El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas.

La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema. Presentado como una “primera etapa”, este esperado informe “documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables”, indicó la Comisión el viernes.

En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.400 millones de católicos, pidió un informe a esta comisión para tener información “fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar”. Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.

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La instancia fue integrada en 2022 en la Curia, pero ha sido objeto de duras críticas. “Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo”, indicó en el informe el presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley.

Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a “la verdad”. La Iglesia debe “estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información”, en particular “sobre las circunstancias y responsabilidades”, indicó el órgano.

La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis. Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una “definición más uniforme de la vulnerabilidad” extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.

En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que “la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión”. “Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti”, lamentó.

La comisión también considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad. El informe indica que el proceso debe realizarse “cuando esté justificado”, pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.

Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación. En África, por ejemplo, la comisión constató que “la cultura de la protección es un concepto nuevo”, que requiere “sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias”.

En México, en cambio, “importantes barreras culturales” se interponen al imperativo de denunciar la violencia sexual y, por tanto, “constituyen un claro obstáculo al proceso de justicia”. Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra la lacra de las violencias sexuales.

Entre ellas la eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.

Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.

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“Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo”, dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Según ella, cualquier cura “acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público”.

Otra prioridad sería, afirma, “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual”. “La responsabilidad empieza por divulgar la información”, agregó, considerando que “el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia”.

Fuente: AFP

Cuatro jóvenes desaparecieron en la tarde de ayer domingo en aguas del río Paraguay en zona de una cementera en la ciudad de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes. Se trata de tres varones y una mujer, todos entre 15 y 16 años, informó el comisario Miguel Moreno, jefe de la Comisaría Cuarta.

Según explicó el jefe policial a la 1020 AM, los menores se autoconvocaron y no dieron aviso a sus padres de que irían en el lugar. Ya en el sitio uno de los jóvenes, que en total eran once, dijo para lanzarse al agua y cuatro fueron arrastrados por la corriente, mientras que algunos pudieron ser rescatados.

Tras el suceso se realizó una intensa búsqueda en la zona con pescadores y buzos de la Prefectura Naval, pero sin éxito, mencionó el comisario. Añadió que en la mañana de este lunes se reanudará el operativo de búsqueda en la zona de la confluencia entre el río Paraguay y el río Confuso.

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El jefe de la Comisaría Cuarta contó que los menores eran compañeros en el Colegio Dr Raúl Peña de Villa Hayes. En ese sentido el centro educativo realizó un posteo en la tarde ayer en el que lamentaba lo acontecido con los estudiantes.

“Informamos que desde la institución estamos acompañando este triste momento y lo seguiremos haciendo, esperamos también el apoyo de todos para con los familiares”, señala el comunicado del colegio.

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La Pontificia Comisión para la Protección de los Menores del Vaticano presentará este martes su primer informe anual sobre el impacto de las políticas y procedimientos de prevención de abusos en la Iglesia, en el que se identificarán aquellas medidas que han resultado triunfantes en la estrategia de salvaguardia de menores y adultos vulnerables en los espacios eclesiásticos, pero se pondrán en evidencia también las lagunas que deja el sistema.

Según anunció este departamento del Vaticano, este informe será presentado por el presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, el cardenal Seán Patrick O’Malley; el miembro de la Comisión y presidenta del Informe Anual, Maud De Boer Buquicchio; el secretario de la Comisión, el obispo Luis Manuel Alí Herrera, y la secretaria adjunta de la Comisión, Teresa Kettelkamp.

“Nuestro objetivo es elaborar un informe anual con un compromiso de transparencia y rendición de cuentas, en solidaridad con las víctimas y los supervivientes de todo el mundo”, señaló O’Malley.

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El departamento del Vaticano definió la publicación de este informe como el primer paso de un proceso de recopilación de datos y elaboración de informes dentro de la Iglesia católica, que comenzó por una petición expresa del papa formulada en abril de 2022. En este sentido, su publicación se enmarca en la voluntad de Francisco de adoptar prácticas más transparentes en los procesos de rendición de cuentas.

