“El resultado del PCR (COVID-19) de ayer (sábado) fue negativo, el de hoy (domingo) es positivo”, anunció en su cuenta de la red Twitter la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de 62 años, quien sustituyó en el cargo a Juan Orlando Hernández para el periodo 2022-2026.
“Según los exámenes es leve. Con la bendición del Creador del universo, sigo ateniendo no presencial, mi Plan de Gobierno para retornar al orden democrático y constitucional”, añadió. La presidenta cuenta con dos dosis de la vacuna anti-COVID-19, según explicó a la AFP su esposo, el derrocado expresidente Manuel Zelaya (2006-2009). El exgobernante detalló que los últimos exámenes no muestran comprometimiento en los pulmones de Castro.
Durante la semana, Castro realizó actividades públicas, participando el martes y el jueves en las celebraciones por el 275° aniversario de la aparición de la virgen de Suyapa, en la basílica del este de Tegucigalpa. En la Casa Presidencial juramentó a ministros y otros funcionarios y recibió la visita del boxeador Teófimo López, nacido en Nueva York de padres hondureños.
Su antecesor Hernández también se contagió de COVID-19 en 2020 y estuvo internado con severas complicaciones respiratorias en el Hospital Militar. Honduras registra más 40.000 contagiados y más de los 10.500 muertos por la pandemia de coronavirus.
Amnistía a funcionarios de su esposo
La nueva presidenta de Honduras, la izquierdista Xiomara Castro, quien llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción, promulgó el sábado una ley que exoneró de delitos diversos a funcionarios del gobierno de su esposo, el derrocado Manuel Zelaya (2006-2009). Esa norma fue aprobada la noche del jueves pasado por el Parlamento que preside Luis Redondo, leal a Castro, cuando aún no se ha resuelto el dilema de la legalidad del Congreso.
Se disputan la legitimidad de la presidencia del Parlamento la directiva que preside Redondo y la conformada por Jorge Cálix, elegido por disidentes del partido de gobierno y apoyado por parte de la oposición. Las negociaciones prosiguen y en ellas participa Manuel Zelaya, coordinador del gobernante Libertad y Refundación (Libre).
Pese a la situación, Castro promulgó la norma, publicada este sábado en La Gaceta oficial, lo que la vuelve válida, en una decisión rechazada incluso por su recién nombrado ministro asesor en materia de Transparencia.
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La “Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional y para que los Hechos no se Repitan”, concede “amnistía general, amplia e incondicional (...) a funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero 2006 al 28 de Junio 2009″.
Incluye a “acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el Golpe de Estado (contra Zelaya) y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados”, agrega.
La amnistía también favorece a quienes fueron encarcelados por manifestarse contra la reelección del presidente Juan Orlando Hernández en 2017, antecesor de Castro. Zelaya fue derrocado en 2009 por una alianza cívico-militar, que le cuestionó su acercamiento al chavismo en la Venezuela socialista.
Sectores anticorrupción consideran que la norma no sólo puede favorecer a funcionarios de Zelaya procesados producto de su derrocamiento, sino a otros que podrían estar envueltos en actos ilícitos. Algunos funcionarios del gobierno de Zelaya están procesados por supuesta corrupción, incluyendo uno de los diputados cercanos a Redondo y un exministro que huyó a Nicaragua.
“No podemos permitir que los delitos contra la administración pública puedan ser eximidos”, expresó Odir Fernández, representante del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una instancia de la sociedad civil. “Un nuevo pacto de impunidad”, escribió en su cuenta de Twitter Edmundo Orellana, ministro asesor en materia de Transparencia y Combate de la Corrupción nombrado por Castro, tras asumir el poder el 27 de enero.
El abogado del gremio de empresarios, Gustavo Solórzano, denunció que “es un abuso que se pretende dar, es un pacto de impunidad que nosotros no compartimos”. Añadió que esta disposición no debería tener validez por el conflicto sobre la legalidad del Congreso.
Fuente: AFP.