Una comisión del Senado de Brasil aprobó el martes pasado un informe que recomienda inculpar a Jair Bolsonaro de graves delitos como “crímenes contra la humanidad” por su gestión de la pandemia, y pidió suspender el acceso del presidente a sus cuentas en redes sociales por citar información falsa sobre el COVID.

Como se preveía, 7 de los 11 senadores que investigaron la gestión del gobierno avalaron el texto presentado por el senador Renan Calheiros la semana pasada, y que también pedía inculpar a otras 77 personas, incluyendo varios ministros y exministros, tres de los hijos del mandatario y a dos empresas.

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Tras seis meses de tensas sesiones en una pequeña sala del Senado en Brasilia analizando las acciones y omisiones del gobierno, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) aprobó el informe que recomienda inculpar al mandatario de una decena de delitos, entre ellos “crímenes contra la humanidad”, favorecer una epidemia que resultó en muerte y “charlatanismo”.

Al terminar la votación, los senadores hicieron un minuto de silencio en homenaje a los más de 606.000 muertos por COVID en Brasil. Desde el inicio de la emergencia sanitaria Bolsonaro minimizó la pandemia, defendió medicamentos sin eficacia, como la hidroxicloroquina, y levantó dudas sobre la eficacia de las vacunas.

En un principio, los senadores hurgaron en las responsabilidades por la grave escasez de oxígeno que provocó la muerte de decenas pacientes por asfixia en Manaos, pero luego se adentraron en irregularidades como el “deliberado atraso del gobierno para comprar vacunas” o la existencia de un “gabinete paralelo” de médicos que asesoraba al mandatario.

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También levantaron sospechas de corrupción en la compra -no realizada- de la vacuna india Covaxin, que le valió a Bolsonaro la apertura de una investigación judicial por “prevaricación” al no haber denunciado el caso.

E investigaron las conexiones entre el gobierno y las operadoras privadas de salud. Ahí saltó el escándalo de Prevent Senior, una operadora para la tercera edad señalada de usar a pacientes como “cobayas humanas” para probar medicamentos ineficaces sin su consentimiento y de maquillar el número de muertos por coronavirus.

Se trata de un “informe político, sin base jurídica (...) El mayor escándalo es una compra de vacunas que no fue realizada”, reaccionó el senador Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del presidente, también acusado en el informe.

La responsabilidad de la pandemia “es de mucha gente, hay muchos acusados, pero es principalmente del presidente, ese ‘serial killer’, que tiene obsesión por la muerte”, declaró Calheiros. La CPI no tiene el poder de hacer denuncias formales. Pero el informe, con decenas de testimonios conmovedores, será enviado a diferentes órganos que pueden formular cargos, como la fiscalía general o una corte internacional.

Aunque podría traerle consecuencias políticas y judiciales graves, analistas coinciden en que su impacto a corto plazo será “simbólico”, porque Bolsonaro aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar un ‘impeachment’ y ven poco probable que el fiscal general resuelva imputarlo.

La popularidad del mandatario, que asegura que no tiene “culpa de nada”, se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió la presidencia en 2019, debido a la pandemia, pero también a la crisis económica, y las encuestas para 2022 lo muestran detrás del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Los senadores de la CPI pidieron además al Supremo Tribunal Federal (STF) y a la fiscalía general suspender hasta nueva orden el acceso de Bolsonaro a sus cuentas de Facebook, Instagram, Youtube y Twitter, después de que el pasado jueves mencionara en una conexión en directo una información falsa sobre el coronavirus.

En concreto, Bolsonaro, un gran adepto a las redes sociales donde cuenta con más de 40 millones de seguidores, citó una noticia falsa sobre unos supuestos informes oficiales del gobierno británico que “sugieren” que los totalmente vacunados están desarrollando la enfermedad del sida “mucho más rápidamente de lo previsto”.

El video fue posteriormente retirado de Facebook, Instagram y Youtube. La plataforma de videos decidió además suspender el canal de Bolsonaro por una semana. La difusión de noticias falsas es otro delito que se le atribuye al mandatario en el informe.

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En agosto, el STF decidió investigarlo por crímenes de “calumnia” e “incitación al crimen” por causas relacionadas con sus cuestionamientos sin pruebas del sistema de votación electrónica en Brasil, entre otras. El politólogo Mauricio Santoro ve improbable que el pedido de este martes prospere.

“Soy escéptico. Si nos basamos en el caso (de Donald) Trump, tendríamos que ver algo muy grave, como la invasión del Capitolio, para que algo así ocurriera”, declaró a la AFP Santoro, en alusión a la decisión de Twitter y Facebook de excluir al exmandatario estadounidense de sus redes tras esos disturbios.

Fuente: AFP.