El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, concretaron la firma de un convenio interinstitucional en el marco del fortalecimiento de la administración entre ambas instituciones. El objetivo es potenciar la transparencia, la eficiencia y la capacitación en temas relacionados con el sistema electoral.

Con este convenio, se establece la implementación de planes, programas y la elaboración de proyectos de ley de interés común; además de capacitaciones y desarrollar actividades relacionadas o derivadas de las misiones institucionales respectivas.

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El presidente de Diputados, Raúl Latorre, destacó el rol y el trabajo realizado por el TSJE en los procesos electorales en el país. “La conducta de la Justicia Electoral siempre ha dado claridad y certeza en los resultados electorales, lo cual es fundamental para que se respete al ganador y se mantenga una paz. El TSJE ha sido una institución creíble que ha fortalecido los cimientos de nuestra democracia”, indicó.

Por su parte, el presidente de la máxima autoridad electoral, César Rossel, adelantó que se plantearán reformas técnicas que se irán elevando a la Cámara de Diputados. “Nosotros teníamos que presentar, o estaba en los planes de la Justicia Electoral, presentar unas reformas técnicas, así que lo vamos a canalizar directamente a través de la Cámara de Diputados, y trabajaremos en las capacitaciones y en todo lo que hace a las elecciones”, indicó.

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, de Diputados, Arnaldo Valdez, también se expresó sobre este convenio, manifestando que la comisión asesora trabajará en las propuestas que sean enviadas por la Justicia Electoral.

“Quiero manifestar mi contento y el contento de la Comisión de Asuntos Electorales por la firma de este convenio, atendiendo a que tenemos una labor intensa en los diferentes proyectos de leyes que se están impulsando al interior de la Cámara de Diputados”, apuntó.

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Peculiar es la palabra que define al sistema electoral de Estados Unidos, donde Donald Trump derrotó a Hillary Clinton en 2016 con casi tres millones de votos menos y George W. Bush a Al Gore en 2000 con casi 500.000 menos. Los grandes protagonistas son los electores del Colegio Electoral.

En ambos casos, la victoria del candidato republicano se debió a que había superado los 270 votos electorales necesarios para abrirle las puertas de la Casa Blanca. Estas son algunas claves del sistema, en víspera de las elecciones del 5 de noviembre entre Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, que se anuncian muy reñidas.

El por qué

El sistema se remonta a la Constitución de 1787, que estableció las normas para las elecciones presidenciales por sufragio universal indirecto en una sola votación. Los padres fundadores lo consideraron un término medio entre elegir al presidente por sufragio universal directo o por el Congreso, considerado poco democrático. A lo largo de las décadas se han presentado cientos de propuestas de enmienda al Congreso para modificar o abolir el Colegio Electoral, pero ninguna ha prosperado.

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¿Quiénes son?

Son 538 compromisarios. La mayoría de ellos son congresistas, funcionarios y cargos locales de los partidos, pero sus nombres no aparecen en las papeletas de voto y son en su inmensa mayoría desconocidos para la opinión pública. Cada estado tiene tantos compromisarios o grandes electores como congresistas en la Cámara de Representantes (número determinado por la población) y el Senado (dos por estado).

California, por ejemplo, tiene 54 y Texas 40. Vermont, Alaska, Wyoming y Delaware sólo tienen tres. En todos los estados menos en dos (Nebraska y Maine deciden por representación proporcional), el candidato más votado se lleva todos los votos de los grandes electores.

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Polémica

En noviembre de 2016, Trump obtuvo 306 votos de grandes electores. Millones de estadounidenses pidieron que lo bloquearan. Pero solo dos grandes electores de Texas desertaron, con lo que se quedó con 304 votos. No era la primera vez que ocurría algo así. Cinco presidentes estadounidenses en total han perdido el voto popular, pero han ganado las elecciones.

John Quincy Adams fue el primero, en 1824, contra Andrew Jackson. Las elecciones de 2000 dieron lugar a un enredo en Florida entre George W. Bush y el demócrata Al Gore. Este último obtuvo más votos en el país, pero el republicano consiguió 271 votos en el colegio electoral.

¿Simple formalidad?

No hay nada en la Constitución que obligue a los grandes electores a votar por uno u otro candidato. Algunos estados les obligan a respetar el voto popular, pero aquellos que se niegan, por lo general, solo se exponen a una multa. Pero en julio de 2020, la Corte Suprema dictaminó que estos grandes electores “desleales” podían ser castigados si hacen caso omiso de la elección de los ciudadanos.

¿Cuándo?

Los electores se reunirán en sus estados el 17 de diciembre. La ley estadounidense estipula que “se reúnan y emitan sus votos el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre”. El 6 de enero de 2025, tras contar todos los votos, el Congreso anunciará solemnemente el nombre del presidente, que se conocerá mucho antes.

Fuente: AFP.

Tras darse a conocer la propuesta de las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) de trasladar las oficinas administrativas de la institución hasta un local ubicado en el barrio Rincón de la ciudad de Ñemby, el malestar de los posibles vecinos no se hizo esperar.

Si bien la idea del traslado surgió como una posible solución para lograr que los grupos de pueblos originarios desalojen calles aledañas al Indi y ya no generen caos en el tránsito cuando realizan las protestas exigiendo sus reivindicaciones, ahora los vecinos del nuevo local del instituto se encuentran en pie de guerra, ya que se niegan a tener que pasar por las mismas circunstancias calamitosas que generó el traslado.

