Dirigentes políticos de todo el mundo están siendo investigados para saber si la gestión de la pandemia del COVID-19 podría haber causado menos muertos, si se hubieran tomado decisiones diferentes.

El anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue muy criticado por la gestión de la pandemia, al minimizar el riesgo del coronavirus y burlarse de las medidas sanitarias para evitar su propagación.

Su gobierno detuvo un plan general de distribución de barbijos y presionó a las autoridades sanitarias para que edulcorasen sus consignas para acelerar la vuelta a la normalidad. Estados Unidos es el país que más fallecidos ha registrado en el mundo a causa del COVID-19 (más de 740.000).

Brasil es el segundo país del mundo con la cifra de muertos más alta: 600.000 personas. Ahora, una comisión de investigación del Senado pide que se acuse al presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, del delito (entre otros) de “crimen contra la humanidad”, al haber “expuesto de forma deliberada” a los brasileños a “un contagio masivo” con sus discursos anticonfinamiento y el retraso en la campaña de vacunación.

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El presidente habla de una “farsa”. Sus apoyos en el parlamento le evitarán, seguramente, enfrentarse a un proceso de destitución, algo que piden los opositores en la calle.

En el Reino Unido (más de 140.000 muertos), el primer ministro Boris Johnson anunció la apertura en 2022 de una investigación independiente, algo que reclamaba la oposición, sobre su criticada gestión de la pandemia.

A mediados de octubre, un informe del parlamento ya señaló el tardío confinamiento y “gruesos errores” como las razones de uno “de los fracasos de salud pública más importantes” en la historia del país. “Se podrían haber evitado miles de muertos” si las autoridades no hubieran apostado en un principio por la inmunización colectiva.

La fiscalía de Bérgamo (norte), epicentro de la primera ola en Italia, a principios de 2020, abrió una vasta investigación sobre la mala gestión de la crisis. Los resultados se conocerán en enero de 2022.

El italiano Ranier Guerra, uno de los 11 directores generales adjuntos de la Organización Mundial de la Salud, está acusado de ocultar un informe de la OMS que señalaba la obsolescencia de los planes de prevención de pandemias de Italia. Guerra fue el director de prevención en el ministerio italiano de Salud entre 2014 y 2017, por lo que se le acusa de no haberlo actualizado. Guerra afirma que el programa “era considerado válido en 2016″ y que había “dejado un aviso para que fuera actualizado”. La fiscalía le acusa de falso testimonio.

En Francia, el tercer país de Europa con más muertos por el virus (más de 117.000), la ministra de Salud cuando empezó la pandemia, Agnes Buzyn (que dejó su puesto en febrero de 2020 para presentarse a las elecciones a la alcaldía de París), está siendo investigada desde setiembre por el Tribunal de Justicia de la República por “poner en peligro la vida de terceros”, durante su gestión en la epidemia.

Este tribunal, el encargado de juzgar a los miembros del gobierno por delitos cometidos durante su mandato, también está investigando al actual ministro de Salud, Olivier Veran, y al anterior primer ministro, Edouard Philippe.

En setiembre arrancó en Viena el primer proceso de una serie de denuncias de las familias de las víctimas austriacas del COVID-19. Se busca dilucidar si las autoridades habrían podido evitar la formación de un foco de contagios en una estación de esquí que causó 32 muertos. Más de 6.000 personas de 45 países forman parte de la asociación que reagrupa estas denuncias.

Entre abril y mayo de 2021, India conoció la peor ola de la pandemia, con picos de más de 400.000 contagios y 4.000 fallecidos diarios, que saturó los hospitales y provocó la muerte de enfermos por falta de tubos de oxígeno y equipamientos médicos esenciales.

La gestión del gobierno central fue muy criticada y acabó en los tribunales. Una comisión del gobierno regional de Nueva Delhi está trabajando en un informe sobre las muertes provocadas por la ausencia de tubos de oxígeno. Varios responsables del partido del primer ministro Narendra Modi, y de la oposición se enfrentan a un proceso por almacenar indebidamente medicamentos.

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Fuente: AFP.