Un año después de la mortífera explosión en el puerto de Beirut, y a pesar de la dimensión de esta tragedia que traumatizó a Líbano, ningún responsable ha sido llevado ante la justicia y la investigación no avanza, obstaculizada por la política.

El 4 de agosto de 2020, los bomberos fueron enviados al puerto para apagar un incendio. Pasadas las 18:00, (15H00 GMT), la explosión deja 214 muertos y más de 6.500 heridos, devastando barrios enteros de la capital. Esa misma noche, las autoridades adjudican la tragedia a 2.750 toneladas de nitrato de amonio, abandonadas “sin medidas de precaución” desde hace más de seis meses en el puerto.

Un año más tarde, la opinión pública sigue esperando las conclusiones de la investigación libanesa y denuncia las injerencias políticas que podrían sabotear el caso. Las zonas oscuras persisten y las mismas preguntas continúan sin respuesta.

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¿Qué provocó esta explosión? ¿Por qué el nitrato quedó abandonado en el puerto a pesar de los peligros? ¿Quién estaba al tanto entre los responsables políticos y de seguridad? Algunos temen que nunca se haga justicia en este caso. El juez de instrucción Tarek Bitar busca inculpar a varios exministros y altos funcionarios, pero la inmunidad que los protege a raíz de sus responsabilidades frena el avance de los procesamientos.

“Simplemente intentan escapar de la justicia”, dice el abogado Youssef Lahoud, que representa a más de 1.000 víctimas de la explosión. A pesar de los obstáculos, la investigación está “terminada en tres cuartas partes”, indica a la AFP una fuente judicial cercana al expediente. Bitar espere anunciar sus conclusiones “de aquí a fin de año”.

En noviembre de 2013, el barco “Rhosus”, de pabellón moldavo, y que había partido de Georgia con destino a Mozambique, hizo escala en Beirut con un cargamento de nitrato de amonio a bordo. En aquella época, y a raíz de un oscuro proceso judicial contra su propietario, el barco quedó inmovilizado. El cargamento fue descargado en 2014 y almacenado en el depósito número 12, mal mantenido. Abandonado, el “Rhosus” se terminó hundiendo en 2018.

Una empresa privada de Mozambique, Fabrica de Explosivos de Mocambique (FEM), explicó en 2020 a la AFP que efectivamente había encargado nitrato de amonio a Georgia en 2013, pero que el cargamento nunca le fue entregado.

Según Lahoud, la investigación permitió revelar la identidad de varias partes implicadas, incluyendo el nombre del propietario de la compañía marítima encargada de transportar el cargamento y el nombre del banco mozambiqueño que financió la operación. “La justicia determinó las responsabilidades en lo que concierne a la parte que transportó el nitrato de amonio a Beirut, y las razones por las cuales fue descargado, cómo fue almacenado, por qué no fue destruido o enviado” al extranjero, agrega.

“Pero la investigación no determino aún si otras partes” estuvieron detrás del viaje del “Rhosus”, continuó Lahoud, en referencia a países o grupos extranjeros. La investigación local también abarcó informaciones de prensa que establecen los presuntos vínculos entre tres empresarios de nacionalidad siria y rusa con la compañía Savaro Limited, especializada en el comercio de productos químicos y que había recibido el encargo de la firma mozambiqueña. Savaro Limited tiene dirección en Londres, pero la identidad de sus verdaderos propietarios no se conoce.

El “punto débil” de la investigación, según Lahoud, es el hecho de que aún no se determinó la razón de la explosión. ¿Fue el incendio? “Si fuera el caso, ¿cómo comenzó?”, se pregunta el abogado, para quien nada permite descartar aún la hipótesis de un “sabotaje” o un “ataque”.

Inmediatamente después del drama, fuentes de seguridad se refirieron a trabajos de soldadura que podrían haber causado el incendio. Pero algunos observadores no están convencidos. El juez Bitar quiere llevar a cabo una reconstrucción de los hechos en el lugar de la explosión para determinar las razones del incendio.

También solicitó la cooperación de varios países por la cuestión del origen del cargamento, y contactó por ejemplo a Francia, Estados Unidos e Italia para obtener imágenes satelitales del puerto, con la esperanza de ver lo que pasaba allí el 4 de agosto de 2020.

Francia asegura que no tenía satélites sobre Líbano el día de la explosión, según fuentes judiciales. La ausencia de imágenes de este tipo impide también saber si algunas cantidades de nitrato de amonio fueron retiradas de manera discreta del depósito en los últimos años, agrega Lahoud.

Porque, según los expertos, y visto el tamaño de la explosión, la cantidad de nitrato de amonio en el puerto tendría que haber sido de algunos cientos de toneladas, y no de 2.750 como se anunció inicialmente.

Si las autoridades siempre han rechazado de manera categórica cualquier investigación internacional, Francia lanzó su propia causa judicial ya que varios de sus ciudadanos figuran entre las víctimas.

A mediados de junio, unas cincuenta oenegés reclamaron una investigación de la ONU, citando “flagrantes injerencias políticas, la inmunidad de altos responsables políticos” y “violaciones del procedimiento regular”. ¿El anterior juez de instrucción no había sido recusado en febrero tras haber provocado un escándalo en la clase política al inculpar al Hassan Diab, el primer ministro que renunció, y tres exministros?

Para una gran parte de la opinión pública, es toda la República la que debe rendir cuentas. El 20 de julio de 2020, apenas unos días antes de la tragedia, el presidente Michel Aoun y Diab habían recibido una advertencia de parte de los servicios de inteligencia.

En un informe interno consultado por la AFP, y preparado varios meses antes de la explosión, la Agencia Nacional de Seguridad libanesa señalaba que el depósito contenía “materiales peligrosos” y advertía sobre el riesgo de que un “enorme incendio” podía “destruir casi por completo el puerto”.

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Al día de hoy, Hassan Diab está inculpado y 18 personas se encuentran detenidas en el marco de la causa, entre ellas el director de Aduanas, Badri Daher, y el director del puerto, Hassan Koraytem. El juez Bitar reclamó al Parlamento el levantamiento de la inmunidad de tres diputados que ocuparon puestos de ministros -Ali Hasan Khalil (Finanzas), Ghazi Zaayter (Obras Públicas y Transporte) y Nouhad al-Machnouk (Interior)- para procesarlos.

También quiere inculpar a responsables de inteligencia. Según una fuentes judicial, las acusaciones conciernen a los responsables “de los cuales se ha comprobado, a través de documentos y testigos, que estaban al tanto de la presencia de nitrato de amonio y de sus peligros”.

Fuente: AFP.