Los carteles mexicanos de drogas intentan asentarse en Chile e iniciar la producción local de sustancias ilícitas instalando laboratorios, advirtió este miércoles la Fiscalía chilena.

“Chile dejó de ser un país de tránsito de droga; de hecho, carteles de México ampliamente conocidos intentan asentarse en Chile”, declaró el fiscal nacional, Jorge Abbott, al presentar el último informe del “Observatorio del Narcotráfico en Chile”.

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“Hoy, tenemos que admitir que hemos iniciado la senda de aquellos territorios que albergan producciones locales de sustancias ilícitas y la instalación de carteles dentro de sus fronteras”, añadió. Abbott afirmó que “a esto debemos ponerle freno ahora. No podemos permitir que siga profundizándose, ni que estas agrupaciones echen raíces en nuestro país”.

La Fiscalía chilena, en coordinación con sus pares de Colombia, Ecuador y Perú, venía monitoreando y combatiendo desde hace tiempo las actividades de carteles colombianos que trataban de internar droga en el país. Pero “en el último año se ha sumado la presencia de carteles mexicanos”, explicó a la AFP Luis Toledo, director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes de la Fiscalía de Chile.

“Brazos operativos de carteles mexicanos, principalmente el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación, han puesto interés en los puertos chilenos”, indicó. Toledo destacó que estos carteles mexicanos también tienen “la intención de ofrecer drogas en Chile, particularmente clorhidrato de cocaína, y una sustancia que es un extracto, un derivado de la marihuana”, para lo que estaban montando un laboratorio en el puerto de Iquique, 1.800 km al norte de Santiago.

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Las autoridades detectaron también un intento del Cartel de Sinaloa de enviar desde Chile de 665 kilos de cocaína al puerto de Rotterdam (Holanda). En tanto, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, el que intentó armar el laboratorio en Iquique, también trató de introducir 3,5 toneladas de marihuana a Chile a través del puerto de San Antonio, 100 km al oeste de Santiago.

El informe indica además que “se mantiene como tendencia el aumento en la incautación de marihuana, y la caída en la cocaína y pasta base [de cocaína]. Se detecta como amenaza, la venta masiva de un FALSO 2CB”, una droga cuyo consumo se ha popularizado y apodada “cocaína rosa”.

La Fiscalía hizo su informe con ayuda de la Armada, la policía de Carabineros, la Policía de Investigaciones, Aduanas, Gendarmería (servicio penitenciario) y la Unidad de Sustancias Químicas Controladas del Ministerio del Interior.

Los ingresos de personas a Chile por pasos clandestinos, mayormente venezolanos, sumaron 23.673 en los primeros siete meses de 2021, casi 7.000 más que en todo el año pasado, dijo el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). Estas cifras representan “un sustantivo aumento del ingreso de personas por paso no habilitado (IPNH)” y se proyecta para fin de año un número “sin precedentes y preocupante”, indicó el SJM con datos de la Policía De Investigaciones de Chile (PDI).

Los migrantes venezolanos, la mayor colectividad extranjera en Chile con 455.000 personas registradas, encabezan la lista de ingresos clandestinos de enero a julio, con 17.914, cifra superior a los 12.935 casos de 2020. Les siguen bolivianos (3.043), colombianos (949) y haitianos (800). En 2020, el total de ingresos clandestinos al país fue de 16.484, según el SJM.

Desde 2010 han ingresado 68.435 personas a Chile por pasos clandestinos, principalmente venezolanos y haitianos, “ambos países con crisis políticas y sociales de gran envergadura”, dijo el SJM. Muchos migrantes cruzan a pie desde Bolivia, por el inhóspito altiplano soportando temperaturas extremas, para llegar hasta la localidad fronteriza chilena de Colchane, a 3.650 metros de altitud, que a inicios del año sufrió un colapso por la llegada de miles de indocumentados.

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Al menos 11 migrantes han muerto en su intento por llegar a Chile este año. El SJM dijo que estos datos “sólo consideran el registro de personas que se autodenuncian y las que son fiscalizadas (y denunciadas) por la institución (policial), pero no dan cuenta del creciente número de personas que ingresan sin pasar por alguno de estos mecanismos”.

Este aumento ocurre en un contexto de “medidas administrativas que restringen el acceso regular [a Chile], intensificadas por el cierre de fronteras producto de la pandemia por COVID-19 y la crisis humanitaria y política en Venezuela y Haití”, agregó.

El gobierno chileno implementó en 2018 visas de Reunificación Familiar para haitianos. De las solicitadas en los dos primeros años, un 84% fueron concedidas, mientras que solo el 14% de los venezolanos que pidieron visa de Responsabilidad Democrática las obtuvieron. En tanto, solo el 12% de los haitianos y venezolanos que pidieron visas de turismo las consiguieron, según el SJM.

La justicia de Chile ordenó este sábado pasado la prisión preventiva de tres militares de Bolivia que fueron detenidos por la Policía chilena hace tres días por el supuesto robo de un vehículo en la inhóspita frontera entre estos países. Los militares bolivianos -que portaban armas- fueron detenidos por una patrulla de policías alertados por unos lugareños que los acusaron por el robo de un vehículo en la frontera entre Bolivia y Chile, de unos 900 km de longitud y donde son frecuentes las denuncias de hurtos de automóviles.

Los uniformados fueron llevados esta jornada ante el tribunal de Pozo Almonte, localidad ubicada a unos 2.000 km al norte de Santiago, que concluyó que “la libertad de los imputados, efectivamente, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad” por lo cual ordenó “la prisión preventiva”.

El juzgado acogió los cargos por “robo con intimidación y porte ilegal arma de fuego y municiones” que presentó la Fiscalía en contra de los militares, y ordenó un plazo de investigación del caso de 90 días. Asimismo, desestimó que los uniformados extranjeros hayan estado en territorio chileno realizando alguna tarea conjunta en contra del tráfico de vehículos, y descartó la posibilidad de expulsarlos del país en vez de seguir con el proceso judicial, tal como había pedido la defensa de los acusados.

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El gobierno boliviano ha insistido en que los militares se encontraban en operaciones contra el contrabando y esperaba resolver el tema por canales diplomáticos. En tanto, las autoridades chilenas calificaron el hecho como “grave” y dijeron que esperan que sea juzgado por los tribunales.

Además del contrabando de vehículos, la frontera de Chile con Bolivia también es paso frecuente del tráfico de drogas y ropa. Por la zona también cruzan a pie miles de migrantes, en su mayoría venezolanos que, por pasos clandestinos intentan llegar a territorio chileno.

Fuente: AFP.