El gerente del diario La Prensa de Nicaragua, Juan Lorenzo Holmann, fue detenido el sábado tras el allanamiento al periódico, vinculado por las autoridades a supuesto lavado de dinero, y en medio de una ola de arrestos a opositores y críticos del presidente Daniel Ortega.

En la madrugada del sábado tras 19 horas de ocupación, “Holmann, fue llevado por la Policía en su vehículo, custodiado por dos patrullas, a la cárcel de El Chipote”, supuestamente para firmar documentos, denunció en Twitter el periodista Carlos Fernando Chamorro, su primo.

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Horas después, la policía confirmó en un comunicado la detención de Holmann, quien está siendo investigado por “defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos”. Añadió que remitirá el caso a las autoridades para su “enjuiciamiento y determinación de responsabilidades penales”.

A tres meses de las elecciones, con Holmann se eleva a 33 el número de opositores y críticos al gobierno presos, entre ellos Cristiana Chamorro, vicepresidenta de La Prensa, propiedad de su familia y una de los siete aspirantes a la presidencia arrestados.

El mandatario de 75 años, que gobierna desde 2007, ha postulado su candidatura a las elecciones de noviembre para un cuarto mandato sucesivo con la exguerrilla de izquierda Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

“La policía incautó y trasladó en camiones computadoras, archivos contables, cajas de documentos, y una cantidad indeterminada de bienes, de las bodegas de La Prensa”, denunció Carlos Fernando Chamorro. Las autoridades investigan a los directivos del diario La Prensa, el único con circulación nacional y crítico del gobierno, por “fraude aduanero y lavado de activos”.

Las acciones contra el diario tuvieron lugar un día después de que Holmann anunció la suspensión de la edición impresa del periódico debido a la retención de papel por parte de las autoridades de aduana. Pero continúa informando en sus plataformas digitales.

El diario La Prensa, con 95 años de historia, ha sobrevivido a los vaivenes de la política local. Uno de sus directores, Pedro Joaquín Chamorro, esposo de la expresidenta Violeta Barrios, fue asesinado a tiros en una calle de Managua en 1978, durante la dictadura de Anastasio Somoza.

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La noche del viernes durante un acto de aniversario de la fuerza naval del ejército, y mientras continuaban los agentes dentro de las instalaciones del diario, Ortega acusó a sus dueños de “lavar dinero y luego esconder las pruebas”. Asimismo, consideró una “calumnia” la denuncia de que “se habían quedado sin papel, que por eso no podía salir ese diario”.

“Cuando se miente de esa manera, cuando se calumnia al Estado, está cometiendo un delito”. “El que calumnia, el que difama, va a la cárcel”, subrayó Ortega. Periodistas del diario dijeron en sus redes que las existencias de papel no eran suficientes para imprimir una edición y otras publicaciones que tiene la empresa.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo el viernes que los opositores detenidos en el país en los últimos meses buscaban una nueva “oleada de terrorismo” en las elecciones de noviembre, en las buscará un cuarto mandato consecutivo con la mayoría de sus rivales presos.

Ortega, de 75 años, aseguró que un primer intento de retirarlo del poder ocurrió en abril de 2018, durante las manifestaciones contra su gobierno reprimidas por la policía, que según organismos de derechos humanos dejaron un saldo de más de 300 muertos.

Pero la “amnistía” que en 2019 sacó de la cárcel a cientos de manifestantes detenidos durante los disturbios “no les bastó y siguieron conspirando y apostando a otra oleada de terrorismo de cara a las elecciones, descalificando las elecciones manejadas por los yanquis”, sostuvo el gobernante.

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A menos de tres meses de las elecciones presidenciales, 32 opositores han sido detenidos, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, acusándolos de traición a la patria y de apoyar sanciones contra el país. El mandatario, un exguerrillero en el poder desde el 2007, buscará el 7 de noviembre una nueva reelección con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Desde 2017 su esposa, Rosario Murillo, lo acompaña en la vicepresidencia.

La seguidilla de arrestos a opositores le ha costado a Ortega un aumento de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que le reclaman liberar a los detenidos y permitir elecciones libres y justas. Durante una ceremonia militar, flanqueado por los jefes del ejército y la policía, el gobernante insistió en que quien “comete un crimen tiene que ser investigado y luego juzgado y castigado conforme la ley”.

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Ortega reiteró que los opositores detenidos “se encargaron de financiar o buscar los recursos y el apoyo de los yanquis para dirigir los crímenes que se cometieron en abril de 2018” y han tratado de hacerlo nuevamente. “No se puede seguir aprobando amnistía, sería convertirnos en terroristas y criminales”, agregó.

