El Congreso sancionó sin modificaciones el proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades. Desde la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) celebraron lo resuelto por el Parlamento y aguardan el visto bueno por parte del Ejecutivo.

“Por fin pudimos culminar el ciclo en el Congreso de este proyecto que habíamos presentado la Opaci, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y Diputados, después de una serie de reuniones para modificar nuevamente la ley n.° 7.447″, manifestó Nelson Peralta, director ejecutivo de la mencionada institución.

Para Peralta, el texto sancionado es mucho más justo, dado que deja atrás el porcentaje que estaba fijado inicialmente que ascendía 0,5% sobre el valor impositivo y que posteriormente fue modificado fijándose en el jornal mínimo diario. El porcentaje del 0,3% sobre el valor imponible que, entraría en vigencia si el presidente Santiago Peña promulga esta ley, permitiría que lo abonado por los contribuyentes se adapte a un monto cercano a lo que ya se venían pagando.

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“Se planteó que para ayudar y bajar el costo y adaptar a lo que se venía cobrando, creímos prudente que el impuesto se calcule sobre el valor impositivo, pero al 0,3%, eso haría que los vehículos más económicos estén pagando entre G. 100.000 y 170.000, pero a eso hay que cargar los costos de las tasas que las respectivas municipalidades vienen cobrando”, explicó Peralta a la 780 AM.

El valor imponible lo determina la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNIT) y será la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial la encargada de recolectar esta información y realizar el cálculo para el costo de las patentes por cada categoría de vehículos, información que a su vez será entregada a las municipalidades una vez que esta ley tenga la promulgación de la Presidencia.

“Hay un nuevo punto importante que dice que el intendente será multado por cada habilitación mal concedida con un jornal mínimo diario por cada habilitación, la responsabilidad es personal porque los jefes comunales son los responsables de lo que ocurre en su oficina”, enfatizó. Uno de los objetivos de estas modificaciones también apuntaba a evitar la fuga de contribuyentes, quienes terminaban acudiendo a otras municipalidades debido a la diferencia abismal entre comunas para el pago de patentes.

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El debate, las publicaciones periodísticas, la ley de transparencia para las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han sido valoradas en el plano internacional, específicamente en Perú, país desde donde Rossana Escobar, jefa de la Unidad de Investigación de Nación Media, fue entrevistada este viernes.

“En Paraguay el año pasado fue un escándalo la donación de USD 58 millones que se había administrado en un grupo de ONG”, comentó la periodista, quien señaló que el 2024 fue un año clave en todo lo relacionado a los fondos administrados por las organizaciones sin fines de lucro.

De acuerdo a lo expuesto por Escobar, las investigaciones develaron que estas ONG administraban cifras siderales de dinero provenientes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y otras agencias de cooperación bajo la excusa de luchar contra la corrupción a través de diversos proyectos, no obstante, había un esquema donde la mayor parte del dinero era destinado simplemente a salarios y honorarios profesionales.

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“Se desmanteló un teatro gigantesco cuando salieron las facturas de cómo cobraban. Estos no son recursos privados como se quieren hacer creer, estamos hablando de una cooperación internacional que viene a nombre del Estado, tenían clanes enteros dentro de las organizaciones, había gente liderando ONG que se candidató en las últimas elecciones”, remarcó.

La entrevista a la periodista experta en investigación fue brindado por la Sociedad de la Libertad, un sitio peruano donde también dieron a conocer que el mismo esquema que estaba montado en nuestro país, también opera en Perú donde existe una fuerte campaña de quienes se oponen a que exista una ley que transparente el manejo de las organizaciones sin fines de lucro.

“Fue una dura lucha, acá había muchísimo temor con respecto a eso, pero acá no hay un solo indígena o campesino beneficiario de esas ayudas humanitarias que hayan salido a manifestarse, todos son miembros de estas ONG que en su mayoría son empresarios y políticos también. Los impulsores de la iniciativa se ganaron una cantidad de tapas de diario, garrotes a través de la prensa”, recordó Escobar.

