Bolivia empieza a inmunizar desde hoy a niños de cinco a once años de edad contra el COVID-19. El presidente del país vecino, Luis Arce, indicó que el objetivo es incrementar así la población objetivo a más de 10 millones de personas.
“Hemos tomado la decisión de que, a partir de mañana, jueves 9 de diciembre, la vacunación contra el COVID-19 llegará también a los niños de entre cinco y once años”, señaló el mandatario ayer en un mensaje transmitido por los medios estatales y redes sociales. “El esquema de inmunización será el mismo que para otros grupos etarios: dos dosis con 21 días de intervalo”, según explicó.
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El gobierno boliviano estima que hay 1,6 millones de niños de este rango de edades, a quienes se les colocarán vacunas de Sinopharm y Pfizer. Al incluir a este grupo en la campaña de vacunación, se amplió a 10,2 millones la población a ser inmunizada en la nación andina de 11,5 millones de habitantes, que acumula 546.000 contagios y más de 19.000 decesos por la pandemia.
Bolivia ha aplicado hasta ahora 8,8 millones de dosis de Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V y Johnson & Johnson (esta última es unidosis) a personas mayores de 12 años. En tanto que los menores de 18 años han recibido 508.000 dosis.
Más de 3,2 millones de bolivianos ya tienen las dos dosis y casi 900.000 solo la primera. Además, casi un millón recibió la dosis única y otros 396.000 una tercera dosis de AstraZeneca que que únicamente se aplica a adultos con “enfermedades de base”.
Fuente: AFP.
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Investigan a Evo Morales por presunto abuso de una menor cuando era mandatario
En plena lucha contra el gobierno que antes apoyaba, Evo Morales se vio de repente enfrentado a su pasado: la apertura de una nueva investigación penal relacionada con el presunto estupro de una menor de 15 años, cuando aún era presidente boliviano.
Morales, que gobernó entre 2006 y 2019, calificó la denuncia como “otra mentira más” y agregó que en 2020 ya había sido investigado por los mismos hechos y que “se ha demostrado que no hubo nada”. Sin embargo, la fiscalía del departamento de Tarija volvió sobre el caso para investigar a Morales, esta vez por trata y tráfico de personas.
Estas son las claves del escándalo que envuelve a Morales, en momentos en que le disputa a su exministro y actual mandatario Luis Arce el liderazgo de la izquierda oficialista de cara a las presidenciales de 2025.
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El caso
El nuevo expediente fue abierto por la fiscal del departamento de Tarija Sandra Gutiérrez. La funcionaria ordenó la aprehensión de Morales el 26 de setiembre, pero la orden fue anulada el miércoles por una jueza que acogió un recurso judicial a favor del exjefe de Estado. El escándalo se remonta a hechos ocurridos cuando el líder cocalero era presidente en 2015. La orden de aprehensión detalla que Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016.
Según la orden, los padres de la menor la inscribieron en la “guardia juvenil” de Morales “con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (...) a cambio de su hija menor”, lo que configuraría el delito de trata de personas.
La fiscal Gutiérrez fue destituida el miércoles por haber incurrido en una supuesta “conducta negligente”. Aunque Evo Morales ha desestimado la denuncia por basarse en hechos que se investigaron en 2020 bajo la figura penal de “estupro” -que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años- la fiscalía se concentra ahora en su actuación y la de los padres de la víctima.
La disputa
El caso penal resurge en medio del enfrentamiento entre los dos líderes. “El escándalo (...) tiene ribetes de pugnas internas, porque si no estuvieran peleados evistas y arcistas nunca se habría sabido”, anota el abogado y analista boliviano Williams Bascopé, aludiendo a la lucha Morales-Arce.
Esta denuncia entra “en el juego de la disputa política y puede que también genere una indignación generalizada en la gente (...) ante la posibilidad” de que Morales sea culpable, advierte María Teresa Zegada, socióloga de la universidad estatal San Simón.
