La fiscal general del estado de Nueva York presentó el miércoles una demanda civil contra Donald Trump y tres de sus hijos en la investigación sobre las prácticas fiscales de su empresa, la Organización Trump, reforzando la presión de la justicia sobre el expresidente estadounidense.

Letitia James, una funcionaria electa demócrata, ha indicado que busca 250 millones de dólares en reparaciones en nombre del estado de Nueva York, así como la prohibición de dirigir empresas para Donald Trump y sus hijos Donald Trump Jr, Ivanka Trump y Eric Trump.

El multimillonario republicano, de 76 años, también está siendo investigado por su papel en el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, así como por sus intentos de anular las elecciones presidenciales de 2020 y su manejo de documentos clasificados, lo que llevó recientemente al FBI a allanar su residencia en Mar-a-Lago, Florida.

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Sus abogados han tratado de bloquear el acceso del gobierno a esos archivos, solicitando que un árbitro independiente clasifique los documentos para determinar si alguno cae bajo privilegios legales especiales. Una jueza federal se puso del lado de Trump y permitió el nombramiento de un llamado maestro especial, aunque el gobierno apeló su decisión de bloquear el acceso a esos documentos marcados como clasificados.

Un panel de apelación de tres jueces, dos de los cuales fueron nominados por Trump, acordó el miércoles que el gobierno debe recuperar el acceso a los documentos clasificados. El 45º presidente de Estados Unidos (2017-2021), que evalúa volver a postularse en 2024, aún no ha sido procesado penalmente en ninguno de estos casos.

La demanda de la fiscalía de Nueva York, presentada en la Corte Suprema del estado, “demuestra que Donald Trump infló falsamente el patrimonio neto (de sus activos) en miles de millones de dólares para enriquecerse injustamente y engañar al sistema, así como a todos nosotros”, aseguró James.

Según ella, el valor de los activos ha sido “manipulado repetida y persistentemente” para “animar a los bancos a prestar dinero a la Organización Trump en términos más favorables”, “pagar menos impuestos” o incluso “para inducir a las compañías de seguros a brindar cobertura de seguros para límites más altos y a primas más bajas”.

“En resumen, mintió para obtener enormes beneficios financieros”, señaló. En su red social Truth Social, el expresidente denunció “una nueva caza de brujas”, acusando a James de persecución política. “Letitia James es la fiscal más corrupta de la historia de Estados Unidos”, añadió su hijo Eric Trump, procesado como vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump.

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“¡Una historia de dos sistemas de justicia: sí, en la que los delincuentes quedan libres y los demócratas solo persiguen a sus oponentes políticos!”, escribió por su parte la vocera de Trump Liz Harrington en Truth Social. Campos de golf, la Torre Trump en Nueva York, la residencia Mar-a-Lago en Palm Beach: el equipo de James enumeró los contenciosos en una demanda de 222 páginas, que también apunta al exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, y a su controlador financiero, Jeffrey McConney.

De su lado, Weisselberg ya se declaró culpable ante el fiscal de distrito de Manhattan de 15 cargos de fraude y evasión de impuestos que involucraron 1.760 millones de dólares en ingresos no declarados entre 2005 y 2021. La Organización Trump será juzgada por estos hechos en un proceso que comienza el 24 de octubre.

James dijo que su oficina, que carece de autoridad para presentar cargos penales, envió el expediente al sistema de justicia penal, así como a los servicios de impuestos estadounidenses (IRS). “El crimen financiero de cuello blanco no es un crimen sin víctimas”, dijo la fiscal. “Cuando las personas con conexiones infringen la ley para recibir más dinero del que tienen derecho se reducen los recursos disponibles para los trabajadores, la gente común, las pequeñas empresas y todos los contribuyentes”.

La demanda de James pide la “prohibición” para Donald Trump o la Organización Trump “de participar en cualquier adquisición de bienes raíces comerciales en el estado de Nueva York o solicitar préstamos de cualquier institución financiera”, indicó. Las autoridades de Nueva York han estado investigando a Trump y su negocio familiar desde 2018, cuando el fiscal de distrito de Manhattan abrió una pesquisa sobre el entonces presidente.

La investigación civil de James comenzó el año siguiente, después de que un exabogado de Trump, Michael Cohen, diera testimonio que indicaba que la empresa había incurrido en prácticas indebidas. “El señor Trump pensó que podía salirse con la suya con el arte del robo, pero hoy esa conducta termina”, dijo James en alusión al libro de Trump “El arte de negociar”.

Fuente: AFP.