“No nos gusta la idea de que se muden acá; estamos reunidos más de 20 comisiones vecinales con las cuales nos mantenemos en contacto y planteamos, inclusive, una manifestación para el próximo sábado. Nuestro temor es que, como hay baldíos aquí enfrente, se instalen los indígenas aquí y ya no se vayan”, comentó Victor Godoy, vecino de la zona, en conversación con el programa “Arriba Hoy” emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El mismo precisó que conocen el historial de problemas de estas personas, y que si bien se habla de que se buscan mejorar las condiciones de los mismos, nadie puede darle a los vecinos la garantía de que no se repita el escenario y, por sobre todo, de que si se da la instalación de estas personas, las mismas puedan ser desalojadas por la policía.

Por su parte, Eva Fleitas, otra pobladora de la zona, manifestó que si bien comprenden la necesidad de cambiar la sede del Indi, destacó que esta no puede estar en un barrio como ese, el cual es considerado residencial y cuenta con una población muy alta de niños y adolecentes que pueden estar expuestos a las conductas atipicas de los indígenas.

“Muchos nos mencionaron que esta sería una medida provisoria hasta que se realice una sede más amplia y en condiciones, pero la verdad es que no creemos en que sea una decisión provisoria o si lo es pasará mucho tiempo antes de que cambien a la sede definitiva y nosotros no vamos a tolerar esto”, remacó Eva Fletas en conversación con GEN.

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Miles de personas se manifestaron este domingo en las islas Canarias en contra del turismo de masas que, según ellos, afecta negativamente a este archipiélago español situado en el océano Atlántico. “Canarias tiene un límite”, corearon los manifestantes, que se congregaron en los puntos turísticos más importantes de las siete principales islas que forman el archipiélago.

En Gran Canaria, los manifestantes protestaron frente a un centro de convenciones en Maspalomas. En Fuerteventura, se concentraron frente al único parque acuático de la isla y en Tenerife, en la zona de ocio nocturno de Playa de las Américas. “Esta playa es nuestra”, corearon ante la mirada de los turistas sentados en tumbonas bajo sombrillas.

Las protestas siguen las que se produjeron en abril en plazas de todo el archipiélago. Los manifestantes denuncian un modelo de turismo de masas que, según ellos, favorece a los inversores a expensas del medioambiente, priva a los residentes locales de vivienda y les obliga a realizar trabajos mal pagados en el sector servicios.

“El sector turístico está trayendo pobreza, paro y miseria en el archipiélago canario”, declaró a AFP en una protesta en Gran Canaria Eugenio Reyes Naranjo, el portavoz de la federación Ben Magec-Ecologistas en Acción. “Canarias no se vende” y “Basta ya”, se podía leer en las pancartas de los manifestantes, que pidieron limitar el número de turistas, restringir los pisos turísticos y que se frene lo que califican de urbanización descontrolada. Cerca de 6.500 personas participaron en la protesta en Tenerife, 5.000 en Gran Canaria y más de 1.500 en Lanzarote, indicaron las autoridades locales.

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El archipiélago, situado frente a la costa noroeste de África, es conocido por sus islas de paisajes volcánicos y su buen tiempo durante todo el año, lo que lo convierten en un popular destino para los amantes del sol del norte de Europa. El año pasado, un récord de 16,2 millones de personas visitaron las islas, un aumento del 10,9% respecto a 2022 y más de siete veces su población, de unos 2,2 millones.

Los manifestantes consideran que estas cifras son insostenibles para los limitados recursos del archipiélago. Las islas van camino de pulverizar este récord este año. Iván Cerdeña, portavoz del grupo medioambiental local ATAN, que jugó un papel clave en las protestas, afirmó que buscan poner a las manifestaciones en “el epicentro de este modelo económico injusto”.

Alrededor de cuatro de cada diez residentes trabaja en el sector turístico, que representa el 36% del producto interior bruto (PIB) de las islas, según datos oficiales. Pero muchos canarios se quejan de no recibir esta riqueza generada por el sector turístico que, según ellos, va a parar principalmente a grandes empresas de fuera del archipiélago. “Las riquezas que se generan aquí en el archipiélago van por toda Europa y los canarios no recibe nada por ello. Son empresas de fuera las que vienen aquí y nosotros no vemos el dinero por ningún lado”, dijo Adrián Souza, de 32 años, un manifestante en Maspalomas.

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Una de cada tres personas que vive en Canarias está en riesgo de pobreza y a un 65% le cuesta llegar a fin de mes, según las últimas cifras de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Algunos turistas vitorearon a los manifestantes al pasar por delante de ellos. “La costa se está viendo dañada por tanta construcción. Estoy totalmente de acuerdo con ellos”, declaró Rosalia Magalilo, una turista suiza de 55 años que afirma que viaja a Gran Canaria desde hace 30 años.

Las protestas contra el turismo de masas se multiplicaron en los últimos meses en toda España, el segundo país más visitado del mundo después de Francia. Esto ha llevado a las autoridades a intentar conciliar los intereses de la población local y los de un lucrativo sector que representa el 12,8% de la economía española. El ayuntamiento de Barcelona anunció que prohibirá todos los apartamentos turísticos de aquí a 2028, mientras que la ciudad de Sevilla, en el sur del país, planea cortar el suministro de agua a las viviendas alquiladas sin licencia a turistas.

Fuente: AFP.