Las autoridades de Irán han afirmado este martes que un total de 400 personas han sido condenadas por su participación en las protestas que se suceden desde hace cerca de tres meses por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo.

El fiscal general de la provincia de Teherán, Alí al Qasimehr, ha indicado que 160 personas han sido sentenciadas a penas de entre cinco y diez años de cárcel, mientras que otras 80 han sido condenadas a penas de entre dos y cinco años de prisión.

Asimismo, ha detallado que otras 160 personas han recibido penas de hasta dos años, mientras que 70 han sido multadas por su papel en “disturbios”, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim. Diversas ONG han denunciado la detención de miles de personas en el marco de las protestas.

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Hasta la fecha, las autoridades iraníes han ejecutado a dos personas condenadas por su papel en las movilizaciones, desatando las críticas de la comunidad internacional, que ha reclamado a Teherán que conmute estas penas y ponga fin a la represión de las manifestaciones.

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó recientemente que más de 300 personas han muerto desde el inicio de las protestas, en el que supuso el primer balance oficial desde el inicio de las movilizaciones por la muerte de Amini, miembro de la minoría kurda iraní. La cifra es inferior a la facilitada por la ONG, que apunta a más de 400 muertos a causa de la represión por parte de las fuerzas de seguridad.

Condenado a muerte

Irán ejecutó públicamente el lunes a un segundo condenado por su participación en las protestas que sacuden el país desde septiembre, pese a la indignación internacional por aplicar la pena capital a los implicados en las manifestaciones.

Majidreza Rahnavard, de 23 años, condenado a muerte por un tribunal de la ciudad de Mashhad (noreste) por matar a dos miembros de las fuerzas de seguridad y herir a cuatro personas, fue ahorcado en público y no dentro de la prisión, informó Mizan Online, la agencia de información de la judicatura.

Se trata de la segunda ejecución relacionada con las protestas y la primera pública en el contexto de las protestas desencadenadas por la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años que murió tras ser detenida por la policía de la moral por infringir el estricto código de vestimenta de la República Islámica.

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Mizan Online publicó imágenes de la ejecución de Rahnavard, registradas probablemente antes de la madrugada, en las que se ve a un hombre con las manos atadas a la espalda colgando de una cuerda atada a una grúa. “Sin debido proceso. Juicios ficticios. Así es como quieren detener las protestas en todo el país”, dijo Omid Memarian, analista sobre Irán de la organización Democracy for the Arab World Now (DAWIN).

El medio en línea 1500tasvir aseguró que la familia no había sido informada de la ejecución hasta después de ser llevada a cabo. La web publicó imágenes de un último encuentro con su madre, que se fue sin saber que su hijo estaba a punto de ser ahorcado.

Sanciones y condena internacional

La condena internacional no se hizo esperar. La última ejecución se ha producido en circunstancias “particularmente crueles”, denunció el secretario general de la ONU Antonio Guterres, citado por su portavoz. Estados Unidos estimó que la aplicación de penas de muerte demuestra que el régimen de la República Islámica teme a su pueblo.

“Estas sentencias duras, y ahora la primera ejecución pública (por las manifestaciones) están destinadas a intimidar al pueblo de Irán, están destinadas a suprimir la disidencia y sencillamente demuestran lo mucho que los dirigentes iraníes tienen miedo de su propio pueblo”, declaró a la prensa el portavoz del departamento de Estado, Ned Price.

Por su parte, la Unión Europea anunció el lunes nuevas sanciones contra un alto dignatario religioso, 15 altos cargos militares y responsables de la radiotelevisión iraní, prohibiéndoles asimismo la entrada en el espacio europeo. “Estamos apuntando a los responsables de la continua represión contra los manifestantes”, dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

Desde su fundación en 1979, la República Islámica se ha visto sacudida por varias olas de protesta, pero esta crisis no tiene precedentes, ni por su duración, ni por el hecho de que ocurre en varias provincias, implica a diferentes grupos étnicos y clases sociales e incluye llamamientos directos al fin del régimen.

El poder judicial iraní asegura que hasta ahora ha dictado 11 condenas a muerte en relación con las protestas, calificadas por las autoridades de “disturbios”. Pero los activistas afirman que otra docena de personas se enfrentan a cargos que conllevan la pena capital. Múltiples oenegés advirtieron el domingo de que varios iraníes condenados a muerte podían ser ejecutados de forma inminente, entre ellos, Mahan Sadrat y Sahand Nourmohammadzadeh.

“Más ira y más odio”

La semana pasada, Estados Unidos, varios países de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido condenaron la ejecución de Shekari. Teherán se adelantó a estas medidas punitivas europeas imponiendo a su vez sanciones contra altos responsables británicos y alemanes.

“Estas ejecuciones públicas son un intento descarado de intimidar a la gente”, dijo la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock. La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU dijo estar conmocionada tras ser informada de esta nueva ejecución.

Antes del anuncio de la segunda ejecución, el oscarizado director iraní Asghar Farhadi pidió en Instagram a las autoridades poner fin a estas muertes: “Matar y ejecutar a jóvenes sin defensa y a oprimidos sólo les traerá más ira y más odio”.

Fuente: Europa Press/AFP.

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