En los últimos meses la política boliviana ha gravitado en torno a la intención de Morales de postular a la presidencia, a pesar de que el Tribunal Constitucional le cerró la puerta a una tercera reelección. Desde entonces, ha liderado protestas que han puesto contra las cuerdas al gobierno de Arce, a quien acusa de haber manipulado a los jueces para impedir su candidatura.
La última de ellas fue la llamada “Marcha para salvar Bolivia”, a finales de setiembre, una extensa caminata de 190 kilómetros hacia La Paz que generó enfrentamientos violentos entre partidarios de ambos dirigentes. Arce lo acusó de tramar un plan para dar un “golpe de Estado”
El viernes, Morales afirmó que el gobierno de Arce busca “proscribirlo”. “Por este motivo, luego de la Marcha para salvar Bolivia, activaron de forma simultánea cuatro procesos penales para buscar mi aprehensión”, escribió en X.
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El costo
Si bien la popularidad de Arce está golpeada por la crisis económica, derivada de la escasez de combustibles y dólares, el escándalo podría sacar a su rival de la competencia por la nominación presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS). De prosperar la denuncia penal, “se afectaría muchísimo su imagen y además sus posibilidades de volver a ser un actor político” cuando se mostraba muy dispuesto a no renunciar a su candidatura a ningún costo, advierte Zegada.
La denuncia “verdaderamente desequilibra el escenario político contra la posibilidad de que Morales sea candidato, no solamente por la posible veracidad de los hechos, sino porque también ya se ha instalado en términos sociales una sanción respecto” al exmandatario, comenta la analista.
Arce todavía no ha dicho si buscará la reelección, pero un ala del MAS apoya su continuidad, mientras Morales ejerce presión en las calles a la espera de que una nuevo tribunal constitucional - que será elegido en diciembre por voto popular - revierta el fallo que lo inhabilita como candidato.
Fuente: AFP.
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Exministro boliviano refugiado en Paraguay recibe 8 años de prisión
La justicia boliviana condenó el viernes pasado a ocho años de prisión a dos ministros de la expresidenta Jeanine Áñez por la compra irregular de equipos antidisturbios para contener la convulsión social que llevó a la caída de Evo Morales a fines de 2019. La decisión fue tomada contra Arturo Murillo, extitular de Gobierno (Interior), y Luis Fernando López, de Defensa. El primero está detenido en Estados Unidos y el segundo, refugiado en Paraguay.
Ambos exfuncionarios fueron hallados culpables de la compra irregular de gases lacrimógenos y bienes de uso militar en noviembre de 2019, cuando Áñez asumió el poder de manera interina en remplazo de Morales, que renunció a la presidencia en medio de masivas protestas contra un supuesto fraude electoral.
Un juzgado anticorrupción declaró “culpables a Arturo Carlos Murillo Prijic por el delito negociaciones incompatibles (...) y a Luis Fernando López Julio por el delito de contratos lesivos al Estado”, precisó el Ministerio de Justicia, que formó parte de la acusación. Por el mismo caso, Murillo fue sentenciado en Estados Unidos en enero de 2023 a 70 meses de prisión, declarado como responsable de la recepción de sobornos de una empresa de ese país que proporcionó el equipo antimotines.
El exministro de Interior también fue condenado en abril de este año por la justicia estadounidense a devolver a Bolivia un total 6,2 millones de dólares por su participación en la trama de corrupción. Todo el material fue comprado en 5,7 millones. El exministro de Defensa ha mantenido bajo perfil como refugiado en Paraguay.
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En la convulsión social de noviembre de 2019, la oposición de derecha acusó Evo Morales, que llevaba 14 años en el poder, de promover un fraude en las elecciones de octubre de ese año para ser reelegido y gobernar hasta 2025. Luego de renunciar acorralado por las protestas, lo remplazó la derechista Áñez (2019-2020), en una controvertida sucesión constitucional. Los desmanes luego fueron reactivados por los seguidores de Morales.
