Un francés de cada dos ya está totalmente vacunado contra el COVID-19, anunciaron el martes las autoridades sanitarias. Ese nivel de vacunación sin embargo está aún lejos de la inmunidad colectiva, que se calcula que debe ser del 90% de la población a causa de la nueva variante delta, más contagiosa.

Quienes hayan recibido dos dosis de las vacunas Moderna, AstraZeneca o Pfizer, o una dosis de Janssen, o una sola dosis de cualquiera de esos fármacos si ya sufrieron la enfermedad, son considerados vacunados totalmente. Al menos 40 millones de personas han recibido una dosis, un mes antes del calendario inicial de las autoridades, que quieren acelerar el ritmo, para llegar a 50 millones a finales de agosto.

Los contagios en Francia se han vuelto a disparar hasta los 20.000 casos diarios, aunque las hospitalizaciones sufren un aumento moderado, que las autoridades achacan al buen nivel de protección de las vacunas. “Hay menos pacientes hospitalizados para formas graves de COVID en nuestro país que en oleadas anteriores, para un número de contagios idénticos”, destacó el ministro de Sanidad, Olivier Véran.

En Francia, cualquier trabajador que no se haya vacunado podrá ser despedido, indicó este martes la ministra de trabajo, después de una votación el domingo en el Parlamento sobre la extensión del documento que acredita la vacunación o un test negativo al COVID-19 (“pase sanitario”).

“No hay que dar a entender a los trabajadores que no puede producirse un despido”, declaró la ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, después de una votación del Parlamento, que rechazó la posibilidad de que se pueda despedir a alguien por no cumplir con la obligación de vacunarse o por no contar con el pase sanitario.

“Nos movemos dentro del derecho común del Código de Trabajo”, señaló Borne. El domingo, los diputados franceses aprobaron la vacunación obligatoria para algunas profesiones (incluidos el personal sanitario) y la extensión del “pase sanitario”, un día después de que se volvieran a celebrar manifestaciones contra estas medidas.

Lea más: La era de los autos con motor de combustión llega a su fin en la Unión Europea

El texto prevé la obligación de presentar un “pase sanitario” (test negativo al COVID-19, justificante de vacunación o un certificado de haber superado la enfermedad) en la mayoría de los establecimientos públicos (cafeterías, cines, trenes, aviones...). La medida también afecta a los trabajadores de esos lugares y debería entrar en vigor a principios de agosto.

Sin embargo, los parlamentarios rechazaron las sanciones inicialmente previstas para quienes no tengan el pase o no cumplan con la obligación de vacunarse, una decisión que, según la ministra de Trabajo, reducirá la protección de los empleados afectados.

“Deseábamos que la ley fijara de qué modo podría recurrirse al despido, afirmando sobre todo que ese despido no podría producirse antes de dos meses y que iría acompañado de las indemnizaciones para el empleado, el Senado eliminó esa disposición”, explicó la ministra.

Lea más: Nueva York obligará a vacunarse o a hacer test semanal a sus trabajadores públicos

“Hay que ser claro, eso no quiere decir que no va a haber despidos, eso significa que está menos definido, que podrá producirse antes”, añadió. “El objetivo es, en primer lugar, convencer de la vacunación y facilitarla”, puntualizó. Según los especialistas, un despido por ese motivo, dictado en el marco del Código de Trabajo (que obliga al empleador a justificar un motivo de peso para hacerlo) no es obvio y será “probablemente marginal”.

Aunque la legislación ya prevea una sanción vinculada al estatus médico del empleado, por “invalidez” o “ausencia repetida y prolongada que perturba el buen funcionamiento de la empresa”, esta continúa siendo algo “muy específico y muy inusual”, señaló Benoît Serre, vicepresidente delegado de la Asociación Nacional de Directores de Recursos Humanos.

Fuente: AFP.