El “estado de excepción” implementado en Honduras en diciembre para enfrentar a las pandillas fue ampliado por 45 días y extendido a más municipios ante los “buenos resultados”, informaron el sábado autoridades. “Ante buenos resultados, gobierno de la presidenta Xiomara Castro extiende por 45 días más el estado de excepción”, anunció en Twitter la Secretaría de Prensa de Honduras.
Castro impuso el pasado 6 de diciembre la medida para enfrentar a los pandilleros, principalmente de Barrio 18 y Mara Salvatrucha, que aterrorizan las barriadas pobres, desplegando a miles de policías para las operaciones de seguridad. El “estado de excepción” seguirá rigiendo en 89 barrios de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula, y se sumarán distritos de otros 73 municipios de Honduras, un país de 10 millones de habitantes.
“Diferentes patrullajes se llevan a cabo en diferentes zonas de la capital, todo con el objetivo de salvaguardar y evitar la comisión de faltas y delitos”, tuiteó por su lado la Policía Nacional de Honduras, al señalar que daba cumplimiento a la ampliación de la medida.
El “estado de excepción” fue aprobado por Castro “en virtud de la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados” y resolvió “suspender las garantías establecidas en la Constitución de la República”.
La orden faculta a los policías a “detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar, o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes”. La presidenta destacó en esa oportunidad que la ofensiva se enfoca sobre todo en combatir los extorsionistas, “una de las principales causas de la migración y del cierre de medianos y pequeños negocios”, especialmente los transportistas.
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En un informe presentado el primer día del año, la Secretaría de Seguridad señaló que Honduras cerró 2022 con una tasa de homicidios de 35,79 por cada 100.000 habitantes, la más baja en 16 años en uno de los países más violentos del mundo.
El informe, que atribuye la reducción a la implementación de “nuevas estrategias” de seguridad, indicó que 1.371 miembros de pandillas fueron capturados el año pasado, además de 307 bandas criminales desarticuladas dedicadas a la venta de droga, extorsión y otros delitos que inciden en la violencia criminal.
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Fuente: AFP
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El Salvador: movilizan a 6.000 efectivos para capturar pandilleros
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció ayer domingo que desplegó 6.000 militares y policías para cercar remanentes de pandillas en el norte del país tras la muerte de dos personas.
“En este momento 5.000 soldados y 1.000 policías han cercado los distritos de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador para desarticular esa clica por completo”, escribió el gobernante en X. Argumentó que hace unos días “hubo dos homicidios” en esa zona, unos 90 km al norte de San Salvador, donde se capturaron a “dos culpables”, miembros de la pandilla Barrio 18 Sureños.
“No nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas”, advirtió en la red social, en la cual publicó un video del impresionante despliegue de uniformados organizados en escuadras y dos detenidos hincados con las manos esposadas.
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“Limpiaremos por completo la zona, vamos a extraer hasta el último remanente de pandillas”, publicó también en X el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, al describir el despliegue al sur del departamento de Chalatenango.
El Salvador vive desde hace dos años bajo un estado de excepción ordenado por Bukele, que provocó la detención de casi 76.000 personas sin orden judicial, de los que más de 7.000 fueron liberados por ser inocentes.
A las pandillas, nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, el gobierno salvadoreño les atribuye unos 120.000 homicidios en casi tres décadas, superando los 75.000 muertos que dejaron doce años de guerra civil (1980-1992).
Tras el fin de la guerra, los salvadoreños empezaron a vivir bajo el terror de las pandillas MS-13 y su rival Barrio 18 con sus dos facciones Sureños y Revolucionarios, que juntas llegaron a sumar unos 100.000 miembros. Organismos de derechos humanos critican el régimen de excepción pues denuncian “detenciones arbitrarias”, “torturas” y “muertes” en prisión.
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Fuente: AFP
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Pandillas de criminales superan a la Policía de Haití
La violencia de los grupos armados no es nueva en Haití, pero las pandillas que hoy asolan el país se han profesionalizado y tienen mayor poder de fuego que la policía para llevar a cabo tráficos de todo tipo o secuestros extorsivos.
