relacionados con estos recelos, ya que más bien son parte de una mera “rotación”.

“No tiene que ver con la desconfianza. Hasta en las áreas militares hemos cambiado militares, entonces es natural que en los otros asesores haya una rotación entre personas. En los cargos militares habrá cambios para dar oportunidad a otras personas que tienen la capacidad técnica para ejercer esos cargos”, ha dicho Costa.

“No es ninguna novedad, no tiene ningún misterio. ¿O es que alguien pensaba que al entrenar el nuevo gobierno iba a mantener a los asesores del anterior? No es razonable que eso fuera así”, ha argumentado ante la prensa, informa ‘O Globo’.

Costa, uno de los hombres más cercanos al presidente Lula, se ha dirigido personalmente al Ministerio de Defensa para verse con su titular, un también cuestionado José Múcio, y los tres jefes de las Fuerzas Armadas, para aproximar posturas después de los actos golpistas de hace diez días.

La propuesta del Gobierno de Lula es invertir en las Fuerzas Armadas a través de empresas tantos públicas como privadas para lograr una “modernización” pareja al de resto de naciones del mundo. Una iniciativa, ha explicado Costa, presente ya en campaña.

La Justicia Federal de Brasil ha ordenado este miércoles bloquear el patrimonio de 52 personas y siete empresas sospechosas de financiar el asalto del 8 de enero a la sede de los poderes del Estado por parte de una turba de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. Así, la Justicia brasileña ha dado ‘luz verde’ a esta decisión, solicitada por la Procuraduría General de la República y que tiene como fin último sufragar las reparaciones de los daños causados por los asaltantes, según recoge ‘O Globo’.

Entre los sancionados se encuentra Ademir Luis Graeff, empresario de Paraná --estado donde Bolsonaro contaba con un gran apoyo-- , y a quien se le ha bloqueado un coche de lujo para, con él, pagar los gastos ocasionados por los desperfectos en el Congreso, el Palacio del Planalto y el Tribunal Supremo.

Por otro lado, a un empresario de Santa Catarina también se le han bloqueado hasta cinco vehículos, mientras que a Gran Brasil Viagens e Turismo, una empresa dedicada al sector turístico de Minas Gerais, se la han bloqueado hasta siete autobuses. Los acusados de financiar la invasión de las sedes de los tres poderes del Estado tendrán ahora la posibilidad de defenderse durante un proceso judicial tras el que, si finalmente salen inocentes, podrán recuperar su patrimonio.

Esta decisión de la Justicia brasileña se da en el marco de la respuesta de las autoridades al asalto a los poderes del Estado que tuvo lugar el pasado 8 de enero, un episodio que recuerda al ocurrido en enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos y respecto al que ahora se trata de averiguar la vinculación que pudiera haber tenido el propio Bolsonaro.

Fuente: AFP/Europa Press.