La fiscal de la Nación de Perú presentó este martes una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por el delito de organización criminal en un documento entregado al Congreso, una acción que puede llevar a la suspensión en el cargo del mandatario izquierdista.

“Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder”, señaló Patricia Benavides en un documento difundido en la cuenta Twitter de la institución.

La denuncia incluye a dos exministros acusados de tráfico de influencias: Juan Silva, extitular de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, extitular de Vivienda, a quienes se sindica como parte de la organización que supuestamente dirige Castillo desde la presidencia.

“Se han hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”, informó Benavides en redes sociales.

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“Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, agregó. El Congreso deberá debatir en los próximos días la denuncia que puede conllevar la suspensión de Castillo, para lo cual necesita 66 de los 130 votos de la cámara.

El futuro del mandatario se torna sombrío, ya que la alianza de izquierda que lo apoya en el Congreso solo cuenta con un tercio de los escaños, insuficiente para frenar la suspensión, que conlleva la separación del cargo hasta el final del mandato, en julio de 2026, aunque mantendrá la inmunidad, una figura que no evita que pueda ser investigado.

Castillo acumula seis indagaciones en su contra desde que asumió el poder hace 15 meses. No hay antecedentes de que la Fiscalía haya denunciado a un presidente de Perú en ejercicio.

Desde su llegada al poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la Fiscalía y el asedio de un Congreso, dominado por la derecha, que exige su renuncia e intentó en dos ocasiones destituirlo.

“El día de hoy en horas de la mañana se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú, un golpe de Estado con libretos creados utilizando al Ministerio Público políticamente y (para) hacer creer al país que mi persona lidera una red criminal”, denunció el presidente la noche de martes, en su primera reacción ante la denuncia.

Pero “nos vamos a mantener firmes a pesar de esta persecución política”, agregó en la rueda de prensa. “Están fundamentando una acusación que jamás hemos cometido”, afirmó. La denuncia se presentó el mismo día en el que la Fiscalía allanó la vivienda de una hermana de Castillo en busca de un sobrino suyo, a quien acusan de pertenecer la presunta banda criminal liderada por el mandatario.

En el operativo se registraron también las casas de doce investigados más en la misma causa. “El Ministerio Público garantiza en todo momento los derechos e integridad física de las personas que se encuentran en los domicilios allanados hoy con autorización del Poder Judicial”, aseguró la Fiscalía en Twitter.

El presidente protestó tras conocer la operación en la vivienda de su hermana, situada en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, en la que se buscaba a su sobrino Gian Marco Castillo Gómez. El gobernante alegó que su madre se recupera en esa vivienda de una intervención quirúrgica, y acusó a la Fiscalía de perjudicar su salud.

“La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”, tuiteó. Su madre fue trasladada en una ambulancia a un hospital tras sufrir una descompensación, según medios.

La operación incluyó la detención preliminar por 10 días de cinco exasesores gubernamentales de segunda línea. Entre las viviendas y oficinas allanadas figuran las de seis congresistas opositores, supuestamente coludidos con el gobierno.

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La tesis de la Fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político. Una cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, de 26 años, cumple 30 meses de prisión preventiva desde el 29 de agosto por supuestamente integrar dicha red.

La primera dama, Lilia Paredes, y dos de sus hermanos, Walter y David, también son investigados y afrontan un pedido para prohibirles salir del país por tres años. El presidente, maestro rural igual que su esposa, niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.

Fuente: AFP.