Un manifestante acusado de delitos como desacato y desorden público fue sentenciado a 10 años de cárcel, la mayor pena impuesta a un detenido relacionado con las protestas del 11 de julio en Cuba, según una organización de derechos humanos y sus familiares.

El Tribunal Municipal Popular de San José de las Lajas, un poblado a 35 km de La Habana, impuso a Roberto Pérez Fonseca, de 38 años, la “sanción conjunta y única a cumplir de 10 años” de prisión por los delitos de desacato, atentado, desorden público e instigación a delinquir, indica la sentencia fechada el 6 de octubre y a la que tuvo acceso la AFP, luego de que su familia fuera notificada esta semana.

Tres jueces del tribunal determinaron la culpabilidad de Pérez Fonseca con base en declaraciones del policía local Jorge Luis García Montero, único testimonio reconocido por los magistrados. Dos testigos de la defensa fueron desestimados por “parciales” y por tratarse de un familiar y una amistad.

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El uniformado dijo que el 11 de julio, Pérez Fonseca “incitaba al resto de las personas a formar grupos, a lanzar piedras y botellas”, incluso hacia una tienda local de comestibles. Fue detenido el 16 de julio en su casa. Pérez lanzó una piedra que cayó en una muñeca del oficial, “ocasionándole escoriaciones que no requirieron asistencia médica”, y aventó otra piedra que impactó en una patrulla “que no presentó daños”, además de ignorar la orden de confinamiento por COVID-19, indica el documento.

La sentencia “es excesiva y viola todas las garantías del debido proceso”, dijo a AFP Laritza Diversent, directora de la ONG de derechos humanos Cubalex, con sede en Miami, al indicar que es la pena más larga en un caso juzgado por estas manifestaciones. Todo “responde a una política penal” a raíz de las manifestaciones de julio con “sanciones severas como efecto ejemplarizante para que el resto de la sociedad se inhiba” y que busca “infundir temor y miedo”, indica Diversent.

Las manifestaciones del 11 y 12 de julio en cerca de 50 ciudades al grito de “Libertad” y “Tenemos hambre”, dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.130 detenidos, de los cuales más de 560 aún están en prisión, según Cubalex. El gobierno cubano considera que las protestas forman parte de una estrategia apoyada por Washington para cambiar el régimen.

Ante las críticas de funcionarios estadounidenses relacionadas con la prohibición de una nueva marcha convocada para el 15 de noviembre, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo este sábado que Estados Unidos quiere impunidad para los “operadores” del “esquema desestabilizador” que, asegura, Washington promueve en la isla.

“Cuando el Gobierno estadounidense se pronuncia, habla el que financia y organiza el esquema desestabilizador, que suma a cuanto grupúsculo o institución –dólares mediante– aporte una iniciativa contra la Revolución. Basta de amenazas”, añadió Díaz-Canel en Twitter.

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Brian Nichols, el nuevo jefe de la diplomacia de Estados Unidos para Latinoamérica y el Caribe, dijo la semana pasada que “negar el derecho de reunión pacífica a los cubanos el 15 de noviembre demuestra el desprecio del régimen cubano por los #DDHH y las libertades de su pueblo”.

Las autoridades cubanas alertaron además de consecuencias penales a los organizadores de la manifestación, que pide el “cambio” y la liberación de presos políticos. Los promotores han dicho que continuaran con su iniciativa, pese a estas advertencias.

La madre del sentenciado, Liset Fonseca, cree que las verdaderas razones de la larga condena son que su hijo ayudó a romper una fotografía del fallecido líder de la revolución cubana, Fidel Castro, y que enfrentó verbalmente a García Montero cuando detenía a otro joven.

“Romper el cuadro, eso no se puede perdonar. Ellos tenían que hacer algo que fuera un escarmiento grande”, dice la mujer, adelantando que apelarán la sentencia. Además, “mi hijo se enfrenta a ese ‘Rompe Huesos’”, sobrenombre con el que dice se conoce a este oficial en San José de las Lajas, una ciudad de la céntrica provincia de Mayabeque.

Cuba atraviesa una profunda crisis económica, agudizada por la pandemia de COVID-19 y el endurecimiento del embargo impuesto por la pasada administración de Donald Trump y continuado por su sucesor Joe Biden, que han llevado a una severa escasez de alimentos y medicinas en la isla.

Fuente: AFP.