Ciudad del Este. Agencia Regional.

El fiscal Fidel Godoy, de Minga Pora, investiga sobre lo ocurrido con un hombre de 66 años quien se encuentra internado en el Hospital Distrital de Hernandarias, después de ser hallado en su casa tirado en el suelo, con herida cortante en la cabeza. La víctima es un Buenaventura Gómez Báez, residente en Itakyry.

El agente del Ministerio Público refirió a La Nación/Nación Media que, ante el estado delicado del paciente, está aguardando para convocar a declaración testifical al hijo, quien se encuentra cuidando al padre en el hospital. El mismo es quien informó al personal policial que encontró al hombre desvanecido y herido en horas de la noche.

De acuerdo al reporte del Puesto Policial de la comunidad Chino Kue, de Itakyry, a las 21:30, Miguel Ángel Gómez López, fue quien encontró a su padre en el suelo de la casa, ya descompensando, con herida cortante en la cabeza y lo trasladó de urgencia hasta el hospital. Ocurrió en una vivienda del asentamiento Tava Rory, de Itakyry.

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Él dio aviso recién a las 12:30 del día siguiente, viernes 4 de abril, sobre lo ocurrido, según el puesto policial de Chino Kue. Por su parte, el fiscal Fidel Godoy, indicó que recién anoche fue informado del caso y está tomando las diligencias pertinentes en la investigación del hecho.

Indicó además que, el hijo dijo inicialmente al personal policial que alguien cercano a la familia habría cometido el acto, pero después, ya en el hospital, cambió su versión inicial diciendo que serían desconocidos los autores. Esto llamó la atención del agente del Ministerio Público al igual que el reporte tardío del hecho.

La casa donde fue encontrado el hombre herido, está en una zona muy aislada y se requerirá recurrir a mucha gente de la zona para encontrar, además de la declaración, datos que conduzcan al esclarecimiento de lo ocurrido, según lo explicado por el fiscal del caso.

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San Isidro, Argentina. AFP.

La leyenda del fútbol Diego Maradona “a veces se resistía” a ser atendido por médicos, dijo ayer jueves una de sus hermanas en el juicio a siete profesionales de la salud por su muerte en Argentina en noviembre de 2020. Claudia y Ana, dos de las hermanas de Maradona, que son querellantes en la causa, declararon este jueves en la cuarta semana del juicio que tiene lugar en San Isidro, un suburbio al norte de Buenos Aires cercano a la localidad de Tigre, donde murió el exfutbolista.

Claudia, de 53 años y la menor de las cinco hermanas de Maradona, dijo que Diego “a veces se resistía” a ser atendido por médicos y que “era de carácter fuerte”. Ella y Ana, de 74 años, coincidieron en que su hermano “hacía lo que él quería”. Maradona falleció por un edema pulmonar generado por una insuficiencia cardíaca el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba una internación domiciliaria posterior a una neurocirugía.

Las hermanas dijeron que participaron en la decisión de hacer internación domiciliaria y Claudia señaló que los especialistas les habían dicho que “iba a haber médicos clínicos” y equipamiento para atenderlo. Otros testigos en el juicio en sus testimonios señalaron que no había ambulancias ni equipamiento médico como desfibrilador en la casa donde murió el ídolo.

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Las hermanas dijeron que Leopoldo Luque, el neurocirujano y uno de los imputados en la causa, era el médico de confianza de Maradona. Ana contó que vio por última vez a su hermano cuando estaba internado en la Clínica Olivos, semanas antes de su fallecimiento, y que cuando le consultó cómo estaba, él le respondió: “Me duele el alma”.

En la tarde del jueves se preveía que declarara otra de sus hermanas, Rita, y Verónica Ojeda, madre del hijo menor de Diego Maradona. Siete profesionales de la salud (médicos, enfermeros, la psiquiatra y un psicólogo) son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte. Una octava acusada -enfermera- será juzgada en un proceso separado.

Este juicio, que comenzó el 11 de marzo, se prolongará al menos hasta julio con la declaración de decenas de testigos. Los acusados arriesgan entre 8 y 25 años de prisión. El abogado de las hermanas Maradona, Pablo Jurado, objetó algunas de las preguntas de otros querellantes a las testigos, que apuntaban a las relaciones contractuales entre el exfutbolista y sus hermanas.

