Desde el sábado pasado ya es oficial: los austriacos de más de 18 años deben vacunarse contra el COVID-19 so pena de enfrentar una fuerte multa, una medida sin precedentes en la Unión Europea.

La ley fue adoptada el 20 de enero por el Parlamento y promulgada el viernes por el presidente, la culminación de un proceso iniciado en noviembre con la propagación acelerada de la pandemia. El gobierno optó por hacer obligatoria la vacuna pese a las fuertes críticas, a diferencia de sus socios europeos.

“Ningún otro país de Europa nos siguió con la vacunación obligatoria”, dijo Manuel Krautgartner, un activista contra las reglas sanitarias en la ciudad de Linz (norte). En la vecina Alemania, un proyecto similar defendido por el nuevo canciller socialdemócrata Olaf Scholz, comenzó a ser debatido el 26 de enero en el Bundestag (parlamento), donde quedaron expuestas las diferencias políticas sobre el tema.

Hasta la fecha, la tasa de vacunación no ha avanzado mucho en Austria y se mantiene a un nivel más bajo que los de Francia o España, en alrededor de 70% de la población. Mientras tanto, en los centros de vacunación de Viena la afluencia es inferior a lo esperado.

“Estamos lejos de alcanzar la capacidad máxima, se estancó totalmente”, declaró a AFP Stefanie Kurzweil, de la asociación humanitaria Arbeiter Samariter Bund, que supervisa uno de los centros, días antes de la entrada en vigor de la ley. Melanie, una joven de 23 años quien no quiso revelar su apellido, dijo que se puso la tercera dosis sin estar convencida, solo para evitar el vencimiento de su certificado de vacunación.

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“Yo no me quería quedar encerrada en casa”, indicó, debido a que en Austria los no vacunados son excluidos de restaurantes, instalaciones deportivas y eventos culturales. Y ahora también serán sometidos a multas, algo que ella considera “malsano”.

La ley se aplica a todos las personas mayores de edad, con excepción de mujeres embarazadas, personas que contrajeron el virus hace menos de 180 días y otros que pueden recibir una exención por razones médicas. Sin embargo, los controles comenzarán a aplicarse a mediados de marzo, con la aplicación de multas de entre 600 y 3.600 euros (685 a 4.100 dólares), que serán levantadas si la persona se vacuna en las siguientes dos semanas.

En la fila de espera de un centro de vacunación, algunos están a favor de la inoculación obligatoria. “Habríamos terminado desde hace tiempo [con la pandemia] si todo el mundo estuviera vacunado”, reclamó Angelika Altmann, quien trabaja en un despacho de abogados.

Más de 60% de los austriacos apoyan la medida, según una encuesta reciente, pero gran parte de la población permanece fuertemente en contra. Durante varias semanas después del anuncio del proyecto, decenas de miles de personas marcharon contra la medida, que calificaron como radical y contraria a la libertad.

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También se dieron críticas en el sentido de que esta ley surgió al aparecer la variante ómicron, de menos gravedad, aunque causante de una explosión de casos. El canciller conservador Karl Nehammer, quien gobierna junto a los verdes, anunció al mismo tiempo un ablandamiento de las restricciones sanitarias.

Pero para el ministro de Salud, Wolfgang Muckstein, la vacunación obligatoria busca proteger contra “las nuevas oleadas” y luchar contra las nuevas variantes que puedan aparecer en los próximos meses. El pase de vacunación ha sido adoptado por un número creciente de países para ciertas profesiones o actividades, pero la vacunación obligatoria es una excepción.

En Ecuador es obligatoria e incluye a los niños de más de cinco años, un caso único en el mundo. Dos gobiernos autoritarios de Asia central, Tayikistán y Turkmenistán, también impusieron la vacunación, al igual que Indonesia, aunque en la práctica menos de la mitad de su población está vacunada.

En un incesante ir y venir de camiones, cientos de miles de cajas azules llegan cada día a un laboratorio de Viena, símbolo del éxito en Austria de los test de saliva para detectar el COVID-19.

El programa “Alles Gurgelt” (“Todos a hacer gárgaras”) empezó a finales de 2020 en Viena para combatir la pandemia y con el aumento del número de casos por la variante ómicron está en pleno apogeo. Los vieneses, con kits que les reparten gratuitamente, hacen gárgaras casi a diario frente a la pantalla de su ordenador y luego llevan la probeta a la tienda de la esquina.

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Los resultados se conocen en 24 horas y van acompañados de un certificado de test PCR, necesario en este país de 8,9 millones de habitantes para ir a la escuela, a la ópera o para hacer deporte. “Es extremadamente fácil”, dice Michael Havel, director general del laboratorio Lifebrain, para explicar el éxito del sistema.

En las instalaciones situadas en un vasto complejo hospitalario, el ritmo es frenético para los 1.800 empleados a tiempo completo, un tercio de los cuales fueron contratados en los últimos dos meses. Día y noche, trabajadores de decenas de nacionalidades escanean los códigos de barras de los tubos, los destapan y luego el líquido es analizado por las máquinas. El laboratorio puede examinar hasta 800.000 pruebas al día.

Austria llevó a cabo 145 millones de test de todo tipo desde el inicio de la pandemia, que ha causado más de 14.000 muertos en el país. En la actualidad se realizan casi 80 test diarios por cada mil habitantes (en una media de siete días), frente a solo 15 en Francia y 4 en Alemania, lo que la sitúa a Austria a la cabeza del ranking mundial, según estimaciones de la web Our World In Data.

Esta política de test masivos, financiada con el dinero de los contribuyentes, tiene un alto precio, 2.600 millones de euros (2.975 millones de dólares) solo en 2021 y algunos critican su utilidad. “Hasta ahora, esta estrategia estaba plenamente justificada, pero con ómicron todo es diferente”, admite Ulrich Elling, investigador de la Academia Austriaca de Ciencias, que ayudó a desarrollar el método de las gárgaras.

Fuente: AFP.