El jefe de la junta militar birmana Min Aung Hlaing, en el poder desde el golpe de Estado de febrero contra Aung San Suu Kyi, prometió celebrar elecciones “de aquí a agosto de 2023” en un discurso para conmemorar los seis meses del golpe.

“Trabajamos para establecer un sistema multipartita democrático”, aseguró el exjefe del ejército, comprometiéndose de nuevo a la celebración de elecciones “de aquí a agosto de 2023”.

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El 26 de julio, la junta anuló los resultados de los comicios legislativos de noviembre de 2020, que ganó por amplia mayoría la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi, alegando que se habían detectado más de 11 millones de casos de fraude, lo que desmiente el partido.

“Los votos fueron viciados por la LND que abusó de su poder ejecutivo de forma inapropiada”, dijo el domingo Min Aung Hlaing. Antes del golpe, el general ya era un paria para las capitales occidentales debido a la represión sangrienta de sus hombres contra la minoría musulmana rohinyá. Desde el golpe, es objeto de nuevas sanciones.

“Prometo combatir esta dictadura mientras viva”, “No nos arrodillaremos bajo las botas de los militares”, escribieron jóvenes opositores en las redes sociales el domingo con motivo de los meses del golpe. En Kaley (oeste) hubo una manifestación en homenaje a los presos políticos. “Los cánticos de los detenidos son una fuerza para la revolución” se podía leer en una pancarta.

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Pero la mayoría de los birmanos permanecen encerrados en sus casas, aterrados por la violencia de las fuerzas de seguridad y la propagación del coronavirus. Reino Unido advirtió a la ONU que la mitad de la población, en torno a 27 millones de personas, podría infectarse de COVID-19 en las próximas dos semanas, calificando la situación de “desesperada”.

Pese al caos político, económico y sanitario, la junta prosigue su represión para amordazar cualquier signo opositor. En seis meses, 940 civiles han muerto, de ellos 75 menores, centenares han desparecido y más de 5.400 están detenidos, según una ONG.

Aung San Suu Kyi, de 76 años, inicia su séptimo mes de arresto domiciliario. Acusada por varias infracciones (importación ilegal de talkies-walkies, incumplimiento de las restricciones relativas a la pandemia corrupción, sedición...) se expone a varios años de cárcel.

Cadáveres de víctimas del COVID-19, envueltos apresuradamente con lonas, desfilan hacia crematorios y cementerios. Seis meses después del golpe militar en Birmania, el colapso del sistema sanitario se suma al caos político y económico. El 1 de febrero, el ejército depuso al gobierno electo de la líder civil Aung San Suu Kyi, poniendo fin a un paréntesis democrático de diez años.

Actualmente, “no estamos lejos del colapso total”, resume a la AFP Manny Maung, investigadora de la oenegé Human Rights Watch. “La población está exhausta por meses de resistencia a la junta y por una ola de coronavirus sin precedentes”, afirma. El país del sureste asiático carece de oxígeno, test y vacunas, y numerosos enfermos prefieren tratarse en casa, o incluso morir allí, antes que ir a los hospitales, controlados por el ejército.

También escasean los profesionales sanitarios, en huelga desde el golpe, muchos de los cuales han abandonado sus puestos. Y el sistema de salud no es el único afectado por esta amplia campaña de desobediencia civil. La banca y otros sectores económicos están paralizados por miles de huelguistas, muchos huidos.

En medio del caos, la sangrienta represión de la junta no cesa. Desde febrero, casi 940 civiles murieron, entre ellos decenas de menores, y 5.400 han sido encarcelados y se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad ante el repunte del virus.

Su detención en centros hacinados “puede transformarse en una condena a muerte” con la epidemia, advirtió recientemente el relator de Naciones Unidas para Birmania, Tom Andrews. Las oenegés también denuncian casos de torturas, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales en prisión.

La dureza del régimen no amedrenta a la resistencia, que trata de organizarse. Las manifestaciones pacíficas dejaron paso a una respuesta armada liderada por milicias ciudadanas, las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF). Algunas libran guerrillas urbanas. Otras encontraron refugio en el norte y el este del país, controlados por facciones étnicas rebeldes que las entrenan y lanzan sus propias operaciones contra el ejército.

Estos diferentes movimientos son autónomos entre ellos, manteniendo abierto un amplio abanico de frentes. Sin embargo, “hay un espíritu de fuerte unidad contra el ejército y por una Birmania federal. Esto es totalmente nuevo en el país”, mermado desde su independencia en 1948 por conflictos interétnicos, señala Françoise Nicolas, directora para Asia del Instituto Francés de Relaciones Internacionales.

Si en el plano militar, la junta se ha visto desestabilizada por los insurgentes, mantiene su poder sobre la economía. Su administración gestiona numerosas empresas que comercian desde con cerveza hasta con piedras preciosas. Y, desde el golpe, retomó el control del gas natural, que supone unas rentas anuales de alrededor de 1.000 millones de dólares.

