El papa Francisco recibió el jueves en el Vaticano a 16 israelíes que permanecieron meses secuestrados en Gaza como rehenes del movimiento islamista Hamás, indicó la web oficial de noticias Vaticannews.

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En el grupo había diez mujeres, cuatro hombres y dos niños, según la misma fuente.

Varios de los exrehenes mostraron al pontífice argentino pancartas o fotos de sus seres queridos que siguen cautivos.

Francisco ya recibió en abril de este año y en noviembre de 2023 a familiares de rehenes, pero esta es la primera vez que se reunió con personas que sufrieron en carne propia el cautiverio.

Desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamás, el papa reclamó en numerosas ocasiones la liberación inmediata de los rehenes israelíes, pero también denunció el sufrimiento de la población palestina.

La guerra se desencadenó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos islamistas atacaron el sur de Israel y mataron a 1.206 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251, según un balance de AFP basado en cifras oficiales israelíes que incluyen a los rehenes muertos en cautiverio.

De los secuestrados, 97 siguen cautivos en Gaza, pero el ejército israelí estima que 34 de ellos murieron.

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La ofensiva militar lanzada en respuesta por Israel ha matado al menos a 43.736 personas en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás.

Fuente: AFP

Este lunes, desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) recordaron que para poder vacacionar en Brasil, Colombia, Bolivia, Perú y otros, durante el verano se debe contar con el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla. Este documento es obligatorio para ingresar a los países de la región.

Según el doctor Luis Cousirat, director del programa, las personas que tengan planeado viajar en vacaciones de verano deben tener el certificado de vacunación y en caso de no contar deben aplicarse la dosis correspondiente. Recordaron que se trata de una dosis única y que es de suma importancia contar con el documento.

“Las personas que planean viajar y que no encuentran su carnet de vacunación deben crear su identidad electrónica, porque mediante este portal del Gobierno uno puede recuperar su carnet de vacunación”, detalló en entrevista con “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Explicó que se puede presentar el certificado de vacunación en formato electrónico. “El digital tiene la misma validez que el impreso, porque cuenta con QR, código de barras y todos los mecanismos de seguridad. Esto le permite a la población evitar las largas filas en los vacunatorios”, puntualizó.

Afirmó que los países que exigen son: Brasil, Colombia, Bolivia, Perú y otros países. “Las personas que planean viajar a unos de los países citados deben tener en cuenta esta recomendación, que es una exigencia del reglamento sanitario internacional”, refirió el profesional.

Indicó que se trata de una dosis que tiene una protección de por vida e instó a las personas que aún no tienen acudir a tiempo a los vacunatorios para evitar aglomeraciones. “Los ciudadanos que no figuran en el certificado electrónico y no tienen el documento en físico, van a tener que vacunarse. Se aplica a partir del 1 año de vida hasta los 59 años, se deben vacunar 15 días antes del viaje”, manifestó.

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El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas.

La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema. Presentado como una “primera etapa”, este esperado informe “documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables”, indicó la Comisión el viernes.

En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.400 millones de católicos, pidió un informe a esta comisión para tener información “fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar”. Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.

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La instancia fue integrada en 2022 en la Curia, pero ha sido objeto de duras críticas. “Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo”, indicó en el informe el presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley.

Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a “la verdad”. La Iglesia debe “estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información”, en particular “sobre las circunstancias y responsabilidades”, indicó el órgano.

La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis. Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una “definición más uniforme de la vulnerabilidad” extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.

En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que “la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión”. “Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti”, lamentó.

La comisión también considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad. El informe indica que el proceso debe realizarse “cuando esté justificado”, pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.

Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación. En África, por ejemplo, la comisión constató que “la cultura de la protección es un concepto nuevo”, que requiere “sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias”.

En México, en cambio, “importantes barreras culturales” se interponen al imperativo de denunciar la violencia sexual y, por tanto, “constituyen un claro obstáculo al proceso de justicia”. Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra la lacra de las violencias sexuales.

Entre ellas la eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.

Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.

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“Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo”, dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Según ella, cualquier cura “acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público”.

Otra prioridad sería, afirma, “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual”. “La responsabilidad empieza por divulgar la información”, agregó, considerando que “el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia”.

Fuente: AFP

La Pontificia Comisión para la Protección de los Menores del Vaticano presentará este martes su primer informe anual sobre el impacto de las políticas y procedimientos de prevención de abusos en la Iglesia, en el que se identificarán aquellas medidas que han resultado triunfantes en la estrategia de salvaguardia de menores y adultos vulnerables en los espacios eclesiásticos, pero se pondrán en evidencia también las lagunas que deja el sistema.

Según anunció este departamento del Vaticano, este informe será presentado por el presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, el cardenal Seán Patrick O’Malley; el miembro de la Comisión y presidenta del Informe Anual, Maud De Boer Buquicchio; el secretario de la Comisión, el obispo Luis Manuel Alí Herrera, y la secretaria adjunta de la Comisión, Teresa Kettelkamp.

“Nuestro objetivo es elaborar un informe anual con un compromiso de transparencia y rendición de cuentas, en solidaridad con las víctimas y los supervivientes de todo el mundo”, señaló O’Malley.

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El departamento del Vaticano definió la publicación de este informe como el primer paso de un proceso de recopilación de datos y elaboración de informes dentro de la Iglesia católica, que comenzó por una petición expresa del papa formulada en abril de 2022. En este sentido, su publicación se enmarca en la voluntad de Francisco de adoptar prácticas más transparentes en los procesos de rendición de cuentas.

La responsable última del informe, De Boer-Buquicchio, nombrada en 2021, trabajó en varias organizaciones internacionales como secretaria general adjunta del Consejo de Europa de 2002 a 2012, y como relatora especial de la ONU sobre la explotación sexual de los niños de 2014 a 2020.

Sobre el informe comentó cómo en su elaboración han podido explorar “muchas de las preocupaciones sobre la falta de datos disponibles”. “El informe anual es una herramienta para promover un cambio de mentalidad en la Iglesia que adopte la responsabilidad y la transparencia”, añadió. “El informe anual es una herramienta para promover este proceso de conversión pastoral”, valoró.

El también miembro de la comisión Benyam Dawit Mezmur, profesor de Derecho en la Universidad de Western Cape en Ciudad del Cabo, Sudáfrica y miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU durante los últimos 12 años, destacó por su parte que una revisión de la Santa Sede realizada en 2013 por la comisión de la ONU reveló varias cuestiones críticas.

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En ese sentido indicó “la necesidad de contar con una base de información sólida, la importancia de tener buenas prácticas y el papel que las intervenciones a nivel local pueden desempeñar realmente para prevenir, pero también para abordar los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia”.

“El Informe anual piloto contribuye realmente de forma significativa a abordar algunas de estas cuestiones”, afirmó a este respecto el profesor Mezmur. “Será un proceso, y ese proceso de información contribuirá inevitablemente de forma significativa a proporcionar intervenciones que puedan reproducirse en diferentes partes del mundo con vistas a prevenir y abordar la violencia sexual y los abusos sexuales en el seno de la Iglesia”, concluyó.

Fuente: Europa Press