El viernes por la noche se produjeron disparos esporádicos en la capital, Puerto Príncipe, según constató un corresponsal de la AFP, mientras los habitantes de la ciudad buscaban desesperadamente refugio para escapar de la actual ola de violencia.
“Las pandillas son un fenómeno de larga data en Haití. Están vinculadas a una tradición de grupos armados no estatales que se remonta a los años 50, con el desarrollo de los ‘tonton macoutes’ del presidente François (Papá Doc) Duvalier”, explica la ONG Global Initiative against transnational organized crime en un informe publicado en febrero. Entre 1957 y 1986, el dictador “Papá Doc” y luego su hijo Jean-Claude Duvalier sometieron a la población al control total de esta milicia personal.
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A principios de la década de 2000, las “Quimeras”, partidarios armados del entonces presidente Jean Bertrand Aristide, sembraron el terror. Y hoy, “la influencia de los políticos y de los actores financieros en las actividades de las bandas es de carácter sistémico”, estiman los expertos de Naciones Unidas responsables del seguimiento de las sanciones contra los líderes de las bandas en su último informe de septiembre de 2023.
Unas 200 bandas profesionales
El documento de la ONU estima que en Haití operan 200 pandillas, grupos organizados que usan “armas de fuego sofisticadas” y se dedican al “tráfico de armas o drogas, extorsión, secuestro, asesinato, violencia sexual y desvío de camiones”. Unas 23 bandas operan en la capital y controlan el 80% del territorio.
Están agrupadas en dos coaliciones principales involucradas en guerras territoriales: la “Familia G9″, liderada por Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, y el G-Pèp.
Pero varios de sus líderes se han aliado para los ataques de los últimos días contra lugares estratégicos del país, exigiendo la renuncia del primer ministro Ariel Henry. “Unirse es la única manera de que las bandas tengan una influencia a gran escala en lo que ocurre ahora en el país y en el desarrollo del próximo gobierno”, explica a la AFP Robert Fatton, de la Universidad de Virginia, aunque duda de que esta alianza “oportunista” pueda mantenerse en el tiempo.
Potencia de fuego
La misión de paz de la ONU (Minustah), desplegada entre 2004 y 2017, logró algunos éxitos contra las pandillas, pero luego éstas consolidaron su poder, en número de armas y calibre. “Disponen de arsenales cada vez más sofisticados y su poder de fuego supera al de la policía”, señalan los expertos de la ONU.
Si bien las pistolas y los rifles semiautomáticos siguen siendo las armas más utilizadas, también cuentan con ametralladoras ligeras y balas de punta hueca.
Algunos han aumentado sus capacidades tácticas, reclutando a exsoldados o policías, y otros utilizan drones para identificar potenciales víctimas de secuestros o controlar el territorio.
Extorsión
Según Global Initiative, la extorsión es la principal fuente de ingresos de estas pandillas, que exigen dinero a las empresas a cambio de su protección y cobran “peajes” a los vehículos que circulan por las carreteras que controlan.
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Para salir o entrar en Puerto Príncipe, “uno debe estar dispuesto a pagar un impuesto criminal oficial o arriesga su vida”, dijo Ulrika Richardson, coordinadora humanitaria de la ONU en Haití.
El secuestro “se ha convertido en una industria que genera millones de dólares al año”, destaca Global Initiative.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, desde 2021 el país también ha experimentado un aumento en el tráfico de armas, provenientes principalmente de Estados Unidos.
Haití sigue siendo a su vez un territorio “de tránsito de drogas, fundamentalmente cocaína y cannabis”.
Fuente: AFP
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Acusan a 492 pandilleros de Mara Salvatrucha en primera audiencia
Un tribunal de El Salvador celebró ayer jueves una audiencia virtual de imposición de medidas contra 492 cabecillas de la temida Mara Salvatrucha (MS-13), acusados de miles de delitos, entre ellos más de 500 homicidios. La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró en la red social X que los líderes de la MS-13 están “vinculados a 37.402 delitos, cometidos entre 2012 y 2022″.