Empresas como la estadounidense Chevron o la francesa Total suspendieron el pago de parte de sus dividendos a Birmania, pero esto debilita poco esta fuente de ingresos. Ni las sanciones financieras de Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea ni los llamados de la comunidad internacional doblegaron a los militares. El lunes, invalidaron las elecciones de noviembre de 2020 ganadas holgadamente por la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi, afirmando haber detectado más de 11 millones de casos de fraude. El partido niega dichas acusaciones.

La exdirigente de 76 años se encuentra en arresto domiciliario y está acusada de múltiples delitos: importación ilegal de walkie-talkies, incumplimiento de las restricciones sanitarias, corrupción, sedición, etc. A mediados de junio se inició el primero de múltiples juicios, denunciado por numerosos observadores como “una parodia”.

La líder civil, que ya estuvo en arresto domiciliario durante casi 15 años entre 1990 y 2010, se arriesga a su expulsión de por vida de la política y a una larga condena de cárcel. Medio año después del golpe, Birmania ya no copa la información internacional. Y aunque el gobierno de “unidad nacional”, compuesto por disidentes exiliados, “tiene el mérito de existir, no tiene un gran peso por ahora”, dice Françoise Nicolas.

“Las organizaciones internacionales, sobre todo las de la ONU, deben incrementar la presión”, asegura esta investigadora. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución para impedir la llegada de armas al país, pero no es vinculante.

Aung San Suu Kyi, privada de libertad y acosada por una multitud de procesos judiciales, ha perdido parte de su peso político en Birmania, donde la juventud quiere librar la resistencia contra la junta golpista lejos de este icono. “No luchamos por el partido de Suu Kyi, sino para que la próxima generación no viva bajo el yugo de los militares”, resume a la AFP un joven médico, en huelga desde el golpe de Estado de los generales.

Se cumplieron seis meses desde la detención de la exdirigente de 76 años, que está en arresto domiciliario en la capital Naipyidó. Hija del héroe de la independencia asesinado, símbolo de la resistencia pacífica a la opresión, “Mother Suu” sigue siendo una persona de prestigio en Birmania y su retrato estaba omnipresente en las manifestaciones de los últimos meses.

“Pero se la considera cada vez más como una figura histórica”, explica Manny Maung, de la oenegé Human Rights Watch. Los tiempos en que, durante dictaduras precedentes los birmanos buscaban clandestinamente sus discursos atentos a la más mínima consigna de su parte, parecen haber quedado definitivamente atrás.

La generación Z, menores de 25 años, nacida con la revolución digital y conectada al mundo, está en primera línea de las protestas. Rechaza todo liderazgo personalizado y apoya un enfoque más descentralizado del poder, a imagen del movimiento prodemocracia en Hong Kong o Tailandia.

“No quiere ser gobernada por un icono ni dominada por una sola fuerza política”, como fue el caso de la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi a partir de 2015, explica Manny Maung.

Facciones étnicas rebeldes del norte y del este del país --que empuñaron las armas contra la junta, albergan y entrenan a muchos opositores huidos-- representan una fuerza de resistencia esencial actualmente y también quieren ser escuchadas. Y tampoco se reconocen en Aung San Suu Kyi. En el poder, esta última fue incapaz de poner fin a las tensiones interétnicas, a las luchas armadas que socavan su país desde la independencia de 1948 y al dominio de la etnia mayoritaria bamar, a la que pertenece.

“Si la junta acabara por caer, estos grupos ya no aceptarían este dominio”, dice Françoise Nicolas, directora de Asia en el Instituto Francés de Relaciones Internacionales. El deseo de una federación con una mejor representación del mosaico étnico birmano (más de 130 minorías) aparece ya en los discursos políticos.

Y símbolo de estos tiempos, Ei Thinzar Maung de la etnia shan entró en el “gobierno de unidad nacional” (NUG), formado por la oposición en la clandestinidad. “Se le ha hecho un hueco en el paisaje político, es algo muy nuevo y un símbolo fuerte”, dice Nicolas. En el seno del NUG, surgen las diferencias entre la vieja guardia fiel a Suu Kyi y una facción más progresista que no desea avanzar solo con ella.

A nivel internacional, su peso se ha reducido considerablemente en los últimos años. Otrora, la liberación de la premio Nobel de la Paz 1991, en arresto domiciliario durante cerca de 15 años, era considerada como “la solución” para salir de la crisis, recuerda Richard Horsey del centro de análisis del International Crisis Group (ICG).

Pero actualmente, “su importancia para Occidente ha disminuido considerablemente”. Muchos países le han reprochado haber respaldado los excesos de los militares y de los extremistas budistas contra la minoría musulmana rohinyá.

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Suu Kyi refutó las críticas e incluso viajó a La Haya para defender a su gobierno acusado de “genocida” ante la Corte Internacional de Justicia. En un giro de 180 grados, el NUG instó a principios de junio a los rohinyás a sumarse para tratar de deponer a la junta, prometiéndoles la ciudadanía. Una revolución.

Privada de acceso a la información, se desconoce si Aung San Suu Kyi sabe los cambios. No obstante, los militares golpistas la siguen considerando como una amenaza. La junta anuló las legislativas de 2020, que ganó mayoritariamente la LND, y multiplica las acusaciones contra la exdirigente, acusada sobre todo de sedición y corrupción, para impedir su regreso a la política.

Fuente: AFP.