Los enfrentamientos entre civiles y fuerzas del Ejército y la Policía dejaron 35 muertos, según una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión, acusada por haber propiciado un golpe de estado contra Morales. La exmandataria cumple sentencia en una cárcel de La Paz, mientras el oficialismo y grupos civiles impulsan otro juicio por la matanza de personas.
Fuente: AFP.
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Deceso de paraguaya hallada en Bolivia habría ocurrido hace 15 días
Las autoridades bolivianas confirmaron que el cuerpo de una mujer hallado en medio de un matorral el pasado martes 1 de octubre en el municipio de Puerto Quijarro, en el departamento de Santa Cruz, se trata de una ciudadana paraguaya.
La mujer fue identificada como Dalmy Nadine González, de 27 años de edad, quien según los datos revelados por la fiscalía boliviana se encontraba en situación de calle; por lo que si bien primeramente se sospechaba de un feminicidio, el caso fue finalmente caratulado como asesinato hasta demostrar lo contrario.
En el momento del hallazgo, el cuerpo de Dalmy presentaba una clara decapitación, la que luego de los estudios forenses realizados hasta el momento se confirmó que habría sido producida por animales, ya que el cuerpo presenta una descomposición acorde a al menos 15 días de deceso.
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La hipótesis principal de los investigadores bolivianos es que las personas que cometieron el hecho no tenían una relación con la víctima y aprovecharon que se encontraba en situación de calle para cometer el delito.
En cuanto a los trabajos investigativos, resaltaron que los intervinientes se encuentran enfocados en recolectar imágenes de circuito cerrado y obtener la mayor cantidad de información por parte de testigos aledaños a la zona para identificar a los autores del crimen y dar con su paradero para su posterior arresto.
Así también, ya se iniciaron los trabajos entre consulados para poder agilizar la repatriación de los restos de la compatriota y que puedan ser entregados finalmente a sus familiares para que los mismos le puedan brindar el último adiós adecuadamente.
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Instan a los padres a inocular a sus hijos con la vacuna hexavalente acelular
La vacuna hexavalente acelular sigue siendo fundamental para proteger a los niños y niñas desde los 2 meses hasta los 18 meses de edad. Esta vacuna, disponible en todos los centros vacunatorios del país, reemplaza a las vacunas pentavalente y antipolio, brindando protección contra seis enfermedades graves: difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, haemophilus influenzae tipo b y hepatitis B.
La Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP) apoya al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de su campaña Vacunarse es poder. Desde el año 2023, cuando fue incorporada al esquema regular de vacunación, ha demostrado ser una opción eficiente para reducir el número de inyecciones que los bebes deben recibir.
Esto no solo alivia el dolor de los niños durante el proceso, sino que también reduce el estrés de las familias al simplificar el esquema de vacunación, debido a que tienen un excelente impacto y otorga muchos beneficios.
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La vacuna hexavalente no solo protege contra estas enfermedades potencialmente peligrosas, sino que también previene complicaciones graves. Al proteger a los niños, se reduce la carga sobre el sistema de salud y se mejora la calidad de vida de las familias y la comunidad en general.
La Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP) respalda con fuerza esta iniciativa a través de la campaña “Vacunarse es poder”, la cual busca crear conciencia sobre la importancia de seguir el esquema de vacunación recomendado. Los expertos recalcan que las vacunas son seguras, efectivas y esenciales para prevenir enfermedades serias en los niños.
Paraguay, líder en la región
Paraguay es un ejemplo para seguir en Latinoamérica, siendo el cuarto país en la región en incluir la vacuna hexavalente en su calendario de vacunación, después de Panamá, Chile y México. Desde abril de 2023, todos los niños y niñas nacidos en Paraguay tienen acceso a esta vacuna a los 2, 4, 6 y 18 meses de vida.
Para cualquier consulta, los padres pueden llamar a la línea gratuita 138, disponible de lunes a domingo de 07:00 a 19:00, desde cualquier teléfono en todo el país.
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