“A este corporativo se les está atribuyendo más de 500 homicidios, desaparición de personas, extorsiones, tráfico de armas, trata de personas”, dijo el subdirector fiscal contra la criminalidad, Max Muñoz, en un video difundido por la fiscalía. Muñoz aseguró que también se les acusa del “delito de rebelión en perjuicio del sistema democrático de El Salvador” por “haberse alzado en armas con el fin de controlar parte del territorio” salvadoreño, el 80 % según el gobierno.
Los pandilleros están señalados también de “cobrar impuestos, ejercer su propia justicia y tener un grupo armado para la consecución de tales fines”, agregó el fiscal. La audiencia se celebró cuatro días después de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, autoproclamara su reelección con un 85 % de los votos, gracias a su “guerra” contra las pandillas que redujo a su mínima expresión los homicidios.
“Mañana (viernes) conoceremos la resolución del juez”, dijo tras finalizar la jornada de este jueves el fiscal general, Rodolfo Delgado, en la red social X. Los cabecillas “sembraron el terror” por décadas y “pagarán por cada vida” segada, aseguró.
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“En un mismo saco”
El país vive desde hace dos años bajo un estado de excepción que provocó la detención de casi 76.000 personas sin orden judicial, de los que más de 7.000 fueron liberados por ser inocentes. Organismos de derechos humanos critican el régimen de excepción pues denuncian “detenciones arbitrarias”, “torturas” y “muertes” en prisión.
Para el coordinador de la ONG Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro, “los juicios colectivos dejan muchas dudas”, cuando lo pertinente sería “individualizar” responsabilidades. “Si se comprueba que son líderes y que han cometido delitos graves contra la población, me parece a mí que deben sufrir un juicio justo y que realmente los puedan condenar”, subrayó. Montenegro recordó que el problema de los juicios colectivos es que, en el marco del régimen de excepción, se detiene a personas inocentes sin orden judicial y “se mete en un mismo saco a todos”, sin derecho a tener un defensor.
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Los “ranfleros”
Para realizar la audiencia, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador estableció “conexión” por internet con 10 centros penales donde se encuentran recluidos los mareros, entre ellos la megacárcel que inauguró Bukele hace un año. El fiscal precisó que entre los procesados figuran 24 cabecillas de la “ranfla histórica” (máxima estructura), 215 ranfleros y 253 “corredores de programas” (responsables de varías células en una región). Muñoz explicó que de los 215 “ranfleros”, 166 se encuentran en presidios y 49 “en la libre”.
“Consta en las investigaciones que cada delito cometido por cada miembro de pandilla debía ser ordenado y avalado por los cabecillas”, aseguró la Fiscalía. Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, a las pandillas el gobierno les atribuye unos 120.000 homicidios en casi tres décadas, superando los 75.000 muertos que dejaron doce años de guerra civil (1980-1992).
Tras el fin de la guerra, los salvadoreños empezaron a vivir bajo el terror de las pandillas MS-13 y su rival Barrio 18 con sus dos facciones Sureños y Revolucionarios, que juntas llegaron a sumar unos 100.000 miembros. El submundo de las pandillas opera jerárquicamente y en “clicas” o “canchas” (células) que controlaban barrios donde imponían un implacable código para someter a los habitantes y extorsionar hasta a las vendedoras de tortillas.
Las pandillas tienen su propio lenguaje y en un inicio su distintivo eran los tatuajes en muchos casos de pies a cabeza, y los grafitis o “placazos” que colocaban en paredes o muros para marcar territorio. El gobierno borró la mayoría de esos símbolos.
Fuente: AFP.
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Salvadoreños van a las urnas en medio de abrumadora popularidad de Bukele
Los salvadoreños votan este domingo en unos comicios que se espera darán la reelección y un mayor poder al presidente Nayib Bukele, aplaudido por poner tras las rejas a las despiadadas pandillas con una “guerra” implacable que suspendió libertades civiles.
Bukele, expublicista de 42 años, tiene casi garantizado un segundo mandato de cinco años, con una abrumadora popularidad del 90 % y sin adversarios de peso, y podría incluso aniquilar a la oposición en el nuevo Congreso de 60 escaños, que ya controla cómodamente.
