La baja por menstruación dolorosa estará en el anteproyecto de la ley del aborto que el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, según han informado a Europa Press este viernes fuentes del Gobierno.
Las mismas fuentes han indicado que se tratará de una incapacidad temporal asumida por la Seguridad Social desde el primer día, por lo que no supondrá ningún coste para las empresas. Además, no exigirá, como sí se hace con otras incapacidades temporales comunes, ningún tiempo mínimo cotizado, ni se establecerá un número de días (inicialmente se hablaban de tres días), sino que serán los que necesite cada mujer.
La propia secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ya había adelantado que esta medida estaría en la norma. Lo hizo en declaraciones a los medios desde Palma de Mallorca, en donde se ha reunido este viernes con la consejera balear de Presidencia.
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Rodríguez ha explicado que esta medida situará a España en la vanguardia” de los derechos de salud y reproductivos y ha reivindicado que el derecho laboral “no puede ser neutro al género”. El Gobierno se pone, así, de acuerdo en un tema que estaba aún negociando esta misma semana, según explicó este miércoles el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
El ministro explicó que estaba trabajando con Igualdad para buscar un “equilibrio” para reforzar su “protección” en estos casos y hacerlo compatible con que no se vea “entorpecida” la participación “plena” de la mujer en el mercado de trabajo.
Aborto para adolescentes
El Ministerio de Igualdad planea llevar el próximo martes 17 de mayo la reforma de la ley del aborto al Consejo de Ministros para su aprobación en primera lectura, según han explicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Irene Montero.
La propia ministra adelantó gran parte del contenido de esta iniciativa el pasado mes de febrero, durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso, destacando medidas como el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a las menores de 16 y 17 años de forma “autónoma” o la creación de un sistema para la objeción de conciencia como el que se aplica en la ya aprobada de la Ley de Eutanasia.
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Sobre esto último, Montero indicó que el objetivo de esta reforma es que en los servicios de ginecología y obstetricia de los centros públicos se garantice esta práctica. Para ello, según ha indicado, se respetará “escrupulosamente” el “derecho constitucional” a la objeción de conciencia”, pero haciéndolo “escrupulosamente compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos”.
En este sentido, la reforma recoge que será la mujer quien decida el método de interrupción y en el centro de salud le darán la información necesaria para poder tomar esa decisión. Además, se eliminará la obligación de reflexión de tres días.
Salud sexual y menstrual
El texto, según indicó Montero, también incluye medidas que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como una mejora de la atención, un avance en el reconocimiento de permiso maternal preparto o actuaciones para prevenir y erradicar la violencia ginecobstétrica.
La responsable de Igualdad explicó que, con esta norma, “la salud menstrual pasará a ser un estándar determinante a la hora de valorar el acceso a la salud de las mujeres, y garantizarla será una obligación del Estado y los poderes públicos”.
En este sentido, la ley abordará el hecho de que productos de primera necesidad para la mayoría de mujeres “sigan siendo enormemente costosos” o el posible desarrollo de una píldora anticonceptiva masculina para que las mujeres no sean las que siempre asuman la responsabilidad en esta materia.
Dentro de esta reforma también se ha tratado la posibilidad de exista una baja laboral por dolores de regla severos, para que las mujeres con este cuadro médico se queden en casa o se flexibilice la jornada laboral. De igual modo, la reforma prevé contemplar la gestación por subrogación como violencia contra la mujer.
Una “barbaridad”
El cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, ha calificado de “barbaridad” que la reforma de la Ley del Aborto prevea que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno y cree que “los padres tienen algo que decir” en este tema.
En todo caso, durante su intervención en el desayuno informativo de Nueva Economía Forum, ha lamentado que en “momentos de crisis” los políticos saquen temas como el aborto para “desviar” la atención de “otros temas más importantes”. “Eso es utilizar temas morales para la política”, ha señalado.
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Preguntado por la reforma de la ley del aborto que el Gobierno aprobará en primera lectura, previsiblemente, en el Consejo de Ministros de este martes, Omella ha apuntado que la “proclama” de la Iglesia es “la defensa de la vida” y que, haciendo caso a la opinión de “médicos” y “científicos”, lo que hay en el vientre de una madre tras la concepción es “una vida distinta”, es decir, “un ser humano”.
Por ello, según ha insistido, desde la institución se defenderá “en todo momento” la vida de este ser humano y, además ha precisado que, “si se ayuda a abortar” también se debería hacer con “las madres que no quieren” hacerlo o con “los médicos profesionales defensores de la vida”. “No les obliguemos a no tener que hacer objeción de conciencia”, ha declarado. “Yo creo que esa ley tiene que ir por ese camino de respeto a la sociedad, a las personas y al respeto al profesional también”, ha insistido.
Fuente: Europa Press.