La respuesta del Gobierno paraguayo al espionaje brasileño es firme y acertada, aseveró Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, luego de una reunión que mantuvo este viernes con el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, con quien abordaron en la Cancillería varios temas de la agenda internacional y, entre ellos, el hackeo revelado el lunes pasado por la prensa brasileña en las negociaciones de Itaipú y que el gobierno de Lula da Silva confirmó en un comunicado.

“Hablamos de la situación del espionaje del que ha sido víctima la República del Paraguay, en términos personales, veo que la respuesta que está teniendo el Gobierno es acertada, es una respuesta firme que busca con claridad que nuestra República sea respetada”, expresó el parlamentario al término del encuentro, en respaldo de las cuatro medidas anunciadas el martes último para defender los intereses nacionales.

Latorre recordó que el Gobierno tomó acciones de manera inmediata cuando se tuvo conocimiento de este suceso y que se ha cumplido con el compromiso de que la Cancillería exija explicaciones al Brasil sobre este hecho. Además, se ha iniciado una investigación por parte del Ministerio Público para determinar los alcances del espionaje.

“Queda pendiente el fortalecimiento institucional en cuanto a la ciberseguridad, que es una debilidad histórica y estructural que debemos subsanar para enfrentar a las nuevas amenazas que existen. En síntesis, esperamos una respuesta oficial y clara del Brasil, una investigación propia y un proceso de construcción en cuanto a la ciberseguridad de nuestro país”, añadió.

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Además de la situación del espionaje y las acciones diplomáticas emprendidas por Paraguay, las autoridades conversaron respecto a la agenda internacional de nuestro país, quien está concretando un importante posicionamiento ante el mundo, desde la óptica del presidente de la Cámara de Diputados.

“El fortalecimiento de las relaciones con Israel y las expectativas en cuanto al incremento de la cooperación que recibimos en materia de innovación, tecnología, manejo de agua y por supuesto, la importación que hace Israel principalmente de carne paraguaya. Israel es uno de los cuatro principales exportadores de nuestra carne en el mundo, además de otros productos”, refirió.

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San Isidro, Argentina. AFP.

La leyenda del fútbol Diego Maradona “a veces se resistía” a ser atendido por médicos, dijo ayer jueves una de sus hermanas en el juicio a siete profesionales de la salud por su muerte en Argentina en noviembre de 2020. Claudia y Ana, dos de las hermanas de Maradona, que son querellantes en la causa, declararon este jueves en la cuarta semana del juicio que tiene lugar en San Isidro, un suburbio al norte de Buenos Aires cercano a la localidad de Tigre, donde murió el exfutbolista.

Claudia, de 53 años y la menor de las cinco hermanas de Maradona, dijo que Diego “a veces se resistía” a ser atendido por médicos y que “era de carácter fuerte”. Ella y Ana, de 74 años, coincidieron en que su hermano “hacía lo que él quería”. Maradona falleció por un edema pulmonar generado por una insuficiencia cardíaca el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba una internación domiciliaria posterior a una neurocirugía.

Las hermanas dijeron que participaron en la decisión de hacer internación domiciliaria y Claudia señaló que los especialistas les habían dicho que “iba a haber médicos clínicos” y equipamiento para atenderlo. Otros testigos en el juicio en sus testimonios señalaron que no había ambulancias ni equipamiento médico como desfibrilador en la casa donde murió el ídolo.

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Las hermanas dijeron que Leopoldo Luque, el neurocirujano y uno de los imputados en la causa, era el médico de confianza de Maradona. Ana contó que vio por última vez a su hermano cuando estaba internado en la Clínica Olivos, semanas antes de su fallecimiento, y que cuando le consultó cómo estaba, él le respondió: “Me duele el alma”.

En la tarde del jueves se preveía que declarara otra de sus hermanas, Rita, y Verónica Ojeda, madre del hijo menor de Diego Maradona. Siete profesionales de la salud (médicos, enfermeros, la psiquiatra y un psicólogo) son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte. Una octava acusada -enfermera- será juzgada en un proceso separado.

Este juicio, que comenzó el 11 de marzo, se prolongará al menos hasta julio con la declaración de decenas de testigos. Los acusados arriesgan entre 8 y 25 años de prisión. El abogado de las hermanas Maradona, Pablo Jurado, objetó algunas de las preguntas de otros querellantes a las testigos, que apuntaban a las relaciones contractuales entre el exfutbolista y sus hermanas.

Para Jurado, las respuestas pueden afectar los intereses de sus defendidas en otra causa, en la que los hijos de Maradona demandan a sus tías por los derechos de la “marca Maradona”. El tribunal no hizo lugar a las protestas y las hermanas tuvieron que responder al respecto. Las marcas “son algo que nos dejó a la familia”, dijo Claudia y añadió que antes de su muerte Diego Maradona solo les “daba regalos”.

