El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas.

La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema. Presentado como una “primera etapa”, este esperado informe “documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables”, indicó la Comisión el viernes.

En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.400 millones de católicos, pidió un informe a esta comisión para tener información “fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar”. Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.

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La instancia fue integrada en 2022 en la Curia, pero ha sido objeto de duras críticas. “Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo”, indicó en el informe el presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley.

Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a “la verdad”. La Iglesia debe “estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información”, en particular “sobre las circunstancias y responsabilidades”, indicó el órgano.

La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis. Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una “definición más uniforme de la vulnerabilidad” extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.

En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que “la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión”. “Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti”, lamentó.

La comisión también considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad. El informe indica que el proceso debe realizarse “cuando esté justificado”, pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.

Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación. En África, por ejemplo, la comisión constató que “la cultura de la protección es un concepto nuevo”, que requiere “sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias”.

En México, en cambio, “importantes barreras culturales” se interponen al imperativo de denunciar la violencia sexual y, por tanto, “constituyen un claro obstáculo al proceso de justicia”. Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra la lacra de las violencias sexuales.

Entre ellas la eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.

Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.

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“Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo”, dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Según ella, cualquier cura “acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público”.

Otra prioridad sería, afirma, “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual”. “La responsabilidad empieza por divulgar la información”, agregó, considerando que “el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia”.

Fuente: AFP

La Pontificia Comisión para la Protección de los Menores del Vaticano presentará este martes su primer informe anual sobre el impacto de las políticas y procedimientos de prevención de abusos en la Iglesia, en el que se identificarán aquellas medidas que han resultado triunfantes en la estrategia de salvaguardia de menores y adultos vulnerables en los espacios eclesiásticos, pero se pondrán en evidencia también las lagunas que deja el sistema.

Según anunció este departamento del Vaticano, este informe será presentado por el presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, el cardenal Seán Patrick O’Malley; el miembro de la Comisión y presidenta del Informe Anual, Maud De Boer Buquicchio; el secretario de la Comisión, el obispo Luis Manuel Alí Herrera, y la secretaria adjunta de la Comisión, Teresa Kettelkamp.

“Nuestro objetivo es elaborar un informe anual con un compromiso de transparencia y rendición de cuentas, en solidaridad con las víctimas y los supervivientes de todo el mundo”, señaló O’Malley.

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El departamento del Vaticano definió la publicación de este informe como el primer paso de un proceso de recopilación de datos y elaboración de informes dentro de la Iglesia católica, que comenzó por una petición expresa del papa formulada en abril de 2022. En este sentido, su publicación se enmarca en la voluntad de Francisco de adoptar prácticas más transparentes en los procesos de rendición de cuentas.

La responsable última del informe, De Boer-Buquicchio, nombrada en 2021, trabajó en varias organizaciones internacionales como secretaria general adjunta del Consejo de Europa de 2002 a 2012, y como relatora especial de la ONU sobre la explotación sexual de los niños de 2014 a 2020.

Sobre el informe comentó cómo en su elaboración han podido explorar “muchas de las preocupaciones sobre la falta de datos disponibles”. “El informe anual es una herramienta para promover un cambio de mentalidad en la Iglesia que adopte la responsabilidad y la transparencia”, añadió. “El informe anual es una herramienta para promover este proceso de conversión pastoral”, valoró.

El también miembro de la comisión Benyam Dawit Mezmur, profesor de Derecho en la Universidad de Western Cape en Ciudad del Cabo, Sudáfrica y miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU durante los últimos 12 años, destacó por su parte que una revisión de la Santa Sede realizada en 2013 por la comisión de la ONU reveló varias cuestiones críticas.

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En ese sentido indicó “la necesidad de contar con una base de información sólida, la importancia de tener buenas prácticas y el papel que las intervenciones a nivel local pueden desempeñar realmente para prevenir, pero también para abordar los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia”.

“El Informe anual piloto contribuye realmente de forma significativa a abordar algunas de estas cuestiones”, afirmó a este respecto el profesor Mezmur. “Será un proceso, y ese proceso de información contribuirá inevitablemente de forma significativa a proporcionar intervenciones que puedan reproducirse en diferentes partes del mundo con vistas a prevenir y abordar la violencia sexual y los abusos sexuales en el seno de la Iglesia”, concluyó.