“Todos los que están siendo investigados... esos criminales, esos asesinos, por eso son terroristas (...) con la pausa y aliento de algunos curas que no son hijos de dios, sino del demonio”, fustigó Ortega. El mandatario ha acusado a jerarcas de la iglesia católica, bajo cuyos auspicios se realizó un diálogo para superar la crisis en 2018, de aupar las manifestaciones en su contra.

La policía de Nicaragua allanó este viernes al diario opositor La Prensa en medio de una ola de detenciones de críticos y rivales del presidente y candidato a la reelección, Daniel Ortega, a menos de tres meses de las elecciones. Según una nota de la Policía Nacional, los directivos del diario son investigados por “fraude aduanero y lavado de activos”. La sede del diario se encuentra custodiada por las fuerzas del orden.

Patrullas de la policía ingresaron a las instalaciones del diario hacia el mediodía, donde se encontraba personal del rotativo, que en la víspera anunció que suspendía su edición impresa debido al “secuestro” de papel por parte del servicio de aduanas que controla el gobierno.

Desde junio a la fecha, las autoridades de Nicaragua han detenido a 32 opositores, entre ellos siete posibles rivales del presidente Ortega, en el poder desde el 2007, y quien postulará con la exguerrilla izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para un cuarto mandato consecutivo el 7 de noviembre.

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Se aplicarán las leyes a “aquel que comete delito, que se presta a lavar dinero y luego va a esconder las pruebas del lavado de dinero en un diario. Ahí se han encontrado [pruebas]”, dijo el presidente, durante un acto de aniversario de la fuerza naval del ejército.

Ortega, de 75 años, acusa a los opositores de traición a la patria y de promover sanciones contra el país. Su gobierno ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, acusado de atentar contra los derechos humanos y por la represión contra sus críticos desde el estallido de manifestaciones en su contra en 2018. Su esposa, Rosario Murillo, lo acompaña en la vicepresidencia desde 2017.

En su edición del 12 de agosto, La Prensa aseguró que el “bloqueo de la dictadura orteguista” los dejó sin papel. Sin embargo, Ortega dijo que las autoridades “encontraron cantidades de papel” en las bodegas durante la intervención policial, y consideró que las acusaciones del diario son una “calumnia al estado”. “Va a la cárcel el que calumnia y difama”, remachó.

Medios afines al gobierno divulgaron en sus redes sociales fotos de la bodega del rotativo con las que quisieron demostrar que presuntamente hay abundante material para imprimir. Personal del periódico alegó que la cantidad de bobinas de papel no era suficiente para imprimir una edición.

Durante el allanamiento, periodistas del diario denunciaron que el acceso al internet fue cortado, al igual que la electricidad, se les impidió el uso de celulares y fueron apagados los servidores. Aunque las autoridades continuaban dentro del local, el portal de internet del diario retomó sus labores. “Estoy bien. Ya nos dejaron regresar a las oficinas”, dijo en Twitter el jefe de Información del diario, Fabián Medina.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su relatoría especial para la Libertad de Expresión se pronunciaron en sus redes sociales condenaron “la constante persecución oficial a la prensa en Nicaragua”. Recordaron que “las presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor de la prensa afectan el debate democrático y son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión”.

La Prensa, con 95 años de existencia y el único de circulación nacional, es crítico del gobierno. Es la segunda vez que suspende su edición impresa por la retención de su materia prima en los almacenes de aduanas. La primera fue en 2019. El periódico de tirada nacional Nuevo Diario suspendió operaciones en septiembre de 2019, tras denunciar el bloqueo a la importación de papel en la aduana.

Ambos medios cubrieron ampliamente las manifestaciones que estallaron en 2018 contra el gobierno de Ortega, quien las calificó como un intento de golpe de Estado. Organismos gremiales estiman que al menos 20 medios de comunicación independientes han desaparecido por confiscaciones o cierres forzosos durante el gobierno de Ortega.

Las detenciones de opositores generaron críticas de la comunidad internacional y roces diplomáticos. El sandinismo dijo recientemente que España es “arrogante, jactanciosa y falsa” con sus cuestionamientos al gobierno de Ortega, y le recordó que Nicaragua “hace siglos dejó de ser colonia”. Eso motivó que Madrid llamara a consultas a su embajadora en Managua, una decisión que anteriormente habían tomado Costa Rica y Colombia, e incluso aliados de izquierda como México y Argentina.

“Los inaceptables ataques verbales a España, que llevaron al llamamiento a consultas de la embajadora en Nicaragua, son un obstáculo al diálogo entre la Unión Europea y Nicaragua”, comentó en Twitter el ministerio francés para Europa y de Asuntos Exteriores. “Francia, con sus socios europeos, sigue con mucha atención la situación en este país”, agregó.

Fuente: AFP.