Diego Maradona no tenía alcohol ni “drogas de abuso” en sangre cuando murió, a pesar de su historial de consumo, dijo el pasado martes un perito, en el juicio a siete profesionales de la salud por la muerte del exfutbolista en Argentina en 2020. “Ninguno de los cuatro tubos (de muestras) dio detectable para cocaína, marihuana, MDMA, éxtasis ni anfetamina”, dijo el perito bioquímico Ezequiel Ventosi, que analizó las muestras de sangre, de orina e hisopados de Maradona tras su muerte y constató que tampoco había presencia de alcohol.

El astro futbolístico argentino, quien tuvo periodos de excesos durante su agitada vida, falleció por un edema pulmonar generado por una insuficiencia cardíaca el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba una internación domiciliaria posterior a una neurocirugía. Las pericias posteriores a su muerte sí detectaron cinco sustancias correspondientes a medicamentos antidepresivos, anticonvulsivos, antipsicóticos y contra las náuseas.

El testimonio de Ventosi se dio en la apertura de la cuarta semana del juicio que tiene lugar en San Isidro, un suburbio al norte de Buenos Aires cercano a la localidad de Tigre, donde murió el ídolo. En la audiencia del martes, se leyó el testimonio de 2021 del médico personal de Maradona entre 1978 y 2009, Alfredo Cahe, fallecido en 2024.

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Según el escrito, Cahe vio a Maradona en noviembre de 2020, cuando se recuperaba de una neurocirugía en la Clínica Olivos. Todo le pareció “extraño” y Leopoldo Luque, médico del ex deportista al morir e imputado, no le contestó sus consultas sobre el estado de salud del paciente. La internación domiciliaria “era lo menos indicado” para Maradona ya que “debía estar bajo terapia intensiva con control del corazón constante y continuo”, dijo Cahe, quien opinó que hubo negligencia y apuntó la falta de control y de ingesta de medicación cardíaca.

“Con un correcto seguimiento y control (la muerte) era evitable”, aseguró en el testimonio. Además, declararon otros tres peritos, entre ellos la anatomo-patóloga Silvana de Piero, que analizó los órganos tras el deceso y detalló que el hígado mostraba signos compatibles con cirrosis, los riñones insuficiencia, los pulmones una patología crónica y el corazón signos de falta de oxígeno.

Siete profesionales de la salud (médicos, enfermeros, la psiquiatra y un psicólogo) son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte. Una octava acusada -enfermera- será juzgada en un proceso separado. Este juicio, que comenzó el 11 de marzo, se prolongará al menos hasta julio con la declaración de decenas de testigos. Los acusados arriesgan entre 8 y 25 años de prisión.

El presidente de la República, Santiago Peña, se refirió este viernes por primera vez al caso de espionaje de Brasil en las negociaciones de Itaipú y defendió la “posición país” a través de las cuatro medidas asumidas ante este impasse, en un contacto con Radio Mitre de Argentina, expresando su preocupación y lamentando la situación ante la intención de abogar por la integración regional.

“Es una noticia bastante desagradable. Vemos eso con tremenda preocupación porque no se condice con el tipo de relación que queremos proponer, una de amistad, socios, amigos que nos permita construir un Mercosur más fuerte. Lastimosamente estamos en este impasse”, comentó Peña al programa que conduce Eduardo Feinmann.

Asimismo, acotó: “Nosotros hemos tomado medidas muy firmes, abrimos investigaciones en nuestra área de ciberseguridad. Está demostrado que recibimos constantemente ciberataques que provienen de China, pero jamás nos hubiésemos imaginado que estaríamos sujetos a espionaje por parte de nuestros hermanos y vecinos brasileños”.

Peña dijo que esta acción ilegal termina “abriendo viejas heridas” al recordar la Guerra de la Triple Alianza desatada contra el Paraguay durante los años 1864 a 1870. El conflicto bélico, considerado como la contienda más sangrienta de América del Sur, fue desarrollada por Argentina, Brasil y Uruguay.

“Estas son heridas que nosotros estamos buscando sanar y este episodio lastimosamente lo que hace es abrir estas viejas heridas, cuando nosotros lo que queremos es dejar atrás es esa historia de odio, de resentimiento que venía principalmente de afuera hacia Paraguay, lastimosamente, hoy nos damos cuenta de que hay ese resentimiento”, lamentó.

