Un aeropuerto de Nueva Zelanda impuso un límite de tres minutos a los abrazos de despedida, lo que desató un debate sobre cuánto tiempo se puede aferrar a un arrumaco. Los encargados del aeropuerto internacional de la ciudad sureña de Dunedin indicaron que les sorprendió la respuesta viral a la regla impuesta en la zona para dejar pasajeros.

“Para que las cosas fluyan sin problemas, instalamos rótulos nuevos, incluyendo el de ‘Tiempo máximo de abrazos 3 minutos’”, indicó el ejecutivo de la terminal, Daniel De Bono. “Es nuestra forma no convencional de recordar a la gente que la zona de dejar pasajeros es para despedidas rápidas”, explicó.

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“Y no se preocupen, un abrazo de 20 segundos es suficiente para liberar oxitocina y serotonina, las hormonas de la felicidad que aumentan el bienestar, así que tres minutos es suficiente tiempo para despedirse y recibir su dosis de felicidad”, agregó. Quienes desean un abrazo más largo pueden usar el estacionamiento, donde los primeros 15 minutos son gratuitos.

La restricción a los abrazos se hizo viral y causó división de opiniones en redes sociales. “¿Policía de abrazos? ¡Esto es raro! Está probado que los abrazos tienen beneficios, sin mencionar la salud mental”, comentó un usuario en la página de Facebook del aeropuerto. Los topes a los abrazos comenzaron en setiembre sin mayor reacción, pero luego el impacto fue abrumador. “Nos ha sorprendido el interés mundial que ha tenido”, comentó Sarah Soper, ejecutiva de marketing y comunicación del aeropuerto.

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Fuente: AFP.

El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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Tras darse a conocer la propuesta de las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) de trasladar las oficinas administrativas de la institución hasta un local ubicado en el barrio Rincón de la ciudad de Ñemby, el malestar de los posibles vecinos no se hizo esperar.

Si bien la idea del traslado surgió como una posible solución para lograr que los grupos de pueblos originarios desalojen calles aledañas al Indi y ya no generen caos en el tránsito cuando realizan las protestas exigiendo sus reivindicaciones, ahora los vecinos del nuevo local del instituto se encuentran en pie de guerra, ya que se niegan a tener que pasar por las mismas circunstancias calamitosas que generó el traslado.

“No nos gusta la idea de que se muden acá; estamos reunidos más de 20 comisiones vecinales con las cuales nos mantenemos en contacto y planteamos, inclusive, una manifestación para el próximo sábado. Nuestro temor es que, como hay baldíos aquí enfrente, se instalen los indígenas aquí y ya no se vayan”, comentó Victor Godoy, vecino de la zona, en conversación con el programa “Arriba Hoy” emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El mismo precisó que conocen el historial de problemas de estas personas, y que si bien se habla de que se buscan mejorar las condiciones de los mismos, nadie puede darle a los vecinos la garantía de que no se repita el escenario y, por sobre todo, de que si se da la instalación de estas personas, las mismas puedan ser desalojadas por la policía.

Por su parte, Eva Fleitas, otra pobladora de la zona, manifestó que si bien comprenden la necesidad de cambiar la sede del Indi, destacó que esta no puede estar en un barrio como ese, el cual es considerado residencial y cuenta con una población muy alta de niños y adolecentes que pueden estar expuestos a las conductas atipicas de los indígenas.

“Muchos nos mencionaron que esta sería una medida provisoria hasta que se realice una sede más amplia y en condiciones, pero la verdad es que no creemos en que sea una decisión provisoria o si lo es pasará mucho tiempo antes de que cambien a la sede definitiva y nosotros no vamos a tolerar esto”, remacó Eva Fletas en conversación con GEN.

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Miles de personas se manifestaron este domingo en las islas Canarias en contra del turismo de masas que, según ellos, afecta negativamente a este archipiélago español situado en el océano Atlántico. “Canarias tiene un límite”, corearon los manifestantes, que se congregaron en los puntos turísticos más importantes de las siete principales islas que forman el archipiélago.

En Gran Canaria, los manifestantes protestaron frente a un centro de convenciones en Maspalomas. En Fuerteventura, se concentraron frente al único parque acuático de la isla y en Tenerife, en la zona de ocio nocturno de Playa de las Américas. “Esta playa es nuestra”, corearon ante la mirada de los turistas sentados en tumbonas bajo sombrillas.

Las protestas siguen las que se produjeron en abril en plazas de todo el archipiélago. Los manifestantes denuncian un modelo de turismo de masas que, según ellos, favorece a los inversores a expensas del medioambiente, priva a los residentes locales de vivienda y les obliga a realizar trabajos mal pagados en el sector servicios.

“El sector turístico está trayendo pobreza, paro y miseria en el archipiélago canario”, declaró a AFP en una protesta en Gran Canaria Eugenio Reyes Naranjo, el portavoz de la federación Ben Magec-Ecologistas en Acción. “Canarias no se vende” y “Basta ya”, se podía leer en las pancartas de los manifestantes, que pidieron limitar el número de turistas, restringir los pisos turísticos y que se frene lo que califican de urbanización descontrolada. Cerca de 6.500 personas participaron en la protesta en Tenerife, 5.000 en Gran Canaria y más de 1.500 en Lanzarote, indicaron las autoridades locales.

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El archipiélago, situado frente a la costa noroeste de África, es conocido por sus islas de paisajes volcánicos y su buen tiempo durante todo el año, lo que lo convierten en un popular destino para los amantes del sol del norte de Europa. El año pasado, un récord de 16,2 millones de personas visitaron las islas, un aumento del 10,9% respecto a 2022 y más de siete veces su población, de unos 2,2 millones.

Los manifestantes consideran que estas cifras son insostenibles para los limitados recursos del archipiélago. Las islas van camino de pulverizar este récord este año. Iván Cerdeña, portavoz del grupo medioambiental local ATAN, que jugó un papel clave en las protestas, afirmó que buscan poner a las manifestaciones en “el epicentro de este modelo económico injusto”.

Alrededor de cuatro de cada diez residentes trabaja en el sector turístico, que representa el 36% del producto interior bruto (PIB) de las islas, según datos oficiales. Pero muchos canarios se quejan de no recibir esta riqueza generada por el sector turístico que, según ellos, va a parar principalmente a grandes empresas de fuera del archipiélago. “Las riquezas que se generan aquí en el archipiélago van por toda Europa y los canarios no recibe nada por ello. Son empresas de fuera las que vienen aquí y nosotros no vemos el dinero por ningún lado”, dijo Adrián Souza, de 32 años, un manifestante en Maspalomas.

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Una de cada tres personas que vive en Canarias está en riesgo de pobreza y a un 65% le cuesta llegar a fin de mes, según las últimas cifras de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Algunos turistas vitorearon a los manifestantes al pasar por delante de ellos. “La costa se está viendo dañada por tanta construcción. Estoy totalmente de acuerdo con ellos”, declaró Rosalia Magalilo, una turista suiza de 55 años que afirma que viaja a Gran Canaria desde hace 30 años.

Las protestas contra el turismo de masas se multiplicaron en los últimos meses en toda España, el segundo país más visitado del mundo después de Francia. Esto ha llevado a las autoridades a intentar conciliar los intereses de la población local y los de un lucrativo sector que representa el 12,8% de la economía española. El ayuntamiento de Barcelona anunció que prohibirá todos los apartamentos turísticos de aquí a 2028, mientras que la ciudad de Sevilla, en el sur del país, planea cortar el suministro de agua a las viviendas alquiladas sin licencia a turistas.

Fuente: AFP.