La responsable última del informe, De Boer-Buquicchio, nombrada en 2021, trabajó en varias organizaciones internacionales como secretaria general adjunta del Consejo de Europa de 2002 a 2012, y como relatora especial de la ONU sobre la explotación sexual de los niños de 2014 a 2020.

Sobre el informe comentó cómo en su elaboración han podido explorar “muchas de las preocupaciones sobre la falta de datos disponibles”. “El informe anual es una herramienta para promover un cambio de mentalidad en la Iglesia que adopte la responsabilidad y la transparencia”, añadió. “El informe anual es una herramienta para promover este proceso de conversión pastoral”, valoró.

El también miembro de la comisión Benyam Dawit Mezmur, profesor de Derecho en la Universidad de Western Cape en Ciudad del Cabo, Sudáfrica y miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU durante los últimos 12 años, destacó por su parte que una revisión de la Santa Sede realizada en 2013 por la comisión de la ONU reveló varias cuestiones críticas.

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En ese sentido indicó “la necesidad de contar con una base de información sólida, la importancia de tener buenas prácticas y el papel que las intervenciones a nivel local pueden desempeñar realmente para prevenir, pero también para abordar los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia”.

“El Informe anual piloto contribuye realmente de forma significativa a abordar algunas de estas cuestiones”, afirmó a este respecto el profesor Mezmur. “Será un proceso, y ese proceso de información contribuirá inevitablemente de forma significativa a proporcionar intervenciones que puedan reproducirse en diferentes partes del mundo con vistas a prevenir y abordar la violencia sexual y los abusos sexuales en el seno de la Iglesia”, concluyó.

Fuente: Europa Press

Por Karina Ríos (karina.rios@nacionmedia.com)

Uno de los momentos más luctuosos de la historia paraguaya data del 23 de octubre de 1931. Ese día, estudiantes de distintos colegios se congregaron frente al Palacio de Gobierno y pretendían ingresar hasta la casa gubernamental para exigir, de ese modo, la defensa del Chaco. Pese a que el Paraguay se estaba preparando para enfrentar la osadía boliviana que avanzaba hacia las aguas del río Paraguay, la carrera armamentista nacional se estaba haciendo en silencio, para no alertar a los enemigos, por lo tanto, no se sabía.

La falta de conocimiento y la excesiva prudencia del Gobierno de ese entonces, motivaron la revuelta de estudiantes y civiles, que exigían la defensa del Chaco. Esta manifestación quedó marcada en la historia como un día de tristeza, luego de que los marines que estaban custodiando el Palacio reaccionaran con balas contra la protesta estudiantil.

Hoy se conmemoran 93 años del terrible día en que 11 estudiantes fueron asesinados a tiros durante una manifestación en la que reclamaban la inacción por parte del Gobierno para defender el Chaco paraguayo de los avances de las tropas bolivianas. Afirman que los fallecidos demostraron preocupación por el país y es un llamado para la juventud de demostrar interés por la situación actual de Paraguay.

El 23 de octubre de 1931, frente al Palacio de Gobierno, un grupo de marinos tomaron la decisión de abrir fuego contra un grupo de manifestantes, estudiantes de entre 16 y 20 años, que exigían que se tomen las medidas para defender las tierras del país. En total fallecieron once personas, estudiantes del Colegio Nacional de la Capital, del Comercio y otros que quedaron en el anonimato.

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En aquel entonces, este hecho enlutó a todo el país y quedó marcado en la historia paraguaya. La situación fue tan agobiante que el presidente de aquel entonces, José P. Guggiari, tuvo que renunciar y fue sometido en un juicio político del cual salió inocente, por no hallarse elementos que pudiesen probar que dio la orden para disparar.