Para Jurado, las respuestas pueden afectar los intereses de sus defendidas en otra causa, en la que los hijos de Maradona demandan a sus tías por los derechos de la “marca Maradona”. El tribunal no hizo lugar a las protestas y las hermanas tuvieron que responder al respecto. Las marcas “son algo que nos dejó a la familia”, dijo Claudia y añadió que antes de su muerte Diego Maradona solo les “daba regalos”.

Diego Maradona no tenía alcohol ni “drogas de abuso” en sangre cuando murió, a pesar de su historial de consumo, dijo el pasado martes un perito, en el juicio a siete profesionales de la salud por la muerte del exfutbolista en Argentina en 2020. “Ninguno de los cuatro tubos (de muestras) dio detectable para cocaína, marihuana, MDMA, éxtasis ni anfetamina”, dijo el perito bioquímico Ezequiel Ventosi, que analizó las muestras de sangre, de orina e hisopados de Maradona tras su muerte y constató que tampoco había presencia de alcohol.

El astro futbolístico argentino, quien tuvo periodos de excesos durante su agitada vida, falleció por un edema pulmonar generado por una insuficiencia cardíaca el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba una internación domiciliaria posterior a una neurocirugía. Las pericias posteriores a su muerte sí detectaron cinco sustancias correspondientes a medicamentos antidepresivos, anticonvulsivos, antipsicóticos y contra las náuseas.

El testimonio de Ventosi se dio en la apertura de la cuarta semana del juicio que tiene lugar en San Isidro, un suburbio al norte de Buenos Aires cercano a la localidad de Tigre, donde murió el ídolo. En la audiencia del martes, se leyó el testimonio de 2021 del médico personal de Maradona entre 1978 y 2009, Alfredo Cahe, fallecido en 2024.

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Según el escrito, Cahe vio a Maradona en noviembre de 2020, cuando se recuperaba de una neurocirugía en la Clínica Olivos. Todo le pareció “extraño” y Leopoldo Luque, médico del ex deportista al morir e imputado, no le contestó sus consultas sobre el estado de salud del paciente. La internación domiciliaria “era lo menos indicado” para Maradona ya que “debía estar bajo terapia intensiva con control del corazón constante y continuo”, dijo Cahe, quien opinó que hubo negligencia y apuntó la falta de control y de ingesta de medicación cardíaca.

“Con un correcto seguimiento y control (la muerte) era evitable”, aseguró en el testimonio. Además, declararon otros tres peritos, entre ellos la anatomo-patóloga Silvana de Piero, que analizó los órganos tras el deceso y detalló que el hígado mostraba signos compatibles con cirrosis, los riñones insuficiencia, los pulmones una patología crónica y el corazón signos de falta de oxígeno.

Siete profesionales de la salud (médicos, enfermeros, la psiquiatra y un psicólogo) son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte. Una octava acusada -enfermera- será juzgada en un proceso separado. Este juicio, que comenzó el 11 de marzo, se prolongará al menos hasta julio con la declaración de decenas de testigos. Los acusados arriesgan entre 8 y 25 años de prisión.

El Ministerio Público conformó un equipo especial para investigar el derrumbe del edificio en construcción en el barrio San Roque de Encarnación (Itapúa), ocurrido el miércoles por la noche, donde murieron una abuela y su nieta. Se están llevando a cabo diligencias para determinar las implicancias penales de los responsables de la obra y las responsabilidades administrativas de las autoridades municipales.

El grupo de trabajo está integrado por los fiscales Ever Regalado Williams Villasanti, titular de la Unidad Penal Número 1, de la Fiscalía Regional de Encarnación, Francisco Javier Martínez Paiva, de la Unidad Penal Número 10 y Rocío Carolina Valdez Florentín de la Unidad Fiscal Número 1, especializada en la Lucha contra el narcotráfico de Itapúa.

“Es importante determinar primero de que todas estas cuestiones que estamos nosotros recabando son cuestiones muy técnicas. Hablamos de situaciones de conocimiento de ingeniería, de arquitectura, calculistas, de otras modalidades que también van de la mano de una obra de esta envergadura”, señaló el fiscal Francisco Martínez al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Aclaró que igualmente se indagará sobre la responsabilidad del intendente de Encarnación, Luis Yd. “También hay una cuestión administrativa ahí en el municipio, de las autorizaciones, del expediente. Nosotros ahora no podemos todavía determinar alguna responsabilidad directa porque necesitamos que los ingenieros y arquitectos del Ministerio Público intervengan para poder tener una idea de lo que podría ser alguna causal y que podría ser una conducta penal”, remarcó.

