Medios de prensa colombianos informaron que el Tribunal Superior de Cartagena remitió a la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación presentada por la defensa de Margareth Chacón, condenada en segunda instancia por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La máxima instancia judicial es ahora la que deberá decidir si admite este trámite y revoca su condena o bien, si confirma la sentencia.

La Justicia colombiana había condenado a Chacón a 35 años de cárcel, luego que la Fiscalía general de la Nación de dicho país demostrara que fue la coordinadora logística y financiera del homicidio de Pecci. Ahora, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena hizo lugar al recurso extraordinario de casación que planteó la defensa de la mujer, procesada por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

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Esta acción de la Sala Penal se dio en respuesta a la demanda interpuesta por la sentencia del 27 de septiembre del 2024, que ratificada la condena interpuesta inicialmente el 15 de febrero del año pasado, por el juzgado Tercero Penal del circuito judicial de Cartagena. Luego de que se diera lectura al fallo en segunda instancia, dictado en enero de este año, la defensa presentó el recurso dentro del plazo legal.

La resolución expedida este 25 de marzo fue remitida a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que deberá decidir si admite el recurso y revoca la condena o bien, si confirma la sentencia, según medios colombianos.

Chacón es considerada como pieza clave en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, al igual que su esposo Andrés Pérez Hoyos y su cuñado Ramón Pérez Hoyos. La mujer había sido sentenciada por su participación en el asesinato de Marcelo Pecci, el 10 de mayo de 2022 en Colombia, considerado su papel como fundamental en el atentado e incluso uno de los cerebros.

La procesada fue la única de los involucrados que no aceptó su culpabilidad en la causa, lo que sí hicieron los demás involucrados y lograron penas menos gravosas. En una de sus últimas declaraciones ante las autoridades, la mujer denunció supuestas torturas y maltratos en un búnker para declarar en contra de un expresidente, cuyo nombre nunca antes había escuchado.

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• Bogotá, Colombia. AFP.

Un antiguo socio de Pablo Escobar en el cartel de Medellín viajó ayer viernes desde Alemania a Colombia, donde quedó en poder de la policía para verificar su situación judicial. Carlos Lehder, de 75 años, fue el primer gran capo colombiano extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una pena de 30 años de cárcel. Fue expulsado tras su liberación en 2020 a Alemania, por su doble nacionalidad, aunque había manifestado reiteradamente su voluntad de regresar a Colombia.

La autoridad migratoria publicó fotografías y videos de Lehder en el aeropuerto El Dorado de Bogotá en traje y corbata. Aseguró que lo dejó “a disposición” de la policía por una “orden de captura vigente” en el país. La institución trasladó luego al excapo a una dependencia de investigación “para verificar su situación judicial”, informó en la red social X.

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Apodado El Loco por sus excentricidades, Lehder protagonizó uno de los periodos más sangrientos de la historia del país suramericano de la mano de Escobar. Figura icónica del mal, Escobar libró una guerra sin cuartel contra el Estado colombiano para evitar su extradición a Estados Unidos. Ese lapso estuvo marcado por la detonación indiscriminada de carros bomba y el secuestro o asesinato de líderes políticos, periodistas y jueces.

Pablo Escobar murió a manos de la policía colombiana el 2 de diciembre de 1993 en la ciudad de Medellín. Solo Lehder y otro de sus socios del cartel, Fabio Ochoa Vásquez, fueron extraditados a Estados Unidos. Ochoa Vásquez fue deportado en diciembre a Colombia tras cumplir una condena de más de dos décadas una prisión estadounidense. Sin cuentas pendientes con la justicia colombiana, está en libertad.

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• San Isidro, Argentina. AFP.

Diego Maradona “estuvo en agonía” antes de morir y sus médicos debieron haber previsto su cuadro, dijeron ayer jueves dos de los médicos que hicieron su autopsia, en el juicio a profesionales de la salud acusados por el fallecimiento del exfutbolista en Argentina hace cuatro años.

Había “signos de agonía” en el corazón, afirmó Mauricio Cassinelli, médico legista que examinó el cuerpo en la casa donde murió Maradona en la ciudad de Tigre, al norte de Buenos Aires, y en una autopsia que se hizo pocas horas después en San Isidro, donde se realiza el juicio. Casinelli señaló que la agonía podría haber comenzado “por lo menos 12 horas” antes de la muerte del ídolo, que la autopsia fijó entre las 9:00 y las 12:00 locales (12:00 y 15:00 GMT) del 25 de noviembre de 2020.

