La policía de Ecuador anunció ayer la captura de 200 presos que seguían fugitivos, el día después de un escape masivo de una prisión del centro de Ecuador facilitado por una sangrienta reyerta. Al menos 44 internos murieron cuando se desató una riña la madrugada del lunes entre la banda Los Lobos y su rival R7 en la cárcel de Bellavista, en la ciudad de Santo Domingo (a unos 80 Km de Quito). Otros diez presos resultaron heridos, además de un policía, según las autoridades.

Aunque los uniformados tomaron el control del penal y declararon “total tranquilidad”, fachadas quemadas y un agujero en la pared que presuntamente se usó en la fuga recordaban los sucesos violentos, según constató la AFP durante una visita al complejo penitenciario.

Con este último episodio sangriento, ya suman casi 400 reclusos muertos en seis masacres en las cárceles de Ecuador desde febrero de 2021, que el gobierno atribuye a una lucha entre bandas por la distribución de droga dentro y fuera de las prisiones.

El presidente Guillermo Lasso dijo este martes que su gobierno libra una “guerra no convencional” contra un “nuevo enemigo” en Ecuador, país fronterizo con Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína en el mundo.

El mandatario habló durante una reunión con una firma israelí de seguridad en Tel Aviv, donde realiza una gira con el objetivo de proveer a Ecuador con tecnología para combatir la violencia que también se esparce en las calles. El país registró más de 1.200 asesinatos en los cuatro primeros meses del año, la mitad de lo registrado en todo 2021.

La mayoría de las víctimas en Bellavista murieron por armas blancas dentro de las celdas. Sin embargo, las autoridades también hallaron fusiles, pistolas, granadas y municiones. Una fuga masiva siguió a los disturbios. Las autoridades dijeron inicialmente que 108 reos se habían escapado y desplegaron patrullajes y puntos de control de policías y militares. “Existió un total de 220 ciudadanos que (se) fugaron el día de ayer y al momento están 200 recapturados”, declaró a la prensa el jefe de operaciones de la Policía, el general Geovanny Ponce.

El gobierno ofrecerá recompensas de hasta 5.000 dólares por información que lleve a la recaptura de los 20 reos que siguen fugitivos. Algunos internos presuntamente recapturados iban, manos en la nuca, escoltados por policías en uniforme antidisturbios, según imágenes difundidas por la Policía en Twitter.

Dos de los fallecidos son venezolanos y hasta el momento se han identificado 41 cadáveres, dijo el jefe policial. Mientras, la incertidumbre continuaba para decenas de desconsolados familiares, en su mayoría mujeres, que se agolparon en las puertas de la prisión esperando información oficial sobre sus seres queridos.

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Militares armados con escopetas custodiaban las inmediaciones, constató la AFP. “No nos dan ninguna información. Dicen que los jóvenes se escaparon por salvar sus vidas”, afirmó a la AFP Leisi Zambrano, que esperaba noticias de su hermano.

“Hay muchas madres que hasta la actualidad no les han dado noticias de sus muertos, de si están vivos”, agregó la mujer, de 48 años. El incidente, poco más de un mes después de otra matanza que dejó 20 reclusos muertos, puso nuevamente de manifiesto la crisis de la violencia carcelaria en Ecuador.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reiteró su “profunda alarma” y subrayó “la necesidad urgente de una reforma integral del sistema de justicia penal” ecuatoriano, según su portavoz Liz Throssell. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA, condenó por su lado la violencia y llamó a una investigación “rápida, seria e imparcial”.

Zambrano dijo haber acudido al penal tan pronto supo de los enfrentamientos. “Los presos pedían auxilio, que no los dejaran morir”. “Adentro es una carnicería”, comentó a la AFP. Para intentar frenar la violencia, seis cabecillas de bandas fueron trasladados de Bellavista a dos prisiones de máxima seguridad.

El gobierno de Lasso había decidido previamente la reubicación de presos peligrosos, en el marco de un conjunto de medidas que incluyen indultos para reducir el hacinamiento generalizado, la asignación de presupuesto a las cárceles y la creación de una comisión de pacificación.

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Pero esas medidas han sido al parecer insuficiente para frenar las masacres carcelarias, de las peores de Latinoamérica. Asimismo, el gobierno decretó un estado de excepción hasta finales de junio en tres provincias del oeste -Guayas, Manabí y Esmeraldas-, las más golpeadas por el tráfico de drogas.

“Lo que ocurrió en Santo Domingo va a verse reflejado en los barrios en donde operan las pandillas que se enfrentaron”, dijo a la AFP el activista de derechos humanos Luis Saavedra. “Mientras más violencia haya en la cárcel mayor número de sicariatos habrá en los barrios”, afirmó.

Fuente: AFP.