La Fiscalía de Perú pidió el viernes 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión por su fallido intento de disolver el Congreso y “perpetrar un golpe de estado” en diciembre de 2022. “Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública”, informó la fiscalía a través de la red social X (antes Twitter).

“El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de estado el pasado 7 de diciembre de 2022″, según el requerimiento presentado a la justicia por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. El documento fue entregado al juez encargado del caso, Juan Carlos Checkley, quien deberá en las próximas semanas revisar los fundamentos de la acusación.

Castillo, un izquierdista de 54 años, cumple prisión preventiva hasta diciembre de 2025 en una cárcel para exmandatarios. El 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó un mensaje al país anunciando la disolución del Congreso y la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Tras su fracasada maniobra contra el Legislativo, Castillo fue destituido y llevado el 7 de diciembre al penal Barbadillo, una minicárcel para presidentes dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.

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Castillo ha defendido su inocencia. “Nunca me levanté en armas”, ha alegado Castillo en audiencias ante magistrados indicando que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque sus órdenes no fueron acatadas por las fuerzas armadas. El expresidente (2021-2022) reiteró su versión de que fue removido del cargo en el marco de una supuesta conspiración política entre el Congreso derechista y la fiscalía, que lo investigaba por presunta corrupción.

El expresidente peruano, quien había sido elegido en 2021 para gobernar hasta 2026, fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigían su renuncia, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones a 2023.

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Fuente: AFP

Ciudad del Este. Agencia Regional.

Una dotación policial con efectivos de la montada, carros hidrantes y uso de gases lacrimógenos, procedió al desalojo de tres viviendas en el barrio Che La Reina de Ciudad del Este. Unos 500 policías intervinieron en el procedimiento.

Para llegar a las tres casas que tenían orden de desalojo, se produjo una violenta incursión policial ante el enfrentamiento con los grupos de vecinos que buscaron repeler con cascotes, piedras y otros objetos como bombas molotov, a los agentes, según el reporte policial.

Los gases afectaron también a pobladores cuyas casas están en el mismo barrio, donde existe el conflicto desde hace décadas, a raíz de la no solución de la Finca 66, que tiene un área expropiada a favor de la comuna de Ciudad del Este, pero también títulos de propiedad a favor de particulares.

Muchos de los afectados están en el lugar hace unos 15 años, aproximadamente, resistiendo varios intentos de desalojo en causas judiciales de quienes reivindican los inmuebles como suyos y consiguieron las órdenes para eso. No se trata de asentamiento precario, sino de casas que a lo largo de los años fueron construyéndose en el lugar, incluso con salones comerciales.

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Uno de los casos de hoy tiene que ver con la causa de Mario Brignardello Fernández contra Edgardo Gabriel Marcos Pimentel, en el Lote 6 de la manzana 18, Fracción Colina del Paraná, según el expediente que ya data del año 2015. “Le sacan a su hijo o le sacamos nosotros”, dijo el oficial de justicia al leer el mandamiento judicial a los ocupantes de la propiedad.

El comisario Blas Vera, jefe de la Policía de Alto Paraná, dijo que fueron cumplidos con los tres desalojos previstos y consideró “normal la intervención policial de hoy”. Indicó que tres agentes fueron heridos con objetos contundentes.

En el sector de los pobladores hubo varios heridos con balines de goma en plena batalla campal. En medio de la intervención y represión policial en el barrio, hubo moradores que denunciaron el ingreso a casas que no tenían nada que ver con el conflicto, echando portones e hiriendo a civiles. Los policías estaban detrás de vecinos que buscaron resguardo en viviendas ajenas.

Una mujer denunció que su padre resultó herido y fue derivado a un centro médico, según relató a La Nación/Nación Media, uno de los activistas del barrio. También una mujer habría sufrido un infarto en medio del desalojo, pero no fue confirmado aún.

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Un niño fue afectado por gases lacrimógenos durante la manifestación iniciada anoche por seguidores de Paraguayo Cubas. El agente fiscal Irán Suárez, que se encontraba en el lugar, lo tomó en brazos y corrió con él para sacarlo del medio de la turba, que no dejaba pasar a los buses por la zona.

Ocurrió anoche, cuando la madre y el pequeño se trasladaban de la zona del Chaco hacia Luque, para una atención médica, ya que el pequeño está enfermo.

“Nos alegra mucho saber que esta mañana el pequeño ya fue dado de alta, pudimos tener comunicación con la mamá después de mucho buscarla. Afortunadamente, el niño ya se encuentra en buen estado de salud, ya salió del Hospital General de Luque”, indicó el fiscal Suárez a GEN/Nación Media.

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Suárez relató que tanto el pequeño como su madre estaban viniendo en una unidad del transporte público con la intención de llegar a la ciudad de Luque, pero debido a la manifestación, el ómnibus quedó varado.

La turba no daba paso a nadie, se le comunicó la situación de salud del pequeño, que debía llegar al hospital, pero sin éxito. En ese ínterin fue que los gases lacrimógenos descompensaron al pequeño y el fiscal debió asistirlo a pie.

“El bebé ya estaba con problemas de salud, la mamá pidió en varias oportunidades que le dejen pasar, hasta que en un momento dado el niño fue afectado por el gas lacrimógeno, atendiendo a los enfrentamientos. La mamá salió corriendo y llegó hasta donde estábamos, en una situación desesperada, lo alcé en brazos y corrí unos 200 metros donde encontramos una ambulancia con la que pudieron pasar el puente y llegar al hospital”, añadió el agente fiscal.

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El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Perú ha impuesto una sanción disciplinaria de limitación de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo con el exterior, después de que publicara en enero una carta en la red social Twitter en la que aseguraba ser “prisionero político” del Gobierno de Dina Boluarte.

El INPE ha señalado que el 26 de enero de 2023 inició un procedimiento administrativo disciplinario a Castillo “por la comisión de una presunta falta disciplinaria”. “Culminado el proceso administrativo disciplinario, el Consejo Técnico Penitenciario del establecimiento penitenciario de Barbadillo -donde se encuentra recluido- determinó se disponga la sanción disciplinaria de limitación de las comunicaciones con el exterior, por el periodo de 15 días”, reza un comunicado.

El organismo ha especificado que esta medida implica la restricción de las visitas de familiares y amistades durante el periodo antes señalado, aunque “no impide el ingreso de sus abogados en ejercicio de su derecho a la defensa ni su participación en audiencias jurisdiccionales”. Además, el expresidente tiene otro proceso administrativo disciplinario en su contra, anunciado en febrero, después de que brindase desde prisión una entrevista a un medio español.

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Castillo publicó una carta en la que se consideraba prisionero político de la actual mandataria, la que fuera su vicepresidenta durante su mandato, y la responsabilizó de las muertes de los manifestantes en las protestas antigubernamentales que se sucedieron durante semanas en el país, exigiendo la liberación del expresidente, elecciones adelantas y el cese de Boluarte.

Pedro Castillo se encuentra interno en la cárcel de Barbadillo, a las afueras de Lima, desde el pasado 17 de diciembre, después de que el Poder Judicial dictaminara prisión preventiva tras el anuncio realizado el 7 de diciembre de la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.

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Fuente: Europa Press.