En una votación por primera vez bajo estado de excepción desde que acabó la guerra civil en 1992, unos 6,2 millones de salvadoreños, 740.000 de ellos en el exterior, están llamados a sufragar en una jornada de diez horas que cerrará a las 17:00 locales (23:00 GMT). Aliviados con la tranquilidad que llegó a sus barrios antes tomados por las violentas pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, los salvadoreños aplauden la política de “mano de hierro” de Bukele, aún a costa de conceder algunas libertades.
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“La seguridad ha mejorado, antes no cualquiera podía estar aquí. Espero que esto siga así y que mejore la situación de la economía”, declaró a la AFP Santos de Martínez, una ama de casa de 66 años, tras votar en La Campanera (noreste de la capital San Salvador), otrora bastión de la Barrio 18.
Tras un sangriento fin de semana con saldo de 87 muertos, Bukele impuso en marzo de 2022 un estado de excepción que suma casi 76.000 detenidos y redujo a mínimos históricos los asesinatos (oficialmente 2,4 por cada 100.000 habitantes en 2023) en el que antes fue el país con mayor índice de violencia criminal del mundo.
Pero organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión. Unas 7.000 personas inocentes fueron liberadas, pero muchos encarcelados quedaron sin poder comunicarse con sus familiares.
Rumbo a un “partido hegemónico”
Su poder es inmenso. Bukele, de ascendencia palestina y quien se burla de sus críticos que le llaman “dictador”, controla, además del Parlamento, la justicia, la Fiscalía y el resto del aparato estatal. Magistrados renovados por ese Congreso interpretaron la Constitución a su favor y, pese a estar prohibida la reelección, le permitieron postularse para un nuevo mandato, ante lo cual analistas y opositores aseguran que su candidatura es inconstitucional.
Hoy, la oposición está hecha pedazos. Sus cinco candidatos apenas aparecen en las encuestas, incluidos los del izquierdista Frente Farabundo Martí (FMLN), Manuel Flores, y de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Joel Sánchez. “Con otros cinco años, tendrá suficiente tiempo para consolidar una dinámica de partido hegemónico”, comentó el politólogo Álvaro Artiga, de la Universidad Centroamericana (UCA).
Muy seguro de su reelección, el presidente más popular de América Latina, según una encuesta regional, ni siquiera ha pedido el voto para él. Avivando el miedo a que vuelvan las pandillas, pidió votar por su partido Nuevas Ideas y no perder uno solo de los 56 escaños que tiene en la legislatura saliente de 84 diputados, para no poner en “riesgo la guerra contra las pandillas”.
La batalla económica
Este milenial asiduo en las redes sociales, que viste de pantalones vaqueros y jersey, de barba recortada y pelo engominado, llegó al poder en 2019 con 53 % de los votos prometiendo un cambio a una población harta del bipartidismo Arena-FMLN que no resolvió los problemas de inseguridad y pobreza.
“Después de la seguridad, ahora nos preocupa el alto costo de la vida, ese es el gran desafío”, declaró a la AFP el expresidente del Banco Central, Carlos Acevedo. Un 29 % de los 6,5 millones de salvadoreños que viven en el país son pobres, según la CEPAL, y muchos siguen emigrando a Estados Unidos en busca de trabajo. Unos 3 millones viven en el exterior y envían remesas por 8.000 millones de dólares anuales, vitales para la población local.
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“Aparte de la seguridad, me gustaría que incrementaran el aspecto educativo. Es bastante importante, en especial para la juventud que espera mejores oportunidades”, manifestó Isabel Argueta, de 20 años, en el centro de sufragio de la capitalina avenida Olímpica, donde votará Bukele.
Aún con todo y su popularidad, el presidente no logró que los salvadoreños usaran el bitcoin que en 2021 impuso como moneda de curso legal en una economía dolarizada, según él, para dinamizarla. Con entre cinco y siete millones de seguidores en las redes X, TikTok, Instagram y Facebook, Bukele, casado con la psicóloga Gabriela Rodríguez y padre de dos niñas, promociona también megaproyectos y el turismo en “el país más seguro de América Latina”.
Fuente: AFP