Jonathan Santos se entretenía con un videojuego cuando lo detuvieron en su casa durante una operación antipandillas cerca de San Salvador. Dos años después, su padre ruega que le dejen verlo “aunque sea un minuto” para saber que está vivo.

En su modesta casa en Soyapango, una localidad a 12 km de la capital que estuvo controlada por la temida Mara Salvatrucha, Reynaldo Santos muestra a la AFP fotos de su hijo de 22 años y un fajo de documentos sobre su caso. “Aquí no me da la suficiente certeza de que pueda estar vivo”, dice este panadero de 57 años, señalando papeles donde las autoridades le informaban en marzo y octubre que su hijo tenía “gastritis”.

El joven fue apresado en diciembre de 2022 cuando soldados y policías cercaron Soyapango en la “guerra” contra las pandillas que inició ese año el presidente Nayib Bukele, quien goza de enorme popularidad y un poder estatal casi absoluto.

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Según la oenegé Socorro Jurídico Humanitario, hay unos 30.000 inocentes entre 83.000 personas detenidas, sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas, bajo un régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.

De visita en Costa Rica, Bukele dijo este martes que esas cifras de inocentes son “inventadas” por oenegés “de izquierda”, pero admitió: “Ya hemos liberado 8.000 personas (...) No hay ninguna policía del mundo que sea perfecta”, expresó.

Las visitas carcelarias están prohibidas, los presos incomunicados y muchas familias no saben dónde o cómo se encuentran. Santos lleva cada mes comida o ropa al penal La Esperanza, en San Salvador, sin estar seguro de que llegará a su destino.

Su congoja, y la de otros cientos de parientes de detenidos, crece ante denuncias de Amnistía Internacional, Socorro Jurídico y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) sobre más de 300 muertos en prisión desde 2022. A 100 km de San Salvador, en una comunidad agrícola de Jiquilisco (sureste), pobladores cuentan a la AFP que la policía se llevó a 21 jóvenes en un año. Uno de ellos, Emilio Villalta, regresó en un ataúd.

Entre esos detenidos está Eduardo, un exsoldado treintañero. Su padre, Pablo Rivera, agricultor de 54 años, ha hecho de todo para que le dejen verlo: “Lo que quisiera saber es si mi hijo está vivo o muerto”. Bajo el nombre “prueba de vida”, varias ONG lanzaron en octubre una campaña para exigir certificados de exámenes médicos de los reclusos y visitas en las prisiones.

“Es inhumano, totalmente desesperante la situación en la que están miles de personas”, comentó a AFP Mirna Perla, exmagistrada de la Corte Suprema. A las críticas, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, responde que las autoridades actúan “responsablemente” y “velan por que no haya abusos”, al tiempo que acusa a las ONG de servir a los “criminales”.

Al hijo de Santos, obrero de maquila y sin antecedentes penales, lo acusaron, como a la mayoría, de integrar “agrupaciones ilícitas”. Un policía dijo que el videojuego que tenía era “juego de mareros”, cuenta el padre. “Creí que (el régimen de excepción) era para pandilleros, no para inocentes”, expresó Santos, quien tiene colgado en una pared el retrato de su hijo, de chaqueta y corbata, en su graduación en 2019.

Entre gallinas, en su casa en Jiquilisco, Jesús Alvarado, una mujer de 52 años que lava ropa ajena, relata que su hijo José, un conductor de tractores de 27 años, sigue preso pese a tener dos órdenes judiciales de “inmediata libertad” emitidas en 2022 y 2023. Para esta madre de seis hijos fue “muy duro”, dice entre sollozos, saber que lo llevaron al CECOT, una megacárcel donde están recluidos quienes las autoridades consideran pandilleros de mayor peligrosidad.

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“No sé por qué no me lo han entregado. Le pido al presidente que me deje ver a mi hijo... o una llamada. Son tres años ya que no lo veo”, lamentó. La abogada Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, dijo a la AFP tener informes de “cientos que ya tienen órdenes de libertad”, pero las autoridades penitenciarias no las acatan.

En un hecho insólito, un tribunal llegó a dictar 24 “cartas de libertad” a favor del joven empresario Melvin Ortiz, pero fue excarcelado apenas en octubre, luego de que esa ONG denunció el caso en instancias de la ONU. Santos no aspira aún a tanto. Solo pide “un minuto” con su hijo para decirle que está dando “la lucha” por él.

Fuente: AFP

El presidente venezolano Nicolás Maduro apostó por un “nuevo comienzo” en las relaciones con Estados Unidos, rotas en 2019 durante el primer mandato del ahora reelecto Donald Trump, que impuso sanciones para forzar la salida del mandatario izquierdista.

“En su primer gobierno, presidente reelecto Donald Trump no nos fue bien, este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar-ganar y le vaya bien a Estados Unidos y le vaya bien a Venezuela”, dijo Maduro durante un programa transmitido en YouTube.

“Le deseo suerte en su gobierno” y “aquí estará Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional reelecto de Venezuela siempre dispuesto a relaciones positivas con Estados Unidos y con el mundo entero”, añadió. Más temprano, el gobierno de Venezuela declaró estar dispuesto a “entablar buenas relaciones” con Washington en el regreso del republicano al poder.