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El medio brasileño UOL reportó el 31 de marzo sobre una operación de espionaje reconocida por Brasil en un comunicado oficial, pero que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva atribuye a su antecesor, Jair Bolsonaro. El espionaje buscaba conocer la posición paraguaya en las negociaciones entre ambos países -ahora pausadas- sobre el precio de la energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú, según reveló la prensa brasileña.

El gobierno de Lula da Silva negó “categóricamente cualquier implicación en la acción de inteligencia” y se la adjudicó a la gestión del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), en un comunicado de la cancillería publicado el lunes. “La mencionada operación fue autorizada por el gobierno anterior, en junio de 2022, y anulada por el director interino de la (agencia de inteligencia estatal) ABIN el 27 de marzo de 2023, tan pronto como la actual gestión tuvo conocimiento del hecho”, dijo el gobierno de Brasil.

El gobierno paraguayo convocó al embajador de Brasil, José Antonio Marcondes de Carvalho, para que “ofrezca explicaciones detalladas” sobre la operación, explicó el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, en conferencia de prensa el martes. Ramírez también informó que se llamó a consultas al representante diplomático paraguayo en Brasilia “a fin de que informe sobre los aspectos relacionados a la acción de inteligencia en asuntos del gobierno del Paraguay por parte de ese país”.

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Según la prensa brasileña, la ABIN ingresó a las computadoras de las instituciones del Estado paraguayo para obtener informaciones reservadas. El objetivo habría sido conocer la posición de Paraguay en la negociación del “Anexo C”, un documento del Tratado de Itaipú (que dio lugar a la construcción de la represa sobre el río Paraná, limítrofe), que establece las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la central hidroeléctrica.

Ramírez aseguró el martes que quedaron “suspendidas todas las negociaciones del Anexo C hasta tanto Brasil brinde las aclaraciones correspondientes a satisfacción del gobierno de la República del Paraguay”. Las negociaciones giran en torno a la reducción del precio de la energía, interés de Brasil, que compra desde hace décadas todo el excedente que le corresponde a Paraguay, que consume menos del 10% de lo producido.

• Buenos Aires, Argentina. AFP.

El Senado argentino rechazó ayer jueves las candidaturas de dos jueces nominados por decreto por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. El gobierno necesitaba el apoyo de dos tercios de la Cámara alta, donde cuenta apenas con siete escaños propios. Pero una amplia mayoría rechazó las aspiraciones.

En un comunicado, la presidencia explicó que “repudia la decisión del Senado de rechazar los pliegos propuestos por (...) Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia”. “Por primera vez en la historia, el Senado ha rechazado pliegos propuestos por un presidente por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara alta es el refugio de la casta política en el Congreso”, sostuvo el Ejecutivo.

De acuerdo con la Constitución, el gobierno nomina a los magistrados de la Corte Suprema y el Senado debe aprobarlos. El tratamiento de las candidaturas de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, que habían sido propuestos por Milei el año pasado, demoró por la falta de apoyo del Senado, que debe dar acuerdo a los nombramientos, aunque no tiene plazos para ello.

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En febrero el mandatario ultraliberal se valió de un artículo de la Constitución que lo habilita a nombrar “en comisión”, es decir para que ocupen el cargo hasta que finalice el período legislativo, cuyas sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre.

En ese marco la Corte Suprema le tomó juramento a García-Mansilla, un académico de perfil conservador contrario al aborto. En cambio, no hizo lo propio con Lijo, un juez federal del fuero criminal y correccional que intervino en varias causas de corrupción de exfuncionarios de todo el arco político. Había pedido una licencia para jurar como miembro interino del máximo tribunal, pero la Corte se la negó.

“No puedo creer que haya un solo senador dispuesto a votar esta aberración”, dijo en el recinto Martín Lousteau, senador por la Unión Cívica Radical (centro), que cargó contra la decisión del presidente de nombrar a los jueces por decreto. “Si permitimos este mecanismo no vamos a tener más jueces, vamos a tener empleados del Poder Ejecutivo”, dijo.

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La legisladora Guadalupe Tagliaferri (PRO, partido del expresidente Mauricio Macri), consideró además “inadmisible acompañar una Corte sin mujeres”. Entre las distintas causas en carpeta de la Corte Suprema, destaca el recurso de queja que la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) elevó este lunes para que revise la sentencia en su contra por corrupción.

Kirchner recusó además a García-Mansilla bajo el argumento de que lo propuso el presidente, quien expresó públicamente que la también exvicepresidenta (2019-2023) “va a ir presa”, afirmación que consideró es “una indebida e intolerable intromisión en asuntos judiciales”. La exmandataria, de 72 años, fue condenada en dos instancias a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua por “administración fraudulenta” en la adjudicación de obras viales durante sus presidencias.