El Tribunal de Apelación en lo Penal confirmó la condena de 4 años de cárcel para la presidenta de Imedic S.A, Patricia Ferreira Pascottini y 4 años de pena privativa de libertad para la directora general Nidia Godoy. Así también, se confirmó la absolución del tercer acusado, el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El Tribunal está conformado por los jueces José Waldir Servín, Delio Vera Navarro y Cristóbal Sánchez.

La Cámara de Apelación señala que la pena de 4 años de cárcel impuesta a Ferreira y Godoy son las adecuadas para el caso en particular. El colegiado ha llevado a cabo, en forma efectiva, el proceso de individualización de las penas impuestas, que deben ser útiles y justas, pues se adecuan a las particularidades del caso concreto. Esto atendiendo al marco penal establecido para el hecho punible realizado, y además, se halla dentro de los límites del grado de reproche y conforme a los fines preventivos” indica parte de la resolución de segunda instancia.

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En octubre del 2024 un Tribunal de Sentencia condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.

Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.

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En el marco de la implementación del programa de Revisión de medidas cautelares, un equipo técnico del fuero Penal de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo un censo y recolección de datos en el Centro Regional Penitenciario de Encarnación. En total se hizo el relevamiento de datos de 201 personas privadas de libertad, tanto prevenidos como condenados.

Esta actividad contó con el respaldo del presidente del Consejo de Administración de la circunscripción judicial de Itapúa, abogado Luis Alberto García, y de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia. Además se enmarca dentro de los trabajos que se realizan junto con el Viceministerio de Política Criminal del Ministerio de Justicia.

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Participaron de la jornada los jueces de Ejecución Penal, Sonia Rojas y Laura Benítez; los jueces de Garantías, Claudia Scapinni y Miguel Óscar López. Asistieron representantes del Ministerio Público, la Defensa Pública, el Ministerio de Salud, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, el sector del deporte y otras instituciones vinculadas al sistema penitenciario.

Esta iniciativa se desarrolla en cumplimiento del artículo 19 de la Constitución Nacional y la Acordada n.° 1.511/2021. Igualmente la misma actividad se realizará en otras penitenciarias de nuestro país.

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• Quito, Ecuador. AFP.

El colapso de un dique que ayudaba a contener parte de los más de 25.000 barriles de petróleo vertidos por la ruptura de un oleoducto hace casi dos semanas en el noroeste de Ecuador agravó la emergencia ambiental, donde ríos y playas del Pacífico están contaminados. El gobierno atribuyó a un sabotaje el daño en un oleoducto de propiedad estatal el 13 de marzo, que provocó el derrame de 25.116 barriles de crudo afectando tres ríos y el suministro de agua a varias poblaciones, según autoridades.

Debido a las intensas lluvias que caen desde enero en el país, el martes pasado colapsó un dique de contención en el río Caple, que se conecta con otros torrentes de la provincia costera de Esmeraldas, limítrofe con Colombia, indicó el miércoles la estatal Petroecuador en un comunicado. Agregó que siete barreras de contención fueron instaladas en el río Viche, donde maquinaria retiraba palos contaminados de crudo. También se colocó material absorbente adicional en ese afluente, así como en el Caple y Esmeraldas, que desemboca en el Pacífico.

La entidad señaló que los trabajos buscan además proteger un refugio natural de vida silvestre, con más de 250 especies como nutrias, monos aulladores, armadillos, fragatas y pelícanos. “Esto ha sido un desastre total”, dijo a la AFP Ronald Ruiz, el dirigente de los residentes del poblado de Cube, en cuya área está situado el dique. Añadió que el duro invierno “hizo que el afluente creciera, trayendo palizadas y por ende rompiera los diques que estaban conteniendo el petróleo, que estaba acumulado para su evacuación”.