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“Venezuela siempre estará dispuesta a entablar buenas relaciones con los gobiernos estadounidenses, enmarcadas en un espíritu de diálogo, respeto y sensatez”, indicó la cancillería en un comunicado. Caracas rompió relaciones con Washington en 2019, cuando la Casa Blanca reconoció al líder opositor Juan Guaidó como “presidente encargado”, después de que la oposición boicoteara las elecciones presidenciales venezolanas un año antes por considerar que no había condiciones para unos comicios transparentes.

En su primer gobierno (2017-2021), Trump encabezó una ofensiva internacional para intentar desplazar del poder a Maduro e impuso sanciones que incluyeron un embargo al petróleo venezolano. Las sanciones fueron flexibilizadas en la administración de Joe Biden, que otorgó licencias a trasnacionales de energía para operar en el país caribeño.

Trump dijo incluso que “todas las opciones”, incluida la militar, estaban sobre la mesa en el caso venezolano. Ahora, la victoria de Trump coincide con denuncias de fraude en la reelección de Maduro para un tercer período de seis años (2025-2031). La oposición reclama un triunfo del candidato Edmundo González Urrutia, exiliado en España tras una orden de detención en su contra.

El comunicado de este miércoles del gobierno de Venezuela no menciona expresamente las sanciones impulsadas por Trump, pero llama al “reconocimiento a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos”.

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“El pueblo de Venezuela comparte lazos históricos con el pueblo de los Estados Unidos, con quienes aspiramos transitar un sendero de paz y justicia social, donde no tengan cabida la guerra, la exclusión, la discriminación, y donde la cooperación y el respeto mutuo entre naciones sean el estandarte de las relaciones internacionales”, señaló el documento. La administración de Biden no ha reconocido la reelección de Maduro.

Fuente: AFP

El gobierno del presidente Lula denunció el viernes pasado el “tono ofensivo” adoptado por Venezuela hacia Brasil en medio de una crisis por el veto brasileño a la entrada de Caracas a los BRICS y los cuestionamientos sobre la reelección de Nicolás Maduro. “El gobierno brasileño constata con sorpresa el tono ofensivo adoptado por manifestaciones de autoridades venezolanas en relación a Brasil y sus símbolos nacionales”, dijo en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores, Itamaraty.

Las relaciones entre los dos vecinos se han agrietado luego de la exigencia de Brasilia de no reconocer los resultados electorales venezolanos mientras no se publiquen las actas del escrutinio del 28 de julio. La oposición venezolana reivindica el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, y denuncia fraude.

Pero la crisis aumentó de nivel por el veto brasileño al acceso de Venezuela a los BRICS la semana pasada durante la cumbre del bloque en Kazán, Rusia. El gobierno venezolano convocó a consultas a su embajador en Brasilia y llamó al encargado de negocios de Brasil en Caracas. Antes, Maduro acusó a Itamaraty de “conspirar contra Venezuela”, evitando responsabilizar directamente a Lula por el veto en los BRICS.

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Pero en señal del aumento de tensiones, la Policía Nacional de Venezuela (PNB) publicó el jueves una imagen en Instagram con un rostro ensombrecido que se asemeja al de Lula y una bandera brasileña con la leyenda: “El que se mete con Venezuela se seca”. La PNB está a cargo del ministro de Interior Diosdado Cabello, del ala más dura del chavismo gobernante.

“La opción de ataques personales y escaladas retóricas, en sustitución de los canales políticos y diplomáticos, no corresponde a la forma respetuosa con que el gobierno brasileño trata a Venezuela y su pueblo”, señaló la nota de la cancillería brasileña. “No entramos en el juego de descalificaciones”, insistió a la AFP un alto funcionario de la cancillería, bajo reserva.

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Los señalamientos se han centrado contra el excanciller Celso Amorim, asesor de Lula, a quien el ministerio de Exteriores venezolano llamó “mensajero del imperialismo norteamericano” que “se ha dedicado de manera impertinente a emitir juicios de valor sobre procesos que solo les corresponden a los venezolanos”.

Amorim fue observador en las presidenciales y dijo que Maduro le prometió difundir el escrutinio detallado de la votación, pero esto aún no ocurrió. Según el asesor, la decisión en los BRICS respondió a que Venezuela “rompió la confianza” tras esos comicios.

Fuente: AFP.

El Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) y el Ministerio de Cultura de El Salvador han iniciado un diálogo clave para fortalecer la cooperación cultural entre ambos países, destacando el impulso a la cinematografía paraguaya y la preservación de patrimonio cultural.

En una reunión virtual celebrada el 23 de octubre, el director ejecutivo del INAP, Christian Gayoso, y el director general de Comunicaciones Institucionales del Ministerio de Cultura de El Salvador, Jairo Walberto Molina Castro, acordaron acciones concretas para promover el cine paraguayo en El Salvador.

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Entre las iniciativas sobresale la organización de un ciclo de cine paraguayo, que permitirá al público salvadoreño disfrutar de una selección de películas nacionales, generando un intercambio cultural entre ambos países y ampliando el acceso a las producciones paraguayas en el ámbito internacional.

Además, se abordaron los avances del proyecto de restauración del documental sobre Agustín Pío Barrios, Mangoré, una pieza audiovisual que homenajea al icónico guitarrista y compositor paraguayo. Este esfuerzo de restauración no solo busca preservar un material histórico invaluable, sino también resaltar la figura de uno de los más grandes exponentes de la música paraguaya. Carlos Molina, experto en la restauración, presentó los detalles técnicos de este trabajo que busca revitalizar el legado de Barrios para futuras generaciones.

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