El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, destacó que la economía paraguaya pudo responder a todos los desafíos que se le presentó desde la pandemia hasta hoy por su buena salud y credibilidad en la política económica.

“La economía paraguaya respondió bien a todos los desafíos que tuvo desde la pandemia hasta acá, creció por segundo año consecutivo en el entorno de su potencial, al 4 % del PIB. Esta resiliencia se explica por la propia fortaleza de nuestra economía y la credibilidad de la política económica porque se desarrolló antídotos importantes que cooperan como estabilizadores automáticos”, manifestó a la 1000 AM.

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En ese marco, expuso que la perspectiva que se tiene para el 2025 es que el comportamiento económico se tornará igual o levemente mejor que este año. Resaltó que Paraguay será uno de los líderes en el crecimiento de la región para el próximo año.

“En 2024 vimos una inflación bien comportada, salvo algunas turbulencias inflacionarias por el impacto que tuvo el clima por sobre productos específicos como frutas y verduras. Se proyecta para el año que viene que el Paraguay volvería a posicionarse como uno de los líderes en crecimiento de la región, con el PIB en un 3,8 %”, precisó.

Acerca de la inflación, reiteró que si bien actualmente se ubica en un 3,4 % anual y una acumulada del 3,1 % se estima que cerrará en un 3,6 %. Para el 2025 estiman cerrar en un 3,7 % pero la meta es bajar a 3,5 %, según lo que proyecta el BCP. “Para el 2025 estimamos que la inflación cierre en torno al 3,7 %, levemente por encima del 3,5 % de la nueva meta del BCP, para que luego en el 2026, pueda converger a la tasa del 3,5 %”, finalizó.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dio a conocer el balance preliminar de las economías de Latinoamérica y el Caribe. En el informe, estiman que Paraguay cerraría el 2024 con un crecimiento del 4,2 %, mientras que para el 2025 se prevé un crecimiento del 3,9 %.

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Tras acabar con la violencia de las pandillas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asumió un nuevo reto rodeado de polémica: reintroducir la minería, prohibida desde 2017, para transformar una economía de lento crecimiento. El mandatario afirmó que es “absurdo” que la minería esté prohibida en el país que posee los yacimientos de oro “con mayor densidad por km2 en el mundo”, por lo que pedirá al Congreso, controlado por su partido, que derogue esa ley.

“Estudios realizados en solo el 4 % del área potencial identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas hoy en 131.565 millones de dólares. Esto equivale al 380 % del PIB”, publicó Bukele en la red X el 27 de noviembre, sin revelar la autoría de esas indagaciones. “Si hacemos una explotación responsable de nuestros recursos naturales podemos cambiar la economía de El Salvador de la noche a la mañana”, declaró días después.

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Los anuncios de Bukele encendieron alarmas y unos 300 activistas, entre ellos unos sacerdotes franciscanos, se manifestaron este martes afuera del Congreso. Los manifestantes entregaron una carta al Legislativo suscrita por el Foro Ecuménico (que aglutina a las iglesias católica y protestantes) y una docena de oenegés, que afirma que reactivar la minería sería “una decisión irresponsable”.

“Una cosa es poner una mina en el desierto de Atacama [en Chile] y otra es abrir una mina a cielo abierto en Chalatenango (norte de El Salvador], donde tenemos una alta densidad de población, donde están las pocas reservas forestales” del país, dijo a la AFP el activista Pedro Cabezas. “El efecto [nocivo] se multiplicaría en todo el territorio salvadoreño”, agregó el líder de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería. Antonio Pacheco, dirigente de la ONG ADES, aseguró que explotar minas en la cuenca del río Lempa, que abastece de agua a la capital, “implica un tremendo riesgo”.

Un colectivo de organizaciones que lucharon por la ley antiminería afirmó que la explotación minera provocaría “escasez y contaminación del agua”. Bukele publicó en X un mapa que ubica los yacimientos en zonas montañosas de este a oeste, sobre todo por el norte, por donde pasa el río Lempa. Centroamérica no posee tradición minera, como los países andinos. La minería a cielo abierto es ilegal en Costa Rica, aunque el gobierno espera autorizarla de nuevo, y Panamá declaró una moratoria minera hace un año, tras paralizar una enorme mina de cobre luego de un mes de protestas.