Maradona venía acumulando agua en sus pulmones desde hacía “al menos 10 días” antes de su fallecimiento a causa de una insuficiencia cardíaca y una cirrosis hepática, según Casinelli, que consideró que los enfermeros y médicos deberían haber advertido los síntomas antes del desenlace. El corazón “pesaba casi el doble de lo que pesa uno normal para una persona adulta”, apuntó el médico. En la autopsia tampoco se detectó “ni alcohol ni tóxicos” en el cuerpo.

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También testificó este jueves Federico Corasaniti, otro de los médicos que participó de la autopsia, cuyo testimonio fue similar al de Cassinelli y coincidió en que “hubo agonía”. Corasaniti dijo que el cuadro no fue “ni súbito ni imprevisto” y que era fácilmente detectable: “Era simplemente apoyarle un dedo en las piernas, palparle la panza, agarrar el estetoscopio y auscultarle los pulmones, ver la coloración de los labios”, señaló.

El primer médico había indicado que también el cerebro pesaba más de lo normal, así como los pulmones, que estaban “llenos de agua”. Ambos coincidieron en que la causa de muerte fue “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada”.

Casinelli dijo además que la casa donde murió Maradona no le pareció “un lugar adecuado a una internación domiciliaria”. Los abogados defensores no hicieron muchas preguntas a los testigos y aguardan a que comparezcan otros peritos con versiones distintas a las expresadas en la sesión que concluyó cerca de las 17:00 (20:00 GMT) de este jueves.

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Durante la audiencia que tuvo lugar en San Isidro, un suburbio de Buenos Aires, se reprodujeron fotos de la autopsia a Maradona. Una de las hijas del astro, Jana, estuvo presente tras declarar como testigo el martes, pero se retiró de la sala antes de que se proyectaran estas imágenes. El martes, otro de los testigos, el excustodio de Maradona, Julio Coria, había sido detenido acusado de falso testimonio.

Su abogado, Gastón Marano, dijo este jueves a periodistas en las puertas del tribunal que “va a hacer una declaración por escrito” entre el jueves y el viernes. Mientras tanto, Coria sigue bajo custodia policial. Siete profesionales de la salud (médicos, enfermeros, la psiquiatra y un psicólogo) son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte de la malograda estrella. Una octava acusada -enfermera- será juzgada en un proceso separado.

El ídolo del argentino Boca Juniors y el italiano Nápoles falleció durante una internación domiciliaria mientras estaba bajo el cuidado de los acusados, tras una neurocirugía. Varios testigos, entre ellos los policías que entraron a la casa tras la muerte del ídolo del fútbol y los primeros médicos en llegar, destacaron la ausencia de equipos médicos en el lugar.

Este juicio, que comenzó el 11 de marzo, se prolongará al menos hasta julio y se espera que declaren decenas de testigos. Los acusados defienden su inocencia y arriesgan entre 8 y 25 años de prisión. La próxima audiencia será el martes y la fiscalía aún no adelantó quiénes serán los testigos.

El juez penal de garantía de Pedro Juan Caballero, Juan Martín Areco, imprimió trámite de oposición al pedido de desestimación que solicitaron los agentes fiscales Celso Morales, Christian Ortiz y Luis Said en relación a la investigación sobre la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, ocurrida en la madrugada del 19 de agosto del año pasado, en un allanamiento fiscal.

Con la presente resolución judicial, será el fiscal general del Estado quien defina si dictamina a favor de la desestimación o recomienda al juzgado penal de garantía seguir con la presente investigación fiscal.

En su resolución, el magistrado Areco sostiene que “me mantengo en mi oposición, conforme a los fundamentos del A.I. N° 218 de fecha 13 de marzo del 2025, en consecuencia y de conformidad a lo que dispone el artículo 314 del Código Procesal Penal, párrafo segundo, que dice disponer la remisión nuevamente de las actuaciones al Ministerio Publico, para que el fiscal general del Estado peticione nuevamente o ratifique lo actuado por los fiscales inferiores, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución”, según la determinación adoptada por el magistrado Areco.

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De acuerdo a los hechos, el fallecimiento del diputado se registró el pasado 19 de agosto del 2024, a las 3:00, durante un allanamiento encabezado por el Ministerio Público, acompañados por los agentes de la Policía Nacional y los asistentes fiscales.

De acuerdo al Ministerio Público se determinó que los intervinientes que estuvieron en el hecho son los agentes policiales Pablo Torales y Carlos García. Este último fue el que disparó los tiros mortales contra el legislador. Conforme con la conclusión de los fiscales, el hecho se produjo en defensa propia, ya que el diputado también había disparado contra los intervinientes, por lo que habría existido una causa de justificación.

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