Fuente: Europa Press

Este viernes, desde el Ministerio de Justicia informaron que el estado de salud de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, es estable. El paciente está internado en el Hospital de Ciudad del Este y recibió una transfusión por un sangrado estomacal que presentó tras una cirugía bariátrica.

Según el ministro Rodrigo Nicora, el recluso, que fue trasladado recientemente al penal de máxima seguridad en Minga Guazú, estaba en estado grave y recibió asistencia dentro del centro de reclusión, pero necesitaba sedación. Se tomó la decisión de que fuera llevado al hospital.

“La realidad es que su estado de salud en las últimas horas, antes de ser trasladado, se estaba deteriorando porque tenía glóbulos rojos bajos. Estaba con signos vitales bajos y solicitamos apoyo del Ministerio de Salud. Un equipo se constituyó en la penitenciaría y constataron que esta persona necesitaba una asistencia más especializada”, dijo Nicora, en la 650 AM.

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Resaltó que tras un estudio, lo que requería era realizarse una endoscopía y que para eso se necesitaba de una sedación, procedimiento que era imposible realizarlo dentro del centro penitenciario. La primera medida era llevarlo hasta el Hospital de Ciudad del Este.

“Tiene un sangrado en el estómago, producto de una operación bariátrica que se había hecho tiempo atrás. Necesitaba una endoscopía, necesitaba una anestesia general. Entonces, coordinamos con las fuerzas públicas y fue trasladado a CDE para su atención”, confirmó.

Agregó que los médicos informaron que Tío Rico recibió dos volúmenes de transfusión sanguínea. “Está estable, se encuentra con la medicación necesaria. En el transcurso del día, me van a ir informando cuándo van a hacer el procedimiento de fondo, para posteriormente, una vez restituida toda su salud, llevarlo de vuelta a la penitenciaría”, puntualizó.

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El papa Francisco anunció este domingo la creación de 21 nuevos cardenales en todo el mundo, cinco latinoamericanos, que serán nombrados durante un consistorio el próximo 8 de diciembre. “Me complace anunciarles que el 8 de diciembre celebraré un consistorio para el nombramiento de nuevos cardenales”, declaró el Papa durante el rezo semanal del Ángelus. “Su procedencia expresa la universalidad de la Iglesia y (...) manifiesta el vínculo inseparable entre la Sede de Pedro y las Iglesias particulares esparcidas por el mundo”, añadió el pontífice, de 87 años.

Los cinco latinoamericanos son el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, el de Santiago del Estero y primado de Argentina, Vicente Bokalic, el de Guayaquil, Luis Gerardo Cabrera Herrera, el de Santiago de Chile, Fernando Chomalí, y el de Porto Alegre (Brasil), Jaime Spengler. Castillo, considerado progresista, fue nombrado arzobispo de Lima en 2019 por el papa Francisco en 2019 en reemplazo del ultraconservador cardenal Juan Luis Cipriani. Es discípulo de sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, fundador de la Teología de la Liberación.

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Bokalic, hijo de padres eslovenos emigrados a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, fue nombrado obispo de Santiago del Estero en 2013 por el papa Francisco, que el pasado mes de julio elevó esa diócesis a sede primada de Argentina y a él le otorgó el rango de primado. Por su parte, Cabrera es arzobispo de Guayaquil desde 2015 y previamente fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Chomalí es arzobispo de Santiago de Chile desde 2023, tras ejercer desde 2011 como arzobispo de Concepción. Spengler está al frente del arzobispado de Porto Alegre desde 2013.

Italia se llevará la mayor parte con cuatro nuevos cardenales, aunque sólo tres podrán votar en las elecciones por el sucesor de Francisco, ya que el cuarto ya ha superado el límite de edad para poder votar por el Papa. Los demás provienen de países tan diversos como Indonesia, Japón, Serbia, Canadá, Filipinas, India, Bélgica o Ucrania. Este último, Mykola Bychok, nacido en Ternópil (oeste de Ucrania), actualmente arzobispo de Melbourne (Australia), será el más joven de los nuevos cardenales, con 44 años.

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Fuente: AFP.