Bolivia debe proteger a las niñas de la violencia sexual y los embarazos forzados, afirmó este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de que una adolescente de 11 años fuese violada por su abuelastro.
La niña se encuentra en un albergue de la Iglesia católica, que se niega a que se someta a un aborto. Las autoridades locales, el personal médico y la madre de la menor también se oponen. La madre afirma que tanto ella como su hija quieren que el bebé nazca y que después decidirán si lo crían o lo dan en adopción.
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“El embarazo de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual pone en riesgo su vida, salud física y mental, y afecta su autonomía integral”, recalca la CIDH. El embarazo infantil y adolescente es un problema en el hemisferio, con cerca de 10 millones de casos al año, advierte la CIDH, en un informe sobre violencia y discriminación.
Este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirma disponer de información según la cual en Bolivia una de cada tres niñas sufre algún tipo de violencia sexual antes de los 18 años. Según los datos de la Fiscalía especializada en delitos de género y juvenil -añade- ha habido 561 casos de violación contra niñas, niños y adolescentes en el país hasta abril de 2021.
El caso de la adolescente boliviana reabrió el debate entre quienes opinan que debe abortar (si fuera necesario iniciando un procedimiento judicial para quitarle la patria potestad a la madre) y quienes se oponen tajantemente, como el arzobispado de Santa Cruz (este), el departamento donde reside la víctima.
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La Defensoría advirtió que emprenderá medidas legales para que “se reencamine el procedimiento de interrupción legal del embarazo, sin viciar el consentimiento de la menor”.
Las víctimas de violencia sexual deben acceder a los servicios de salud y a la información para “tomar las decisiones y dar el consentimiento sobre cualquier procedimiento” y el Estado debe blindarlas frente a “opiniones e información no científica”, insiste por su parte la CIDH.
La legislación boliviana estipula que el “aborto incondicional” es constitucionalmente inadmisible pero cuando es consecuencia de un delito de violación “no se aplicará sanción alguna”.
Fuente: AFP.