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El dirigente apuntó que unas 750 familias estaban afectadas en Cube, donde la gente se dedica a la agricultura, ganadería y pesca. “Tenemos ya el río totalmente muerto por ahora, no hay actividad de pesca, no pueden regar los cultivos”, expresó Ruiz. Según el dirigente, los ganaderos debieron evacuar sus animales hacia otras zonas. “Los animales que toman agua de este afluente aparecen muertos por ahí”, dijo.

Tras el derrame, la provincia de Esmeraldas fue declarada en emergencia ambiental, durante la cual se han recolectado 30.257 barriles de crudo mezclado con agua. El colapso del dique volvió a dejar a pobladores sin agua, lo que obligó a que el miércoles se distribuyera en carrotanques, según Petroecuador. Las autoridades también reparten raciones de alimentos y kits de limpieza.

El vertido de petróleo es de los más grandes de los últimos años en el país. En 2022, unos 6.300 barriles afectaron la Amazonía ecuatoriana, donde dos años antes cerca de 16.000 contaminaron varios ríos. Ecuador explotó en 2024 unos 475.000 barriles diarios (bd) de petróleo, su principal producto de exportación. Ese año vendió un 73 % de la producción, que le generó unos 8.647 millones de dólares. El crudo es extraído en pozos de la selva amazónica y llevado por dos tuberías hasta puertos en Esmeraldas.

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Un intento de amotinamiento de miembros del Primer Comando Capital (PCC) recluidos en la Penitenciaría Regional de Misiones motivó la intervención de la Policía a tempranas horas de este miércoles. El descontento por una requisa aparentemente provocó la reacción de los reclusos, pero la situación ya está controlada, según el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel.

“La mañana de hoy, los agentes penitenciarios que se encargan de hacer el control de las personas recluidas en cada pabellón fueron resistidos por parte de integrantes del pabellón que se denomina PCC. Con uso de la fuerza no permitieron el ingreso para la verificación”, relató el alto funcionario del Ministerio de Justicia a la 1080 AM.

El director del reclusorio pidió el apoyo de la Policía Nacional para concretar la verificación dentro del citado pabellón. “Tuvieron que hacer uso de la fuerza, ingresaron y el procedimiento ya concluyó. También se pidió la presencia del Ministerio Público en el marco de la requisa se detecte algún elemento que indique la comisión de un hecho punible, para que ellos puedan intervenir”, subrayó.

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El funcionario aclaró que no se reportaron heridos graves, aunque sí algunos presos resultaron con lesiones leves. Todos fueron asistidos por la sanidad de la propia penitenciaría. “Ya está bajo control, por la última información del director, ya me comentó que concluyeron el procedimiento y que estaban en esa etapa de labrar las actas respectivas”, puntualizó.

Según el viceministro, los que se opusieron al control son todos de la misma facción criminal y están plenamente identificados sus líderes. “Fueron entre 5 y 7 personas identificadas. Aparentemente el origen de esto fue que Misiones es una penitenciaría que está bajo intervención por unas irregularidades”, manifestó.

Comentó que se han detectado varias anomalías entre ellas el ingreso de celulares a la cárcel. Se dispuso la restricción y generó molestias en la población penal, en particular de este grupo del PCC. “Tenemos identificado al líder, pero me reservo todavía el nombre, porque se tienen que tomar medidas administrativas y comunicar también al juez competente de la causa”, expresó.

Como medida inmediata se dispuso la separación de estas siete personas que generaron esa resistencia a los controles. “Se los separa, luego se determina en base a un sumario sus respectivos traslados”, confirmó.

Según Maciel los reclusos de alta peligrosidad son ingresados a pabellones diferenciados en donde se le agrupa a las personas que pertenecen a un determinado grupo criminal, para evitar conflictos. “Porque ya se tuvo la experiencia terrible de lo que ocurrió en San Pedro cuando en la misma penitenciaría inclusive tenían dos facciones antagónicas. En el marco de esos pabellones diferenciados se tiene un control especial dada las características de cada grupo”, concluyó.

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