“El legado que dejaron es que fueron estudiantes que se preocuparon por la situación que estaba pasando el país. Hoy en día es un llamado de que los jóvenes vuelvan a involucrarse en temas importantes y nacionales, no hablo de una guerra precisamente, sino que de cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad nacional”, dijo el historiador Fabián Chamorro, en contacto con La Nación/Nación Media.

En aquellos tiempos, la juventud se preocupaba por la realidad nacional y esto quedó demostrada con esa manifestación, en el que estos estudiantes salieron a reclamar sobre un momento importante que estaba pasando el Paraguay. “Se preocupaban por su realidad e incluso salieron a dar sus vidas para defender lo que consideraban importante”, señaló.

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Chamorro indicó que días antes del fatídico día ya se habían reportado manifestaciones importantes en las que participaron estudiantes de la carrera de Medicina, la Escuela de Comercio y Escuela Normal, que formaban a los maestros. Todo fue por la supuesta toma de un fortín paraguayo, poco antes de la Guerra del Chaco.

“La marcha fue por la supuesta indefensión del Chaco. Había ocurrido un incidente en el fortín Samaklay, donde supuestamente los bolivianos lo tomaron a la fuerza”, manifestó. Esto motivó la preocupación de los estudiantes que decidieron juntarse frente al Palacio de Gobierno para reclamar la falta de defensa.

Con el paso de los años se pudo constatar que el fortín no fue tomado por las tropas bolivianas como se pensó en aquel momento y quedó demostrado que en realidad fue abandonado por los combatientes paraguayos por el abrasante calor de aquella época y la falta de agua.

“Tiempo después se conoció que Samaklay en realidad fue abandonada por los paraguayos por falta de agua y ni siquiera hubo un enfrentamiento entre las tropas contendientes. Este supuesto enfrentamiento hizo que los estudiantes se movilicen en la capital del país”, puntualizó en LN.

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El historiador indicó que para 1932, el gobierno estaba preparado para defender el Chaco, pero que no fue una noticia que era difundida para evitar que llegara a oídos de las tropas enemigas, en este caso, de los bolivianos. Sin embargo, esta situación de silencio provocó la muerte de los estudiantes.

“Meses antes, precisamente en mayo de ese año, llegaron los cañoneros Paraguay y Humaitá, que demostraron que en el país se estaba preparando para la guerra. Fue un evento público y masivo, donde la ciudadanía recibió a esos barcos que garantizan la soberanía paraguaya sobre el río”, refirió.

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Ante la falta de comunicación, los estudiantes salieron a las calles y llegaron hasta el palacio para exigir al presidente Guggiari que haga algo para evitar que Bolivia siga tomando los fortines del Chaco. Sin embargo, no tuvieron respuesta y tenían la intención de ingresar a la fuerza, lo que hizo que los marinos abrieran fuego.

“Como medida, solo se conoce el juicio político a José P. Guggiari, del que salió absuelto y volvió a la Presidencia, pero no se conoce de procesos contra los marinos que dispararon, probablemente para la legislación o los políticos de la época esos marinos actuaron como debían de reaccionar”, apuntó en comunicación con nuestro medio.

Agregó que en aquel tiempo y hasta la fecha, el gobierno es responsable de lo que hace su fuerza de seguridad. “Estos chicos atropellaron el Palacio de Gobierno, hubo una intención de ingresar a la fuerza y en cualquier Poder Ejecutivo que se atropelle en el mundo, van a reaccionar como reaccionaron los marinos de aquella vez, que dispararon contra la multitud”, concluyó.

• Una de las calles en Asunción fue denominada 23 de Octubre, en conmemoración a estos estudiantes. Es la arteria que comienza frente al templo de La Recoleta, en la avenida Mariscal López y llega hasta la avenida España.
• En la manifestación estudiantil participaron más de 400 jóvenes, motivados por la falta de respuesta a la penetración boliviana en el Chaco.
• Fallecieron 10 estudiantes y un anciano, al menos 30 manifestantes heridos.