El juicio del presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre, Jalid Sheij Mohamed, y otros cuatro acusados, se reinició este martes pasado en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo poco antes del 20 aniversario de los ataques, pero un veredicto parece lejano.

Mohamed y sus supuestos cómplices, Amar al Baluchi, Walid bin Atash, Ramzi bin al Shibh y Mustafa al Hawsawi, comparecieron ante un tribunal militar en la base estadounidense en la isla de Cuba por primera vez en más de 18 meses, una pausa forzada por la pandemia de COVID-19 en un proceso que lleva nueve años de audiencias previas.

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Pero el flamante magistrado militar del caso, el coronel de la Fuerza Aérea Matthew McCall, levantó la sesión después de solo dos horas y media por cuestiones de procedimiento relacionadas con su nombramiento.

Y el fallo de un tribunal de apelaciones militar, que apoya la destrucción de un sitio clandestino de la CIA donde algunos de los acusados pueden haber sido torturados antes de llegar a Guantánamo, devolvió al caso a su tema central: ¿pueden personas que fueron sometidas a torturas metódicas ser juzgadas de manera justa con el debido proceso que promete la ley estadounidense?

Los cinco acusados, presos desde hace casi 15 años en Guantánamo, enfrentan la pena de muerte por cargos de asesinato y terrorismo ante el tribunal de crímenes de guerra.

La audiencia del martes, la primera desde febrero de 2020, tuvo lugar en “Camp Justice”, sede de las comisiones militares en la cima de una colina en la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo. Mohamed ingresó a grandes zancadas en una sala del tribunal repleta de fiscales, traductores y equipos de la defensa. Cada uno de los imputados estaba escoltado por militares.

Detrás de un grueso cristal, se encontraban familiares de las 2.976 personas que murieron hace casi dos décadas, cuando cuatro aviones secuestrados impactaron contra el World Trade Center en Nueva York, el Pentágono en Washington, y un campo de Pensilvania. Mohamed llevaba un turbante azul y una mascarilla a juego que se quitó dejando a la vista su larga barba canosa. Charló animadamente con Bin Atash mientras revisaba una pila de documentos.

Bin Atash, quien presuntamente ayudó a planificar los ataques del 11-S, de kufiya rosada y chaqueta de camuflaje beige, caminó lentamente con una prótesis en una pierna que perdió en un tiroteo en Afganistán en 1996. Al-Shibh, miembro de la “Célula de Hamburgo” de secuestradores, también vestía una chaqueta de camuflaje color arena sobre sus pantalones de algodón blanco, aparentemente en recuerdo de sus días como miembro de la red yihadista Al Qaida.

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Baluchi, también conocido como Ali Abdul Aziz Ali y sobrino de Mohamed, dejaba ver una barba negra corta debajo de su máscara y llevaba una gorra sindhi de su Baluchistán natal, en Pakistán, junto con un chaleco tradicional sobre una túnica blanca. Está acusado de las transferencias de dinero para los atentados.

El quinto imputado, Hawsawi, que trabajaba con Baluchi, entró de túnica blanca estilo saudí Thobe. Llevaba una almohada que colocó en la silla del hospital reservada para él, debido al daño rectal que sus abogados dicen que sufrió en los interrogatorios abusivos de la CIA.

McCall, el octavo designado para presidir el proceso, comenzó preguntando a los acusados si entendían las pautas. “Sí”, respondió cada uno, algunos en inglés y otros en sus propios idiomas. Luego recalcó la necesidad de usar tapabocas cuando no se dirigieran a la corte, aunque Mohamed y un par de personas parecieron ignorarlo. Algunos, si no todos, los acusados fueron vacunados contra el COVID-19, según los abogados defensores.

La defensa, que busca desacreditar la mayor parte de las pruebas de la fiscalía debido a la tortura que sufrieron los cinco acusados bajo custodia de la CIA entre 2002 y 2006, estaba ansiosa por reiniciar el proceso. Pero un asunto vinculado al nombramiento de McCall mostró las piedras en el camino.

McCall fue nombrado el año pasado, pero resultó que aún no tenía los dos años de experiencia como juez militar requeridos para el caso del 11-S. Calificó finalmente para el cargo el mes pasado, pero mientras tanto se nombró a otro juez para supervisar temporalmente el caso.

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James Connell, abogado de Baluchi, dijo que ese juez aprobó, con el apoyo del Departamento de Defensa, la destrucción de uno de los sitios de la CIA supuestamente usados para torturar a los detenidos del 11-S, una prueba esencial según el defensor.

Connell apeló, pero el martes la corte de apelaciones del sistema de justicia militar falló a favor de la destrucción. “La destrucción intencional de evidencia le quita a la defensa, y realmente al pueblo estadounidense, información sobre lo que realmente sucedió”, dijo.

Fuente: AFP.