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La periodista de Nación Media precisó al medio peruano que el escándalo en nuestro país surgió luego de que las investigaciones revelaran que un pequeño grupo de ONG eran los habituales receptores de dinero obtenido a través de la cooperación internacional. Estas organizaciones gozaban de la credibilidad de la ciudadanía por los espacios que recibían en la prensa por ser considerados personas de alto prestigio.

“Toda la plata se fue a honorarios profesionales, es decir, el proyecto que se había firmado era para fortalecer la transparencia, porque esa es la bandera que utilizan en la mayoría de los países, el fortalecimiento de la democracia, de la transparencia, del control ciudadano y la gente cree en eso, sin embargo, lastimosamente es un gran negocio”, expresó.

Ante las posiciones encontradas que existen en torno a la ley que crea la unificación de los costos de las patentes en los diferentes municipios del país, varios intendentes solicitaron a través de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) modificar la norma y que el proyecto pueda ser estudiado y, por sobre todo, buscar una forma de equiparar los costos al menos de manera gradual.

Óscar Cabrera, presidente de la Opaci, destacó que uno de los puntos que genera mayor conflicto dentro de la unificación son los costos que se igualan no por modelo o gama de vehículo, sino por el año del mismo, dejando de lado la variante que, si bien pueden ser del mismo año, no cuestan lo mismo y por ende no pueden tributar lo mismo.

“No fue la Opaci quien propuso este proyecto de ley. Además, en honor a la verdad, hay colegas que están de acuerdo con la unificación y hay colegas que no están de acuerdo; cada uno tiene sus intereses. Como cualquier ley, ordenanza o artículo que se pueda estudiar, siempre hay modificaciones que se pueden ir haciendo”, dijo Cabrera a la 780 AM.

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El mismo enfatizó en que existen muchos ítems que pueden ajustarse para categorizar mejor las tributaciones y de esa manera que el sistema sea favorable para el contribuyente, ya que finalmente lo que se busca es fidelizar a la comunidad de cada municipio y que ya no exista fuga de tributos hacia otras ciudades.

“En cuanto a la unificación, yo creo que en algún momento se debe hacer. No puede ser que un municipio cobre 50.000 guaraníes y otro municipio 500.000 guaraníes por el mismo tipo de vehículo. Esta ley tiene muy buenas intenciones. Dentro de esto está el registro único de habilitación, que nos va a permitir tener la identificación de quién tiene el vehículo”, precisó en otro momento el presidente de la Opaci.

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“Esta nueva normativa pretende ser el factor que promueva una mejor prestación de la función pública”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras promulgarse la “Ley de la función pública y la carrera del servicio civil”. Rechazó que la misma haya sido aprobada a las “apuradas” por el Legislativo y el Ejecutivo tal como argumentan algunos sectores opositores y medios de comunicación afines.

“Cae por su propio peso. El propio Fondo Monetario Internacional, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s que evalúo positivamente al Paraguay han reconocido el carácter participativo y deliberativo que ha tenido esta ley desde su génesis”, sentenció.

Agregó, además, que “el presidente de la República con su equipo de transición había recomendado analizar las bases para la reforma de la ley de la función pública para la creación de un servicio civil. Ya en ese entonces, empezó las primeras reuniones, luego la viceministra de Capital Humano con todo el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas se reunieron con más de 50 sindicatos, se realizaron audiencias públicas, reuniones en comisiones”.

“La mejor prestación se dará al exigirse el ingreso, el mantenimiento y el ascenso y promoción solo y únicamente a partir del concurso. El funcionario público sabrá que se premiará su meritocracia, pondrá mejor empeño. Al designarse las personas solo por sus méritos, necesariamente tendrán que implicar una mejor prestación de servicios”, mencionó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

González indicó que las instituciones del Estado cuando empiecen a tener eficacia plena de la normativa podrán desarrollar políticas a largo plazo. “Los funcionarios públicos sabrán en qué se equivocaron, qué aspectos hay que potenciar, no cometerán los mismos errores. Los funcionarios serán permanentes, no porque cambie el gobernante tendrá que cambiar el plantel de directivos públicos como normalmente ocurre. A partir de ahora solo habrán 4 cargos de confianza, jefe de gabinete, secretario general, director jurídico y director de administración y finanzas”, detalló.