Un fiscal en Bolivia pidió el jueves seis meses de prisión preventiva para el gobernador del departamento de Santa Cruz y líder opositor Luis Fernando Camacho, acusado de “terrorismo” en un caso relacionado con la salida del expresidente izquierdista Evo Morales en 2019.
“La medida cautelar que [se] ha solicitado es la detención preventiva por un periodo de seis meses”, a cumplir en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, dijo en rueda de prensa el fiscal asignado al caso, Omar Mejillones, tras el arresto de Camacho el miércoles. El gobernador de Santa Cruz (región este), líder de la tercera fuerza política en el Parlamento (detrás del gobernante Movimiento al Socialismo, el izquierdista MAS, y el centrista Comunidad Ciudadana), fue detenido el miércoles por la policía, que cumplió órdenes de la Fiscalía.
La Fiscalía explicó que su detención se debe a la causa abierta contra Camacho por su participación en el caso denominado “golpe de Estado” contra Morales (2006-2019). Un juez debe resolver en las próximas horas el encarcelamiento temporal del gobernador opositor.
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“Cárcel de la dictadura”
Camacho, quien gobierna la región más poblada y próspera de Bolivia, fue detenido en una calle de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, principal centro industrial de Bolivia, y luego fue trasladado a La Paz para comparecer ante el fiscal Mejillones. Sin embargo, se acogió a su derecho al silencio. “No tengo miedo a la cárcel de la dictadura”, aseveró este jueves por la madrugada el gobernador en su cuenta de la red Twitter.
Y en otra publicación en esa plataforma agregó: “Hoy fui secuestrado por la justicia del MAS. Mi única culpa es haber defendido la democracia y junto a todo un pueblo unido haber frenado el fraude”. El Comité Cívico de Santa Cruz, un poderoso conglomerado civil-empresarial, convocó este jueves a la población a cumplir una “huelga” de 24 horas este viernes 30.
La región llama “huelga” a los cortes de calles y avenidas en la ciudad de Santa Cruz, de casi 2 millones de habitantes. La primeras protestas se registraron el mismo miércoles en Santa Cruz, con la ocupación de opositores de dos aeropuertos: el internacional de Viru Viru y el doméstico de El Trompillo que obligaron a la suspensión temporal de vuelos.
Los manifestantes intentaron evitar el traslado vía aérea de Camacho a La Paz. Posteriormente, manifestantes incendiaron las oficinas de la Fiscalía local, algunas dependencias del gobierno y el domicilio del ministro de Obras Públicas en protesta por la detención. También se produjeron choques con la policía que no dejaron heridos.
Apoyos y rechazos
Los exjefes de Estado bolivianos Jeanine Áñez (2019-2020) y Jorge Quiroga (2001-2002), del mismo bando político de Camacho, así como Carlos Mesa (2014-2018), condenaron la detención del gobernador. Áñez también fue acusada de los mismos cargos que Camacho y sentenciada a 10 años de prisión en junio.
El expresidente Morales afirmó por separado que “finalmente después de 3 años, Luis Fernando Camacho responderá por el golpe de Estado que derivó en robos, persecuciones, detenciones y masacres del gobierno de facto”. Camacho fue clave en impulsar la salida de Morales de la presidencia en 2019, tras 14 años en el poder.
Ha negado en reiteradas ocasiones haber fomentado un golpe de Estado y prefiere hablar de una rebelión popular contra Evo Morales, a quien acusa de haber amañado las elecciones presidenciales de 2019 para mantenerse en el poder.
La misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó que hubo “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” en los comicios de 2019 en Bolivia, y señaló la imposibilidad de validar los resultados. El reelecto presidente Morales renunció en medio de una convulsión social luego de que las Fuerzas Armadas le urgieran a dejar el poder.
Fuente: AFP.