El domingo pasado, cerca de las 18:00, la policía de Buenos Aires fue alertada sobre dos grupos de jóvenes que corrían en dos direcciones por la Ruta Provincial 36 mientras eran perseguidos por otros hombres. Esta situación derivó en el rescate de 80 adultos y 19 menores de edad que eran explotados en un campo de hortalizas en la localidad de Abasto, partido de La Plata, y la detención de dos paraguayos que son señalados como capataces.

Los sospechosos fueron identificados como Gerardo Gareca, de 36 años, y Nery Marcial Vera Espinosa, de 39, quienes son investigados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y trata de personas, por supuestamente esclavizar a un centenar de personas y por mantenerlas cautivas y en condiciones denigrantes, según reportó la prensa argentina.

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En el predio de 46 hectáreas fueron rescatados 80 adultos y 19 menores de edad. Foto: Gentileza.

Además de los paraguayos, están también detenidos Algarín Jara, Benito Castro, Ricardo Saviola, Calixto Miranda Pérez y Sergio René Ruiz; acusados de haberse desempeñado como capataces de la Quinta de Víctor, donde retenían a 47 mayores de edad extranjeros, en su mayoría bolivianos y paraguayos, 32 adultos argentinos, casi todos menores de 30 años oriundos de la provincia de Corrientes y 19 menores de edad.

Según el testimonio de las víctimas, habían sido llevadas hasta La Plata con promesas laborales de recibir 2.500 pesos diarios para trabajar la tierra en el campo de 46 hectáreas, que contaba con un cerco perimetral alambrado electrificado y varias garitas de seguridad con personas armadas.

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Sin embargo, al llegar al lugar, los trabajadores eran forzados a vivir en una serie de casillas precarias de ladrillo hueco sin revocar que compartían con varias otras personas, y dormían en colchones sucios sobre el piso al lado de letrinas inmundas. Solo tenían permitido salir para trabajar en grupos.

Gareca y Vera Espinosa quedaron a disposición del fiscal Juan Menucci, titular de la UFI N° 5 de La Plata. La fiscalía indaga, además, si el principal investigado tiene un antecedente de una causa del año 2016, en la que habría sido condenado por el mismo delito.

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