Las mochilas verdes de Deliveroo podrían desaparecer pronto de las calles españolas ya que el grupo británico anunció el viernes que se plantea “poner fin a las operaciones” en este país donde a partir del 12 de agosto las empresas deberán contratar a sus repartidores como asalariados. “Deliveroo comunica hoy su intención de realizar una consulta entre sus empleados sobre el cese de sus operaciones en España”, informó la compañía en una nota.

El anuncio llega poco después de que España se convirtiera en mayo en el primer país europeo en legislar sobre el estatuto de estos repartidores con condiciones de trabajo usualmente muy precarias, y cuya presencia no deja de aumentar en las calles de las grandes ciudades, bajo el impulso de compañías como Deliveroo, UberEats o Glovo.

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El gobierno español de izquierdas aprobó entonces la reforma del código laboral para otorgar automáticamente el estatuto de asalariado a estos repartidores a domicilio, o “riders”, considerados hasta ahora como trabajadores independientes.

Las empresas deberán pagar a partir de ahora las cotizaciones sociales para que sus repartidores puedan beneficiarse de una protección social. El gobierno de Madrid dio tres meses de plazo a las compañías para adecuar sus estructuras a la reforma, un plazo que expira el 12 de agosto.

La nueva legislación “no es el motivo por el que Deliveroo toma esta decisión”, que se basa en una razón “puramente económica”, aseguró sin embargo un portavoz de la empresa a AFP, quien indicó que la compañía tenía “capacidad financiera para asumir” la contratación como asalariados de sus repartidores.

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Para Deliveroo, no obstante, la ley “no se adapta a las condiciones del mercado ni a las condiciones del trabajo”, reiteró. Según el Sindicato Riders X Derechos, en primera línea de la lucha por la mejora de sus condiciones, “el mensaje es claro, si han de cumplir con la legislación laboral no les interesa seguir operando aquí”, escribieron en su cuenta Twitter. Los repartidores españoles han denunciado en muchas ocasiones la precariedad de sus condiciones de trabajo, tanto en la calle como en los tribunales.

Para la nueva legislación, el gobierno del socialista Pedro Sánchez se basó en una decisión del Tribunal Supremo español que reconocía la existencia de una relación laboral entre un repartidor y la empresa Glovo, tras años de litigio entre los repartidores y las plataformas. Otros pequeños sindicatos habían denunciado una falta de diálogo, temiendo que la reforma empujara a las plataformas a suprimir empleos.

Deliveroo afirma en su comunicado que el mercado español tiene demasiado poco peso en su actividad, ya que “representa menos del 2%” del valor bruto de transacciones en el primer semestre de 2021. “La propuesta de poner fin a las operaciones en España refleja la intención de la empresa de centrar las inversiones y los recursos en los demás mercados en los que opera”, dijo Deliveroo, que prevé que el proceso de consulta con los repartidores se extienda durante un mes a partir de septiembre.

Cuando se presentó el proyecto de reforma en marzo, Deliveroo, Stuart, Glovo y UberEats criticaron “la laboralización forzosa propuesta por el gobierno (...), así como la “obligación de revelar los algoritmos” usados por las aplicaciones para repartir las horas de trabajo entre los repartidores.

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Deliveroo precisa que, si la decisión de abandonar España se confirma, el grupo ofrecerá “compensaciones” conforme a la legislación local a sus “riders”. En Europa, a los repartidores se les considera generalmente como trabajadores independientes.

California votó en 2019 una ley única en Estados Unidos ordenando a este tipo de empresas a considerar a sus trabajadores como asalariados y otorgarles la protección social adecuada, pero el pasado noviembre fue rechazada en un referéndum popular.

Fuente: AFP.