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Al pie del cerro San Sebastián, en la antigua zona minera de Santa Rosa de Lima (noreste), donde la minera estadounidense Commerce Group vio revocada su licencia en 2006 por la contaminación del río, hay desacuerdos sobre el plan de Bukele. “Yo pienso que al hacer eso el cantón (zona rural de un municipio) podría prosperar (...), generaría empleo” y “beneficio para todo mundo”, dijo a la AFP Rubén Delgado, un albañil de 55 años.

Pero José Torres, quien extrae pepitas de oro de socavones que abre artesanalmente, se opone por temor a perder su fuente de ingresos con la eventual llegada de compañías mineras. “Los ríos se contaminan, los animales mueren y no podemos tener nada nosotros aquí”, declaró el humilde trabajador de 72 años. Desde que El Salvador dolarizó su economía en 2001, registra un crecimiento medio del PIB del 2,1 %. El 27 % de los salvadoreños viven en la pobreza, según la Cepal, y casi el 70 % de los trabajadores son informales. Estos factores -junto con la violencia pandillera- han estimulado la emigración.

El economista Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, sostuvo que las cifras “espectaculares” que presentó Bukele hacen pensar que El Salvador “está sobre una mina de oro”. Acevedo señaló a la AFP que con los 50 millones de onzas de oro se podría pagar cuatro veces la deuda externa de 31.000 millones de dólares (equivalentes al 85 % del PIB).

Aseguró que el principal reto es “cómo sacar de manera social y ambientalmente responsable ese oro”, pero advirtió que “no hay ninguna receta que pueda generar un crecimiento de la noche a la mañana”. Además, Acevedo destacó que la experiencia con el oro “no ha sido muy grata” en algunos países, porque las mineras pagan en regalías apenas 2 % o 3 %. Por esto, afirmó, el desafío de Bukele es “negociar de otra manera” con las transnacionales mineras.

En 2016, El Salvador ganó un arbitraje a Pacific Rim Cayman, que fue adquirida por la minera australiana-canadiense OceanaGold Corporation, que le reclamaba 250 millones de dólares por negarle un permiso de extracción en 2009. La Asociación Nacional de la Empresa Privada, consultada por AFP, rechazó comentar sobre los planes de Bukele.

Fuente: AFP.

El Salvador comenzará en 2025 la negociación de un acuerdo comercial con el Mercosur, informaron ayer lunes fuentes oficiales. Con la búsqueda del acuerdo, El Salvador “aspira a convertirse en un puente comercial entre América Central y Mercosur”, indicó la ministra de Economía, María Hayem.

Las negociaciones del acuerdo, que por el Mercosur involucran a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, comenzarán a principios del próximo año, indicó Hayem. La negociación no incluye a Bolivia que se incorporó recientemente al Mercosur, fundado en 1991.

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La ministra salvadoreña junto al embajador de Argentina en San Salvador, Sergio Iaciuk, en representación del Mercosur, firmaron un documento en donde se estableció “los términos de referencia” que tendrá el proceso de negociación. El pacto permitirá eliminar “los gravámenes de importación y otras barreras que dificultan el comercio entre las partes”, señaló Iaciuk.

“Esta es la primera vez en la que El Salvador, de manera individual (sin el acompañamiento de otros países de Centroamérica), inicia negociaciones comerciales con una región”, sostuvo la ministra de Economía. De acuerdo a Hayem, que no proporcionó cifras del comercio con Mercosur, El Salvador ya exporta a esa región productos como medicamentos, café, pesticidas, camisetas de algodón y plásticos.

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Fuente: AFP.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), encabezado por María Teresa Barán, deberá informar a Diputados la cantidad de beneficiarios por departamento, así como el monto total abonado hasta la fecha a los familiares de trabajadores de hospitales públicos que fallecieron o resultaron afectados en el ejercicio de sus funciones debido al Covid-19.

La petición fue realizada por la presidenta de la comisión asesora de Presupuesto de la citada cámara, Cristina Villalba. La Ley 6639/2020, que dispone medidas de indemnización también beneficia a familiares de los trabajadores del área administrativa y otras dependencias.

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La citada normativa establece que los familiares directos (padres, hijos y/o cónyuges) de los afectados deben recibir una indemnización equivalente a 50 salarios mínimos legales. Además, estipula que dichos pagos se realizarán a los herederos conforme a sentencia declaratoria, distribuyéndose en partes iguales y de manera proporcional.

El pedido de informes fue aprobado el pasado miércoles por la plenaria en la sesión ordinaria. La cartera sanitaria cuenta con un plazo de 15 días para remitir la documentación requerida a la Cámara Baja, en cumplimiento del artículo 192 de la Constitución Nacional.

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