La oposición cubana está decidida a manifestarse el lunes para exigir la liberación de los presos políticos, pese a la firme prohibición de las autoridades comunistas, que quieren celebrar el regreso de los niños a la escuela y de los turistas a la isla.

Durante semanas, la fecha del 15 de noviembre, conocida ya como el 15N, ha sido ampliamente discutida en redes sociales y en los hogares cubanos: para los disidentes, es una oportunidad para marchar en las calles de Cuba, cuatro meses después de las históricas y espontáneas manifestaciones del 11 de julio.

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Durante esas movilizaciones, que dejaron un muerto y decenas de heridos, 1.270 personas fueron detenidas, de las cuales 658 siguen en prisión, según la ONG de defensa de derechos humanos Cubalex. Pero para el gobierno, el lunes marca la vuelta a la normalidad tras meses de cierre de las fronteras del país y de las escuelas debido a la pandemia del coronavirus. También están programadas las celebraciones por el 502 aniversario de La Habana.

“Nuestra divisa es la paz”, prometió el presidente Miguel Díaz-Canel durante una comparecencia el viernes. Y “en paz iniciaremos el día 15 otra etapa del curso escolar; en paz nuestra economía se recuperará”, aseguró el mandatario, cuando la isla vive su peor crisis económica en casi 30 años, que ha generado una grave escasez de alimentos y medicinas, así como un creciente descontento social.

De su lado, la oposición convocó a una gran manifestación pacífica en La Habana y en otras seis provincias, para “el cambio” y la liberación de presos políticos. La instrucción para los participantes es vestir de blanco. Pero es difícil saber si la convocatoria tendrá amplia respuesta, ya que el enfrentamiento entre defensores y críticos del gobierno está en su punto más álgido.

Las autoridades acusan a los organizadores de ser agentes entrenados y financiados por Estados Unidos para provocar un cambio de régimen. Por ese motivo prohibieron la manifestación y los amenazaron con sanciones penales. Una advertencia disuasoria, ante las solicitudes de fiscalías para aplicar sentencias de hasta de 30 años a alguno de los manifestantes presos por el 11 de julio, según medios de comunicación independientes cubanos.

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Sin contar que, a diferencia de julio, esta vez no habrá efecto sorpresa en un país con una importante presencia policial y militar que suele disuadir cualquier tentativa de manifestación. En los últimos días, muchos disidentes, promotores de la manifestación y periodistas independientes denunciaron en redes sociales que fueron bloqueados en sus casas por agentes de la Seguridad del Estado.

En una carta publicada el domingo, unas 40 organizaciones civiles en Cuba y en el extranjero denunciaron la “ola represiva que se ha intensificado en el país contra sus promotores y los ciudadanos que se identifican con ella”.

El domingo, el dramaturgo Yunior García, de 39 años y fundador del grupo de debate político en Facebook Archipiélago que organizó la manifestación, fue impedido de salir a marchar solo con una rosa blanca en la mano, como pretendía hacerlo por temor a la violencia que pudiera generarse al día siguiente.

Durante todo el día, agentes vestidos de civiles se apostaron frente la puerta de su casa, al pie de su edificio y en la azotea para inmovilizarlo, en el populoso barrio de La Coronela, en La Habana. Los agentes cubrieron incluso sus ventanas con enormes banderas. “Estamos viviendo uno días muy feos en Cuba”, lamentó en un vídeo de Facebook.

Díaz-Canel denunció la intención de “subvertir el orden interno” y “campañas mediáticas contra Cuba”. En este contexto, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió al gobierno cubano que “que respete los derechos humanos de los cubanos y que les permita reunirse pacíficamente”.

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También lo instó a que los deje “hacer uso de sus voces sin temor a represalias o violencia por parte del gobierno” y que mantenga “la conexión de internet”, en referencia a los cortes en julio pasado durante las manifestaciones y en días posteriores.

El internet móvil, que llegó a Cuba apenas a finales de 2018, revolucionó la vida cotidiana de sus habitantes, dando lugar a una sociedad civil y a una nueva generación de disidentes, entre los que están artistas, periodistas e intelectuales independientes. Pero el gobierno, que niega la existencia de presos políticos en Cuba, considera ilegal cualquier oposición, a la que acusa de estar financiada por Washington.

Fuente: AFP.