El agente fiscal mencionó que los ingenieros y arquitectos del equipo de la Fiscalía harán una investigación documental in situ en la zona de obras, como parte de las pericias. Dijo que se debe diferenciar las conductas penales de las administrativas, asegurando que “sea quien sea” el responsable se actuará conforme a la ley.

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Señaló que ya se retiró del municipio el expediente administrativo para verificar el proceso de habilitación de la obra, si se realizaron las verificaciones pertinentes de la construcción, tras la aprobación de los planos y todo lo que conlleva un proyecto urbanístico de esta envergadura.

“Lo primero que hicimos es retirar todos los documentos del municipio y verificar con los ingenieros que ya están por Encarnación. Vamos a realizar una primera diligencia el día de hoy y posteriormente vamos a tener un dictamen que nos determinará si existe responsabilidad personal”, manifestó.

El abogado Martínez no quiso arriesgar una opinión sobre una eventual imputación del intendente de Encarnación, al sostener que las resoluciones se tomarán a resultas de las verificaciones de los profesionales técnicos en construcción.

“Hay una cadena de personas que firman documentos, que emiten autorizaciones, encargados de verificación del local que se va a construir. Aparte tienen otras personas que son calculistas que son determinantes para poder también autorizar. Entonces, cada uno de ellos una vez verificado toda esa cadena de responsabilidades vamos a ver quiénes efectivamente dieron su firma”, subrayó.

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• Buenos Aires, Argentina. AFP.

El Senado argentino rechazó ayer jueves las candidaturas de dos jueces nominados por decreto por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. El gobierno necesitaba el apoyo de dos tercios de la Cámara alta, donde cuenta apenas con siete escaños propios. Pero una amplia mayoría rechazó las aspiraciones.

En un comunicado, la presidencia explicó que “repudia la decisión del Senado de rechazar los pliegos propuestos por (...) Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia”. “Por primera vez en la historia, el Senado ha rechazado pliegos propuestos por un presidente por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara alta es el refugio de la casta política en el Congreso”, sostuvo el Ejecutivo.

De acuerdo con la Constitución, el gobierno nomina a los magistrados de la Corte Suprema y el Senado debe aprobarlos. El tratamiento de las candidaturas de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, que habían sido propuestos por Milei el año pasado, demoró por la falta de apoyo del Senado, que debe dar acuerdo a los nombramientos, aunque no tiene plazos para ello.

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En febrero el mandatario ultraliberal se valió de un artículo de la Constitución que lo habilita a nombrar “en comisión”, es decir para que ocupen el cargo hasta que finalice el período legislativo, cuyas sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre.

En ese marco la Corte Suprema le tomó juramento a García-Mansilla, un académico de perfil conservador contrario al aborto. En cambio, no hizo lo propio con Lijo, un juez federal del fuero criminal y correccional que intervino en varias causas de corrupción de exfuncionarios de todo el arco político. Había pedido una licencia para jurar como miembro interino del máximo tribunal, pero la Corte se la negó.

“No puedo creer que haya un solo senador dispuesto a votar esta aberración”, dijo en el recinto Martín Lousteau, senador por la Unión Cívica Radical (centro), que cargó contra la decisión del presidente de nombrar a los jueces por decreto. “Si permitimos este mecanismo no vamos a tener más jueces, vamos a tener empleados del Poder Ejecutivo”, dijo.

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La legisladora Guadalupe Tagliaferri (PRO, partido del expresidente Mauricio Macri), consideró además “inadmisible acompañar una Corte sin mujeres”. Entre las distintas causas en carpeta de la Corte Suprema, destaca el recurso de queja que la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) elevó este lunes para que revise la sentencia en su contra por corrupción.

Kirchner recusó además a García-Mansilla bajo el argumento de que lo propuso el presidente, quien expresó públicamente que la también exvicepresidenta (2019-2023) “va a ir presa”, afirmación que consideró es “una indebida e intolerable intromisión en asuntos judiciales”. La exmandataria, de 72 años, fue condenada en dos instancias a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua por “administración fraudulenta” en la adjudicación de obras viales durante sus presidencias.