La primera semana de la histórica Convención Constitucional en Chile, bajo la presidencia de Elisa Loncon, perteneciente al pueblo mapuche, arrancó el domingo 4 de julio pasado y culminó con críticas hacia la organización por parte de los propios convencionales, pero con la esperanza de avanzar hacia la redacción final de una nueva Constitución Nacional, en el plazo de nueve meses, para luego ser puesta a consideración de los chilenos en un nuevo plebiscito donde finalmente será aprobada o rechazada.

Apenas instalado el grupo constituyente, el pedido de indulto a todos aquellos procesados por la justicia, tras los violentos hechos de vandalismo, saqueos, incendios, ataques a las fuerzas de seguridad y otras autoridades, que iniciaron en octubre de 2019, ha polarizado a todo Chile y ha provocado el desvío de la atención del tema principal, la redacción de la carta orgánica del país.

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La nueva Constitución Política que está siendo preparada por esta convención busca sepultar a la actual, que tiene vigencia desde 1980, cuando Chile era gobernada por el general Augusto Pinochet, desde el golpe militar que derrocó al socialista Salvador Allende en setiembre de 1973.

Pero para mayor precisión, la actual Constitución Nacional que rige en Chile sufrió profundos cambios, todos ellos buscando favorecer a los pueblos originarios, al medio ambiente y tratando de solucionar problemas sociales, y se produjo en el 2005, en el último año del gobierno del socialista Ricardo Lagos, una de las principales figuras opositoras al régimen militar de Pinochet.

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Sin embargo, estos cambios no fueron suficiente para detener la brecha socioeconómica que había comenzado a expandirse entre los chilenos y que silenciosamente fue incubando un malestar entre los menos favorecidos, en un país que se fue formando ante los ojos de la región y del mundo, como un ejemplo de corrección económica y de equilibrio social.

Los hechos de vandalismo, en principio a causa de un aumento del precio del pasaje del transporte, se originaron en Santiago de Chile a partir de octubre del año 2019 y se expandieron rápidamente a otras localidades del país, inflamados por grupos políticos y activistas de la izquierda radical chilena.

Esta situación puso contra la pared al gobierno de Sebastián Piñera, quien dejó sin efecto el motivo que generó esta situación de violencia y descontrol, sin embargo, tal como sucede en estos momentos, el sector que lideraba estos reclamos fue por más pedidos, como la redacción de una nueva Constitución Política de Chile.

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“Esta Constituyente cree poder tomar decisiones que no le corresponden en absoluto, como indultar a personas privadas de su libertad por hechos violentos, no son presos políticos, son delincuentes que quemaron iglesias, atacaron a carabineros, destruyeron comercios y son responsables de cuantiosos daños materiales en varias ciudades”, opina un ciudadano chileno, quien por su profesión, sigue de cerca lo que sucede en el edificio del ex Congreso Nacional y que por razones de seguridad pidió que su nombre no fuera publicado.

El pedido de indulto para los implicados en los hechos de violencia que se desataron a partir del 18 de octubre de 2019, también busca incluir a los que cumplen condena o fueron involucrados en los hechos ocurridos en la región de la Araucanía, al sur del Chile durante el año 2001.

Como bien lo graficó una usuaria chilena en Twitter: “Nadie estaba esperando que redactaran la Constitución en una semana, pero que dedicaran esa semana a presionar para obtener la impunidad de delincuentes comunes, y mostrar cómo serán de intransigentes y tramposos, pues tampoco nadie lo esperaba”, en referencia al no cumplimiento de un pacto político en que se respetaría la mayoría de los dos tercios para aprobar lo planteado en la Convención Constituyente.

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Así de polarizada está la situación actual en Chile, un país que era hasta hace menos de dos años, un modelo para la región y que de pronto se ha vuelto sumergido en una profunda crisis social y política, que terminó acorralando al gobierno de Sebastián Piñera, quien decidió iniciar el proceso para el cambio de la Constitución chilena, convocando a un plebiscito nacional en octubre de 2020, donde la opción “Apruebo” fue la vencedora con casi el 80% de los votos, lo que llevó al inicio del proceso de elecciones de los constituyentes.

Estas elecciones de convencionales constituyentes de Chile, se realizaron el 15 y 16 de mayo de 2021 y fueron electos 78 hombres y 77 mujeres, convirtiéndose en el primer organismo paritario de este tipo en el mundo.

Sin embargo, ni ha transcurrido una semana desde la instalación de este organismo y nuevamente la violencia comenzó a hacerse presente en las calles de Santiago, trayendo consigo la misma incertidumbre política de meses atrás y pintando más escepticismo para el futuro de un país, cuya clase pudiente e incluso los del medio, solo esperan el momento de poder salir del confinamiento impuesto a causa de la pandemia.

Pocos dudan en señalar a los líderes e integrantes del Partido Comunista chileno, como el responsable de la situación de violencia que nuevamente comenzó a desatarse en Santiago, incluso cuando esta agrupación política tenga a varios legisladores constituyentes participando en la creación de la nueva ley principal chilena y sus aliados del Frente Amplio, controlen prácticamente la Constituyente.

Pero tampoco nadie deja de señalar al sector empresarial como el gran culpable de abrir una profunda división entre los menos favorecidos y el resto de los chilenos, situación que, como en un volcán a punto de erupcionar, fue acumulándose hasta saltar de manera violenta.

Giovanna Grandón, de 46 años, ahora conocida en Chile como “la Tía Pikachú”, participó disfrazada del personaje amarillo de Pokemon, durante las primeras marchas de protesta en octubre de 2018, sin saber que una caída con el traje puesto se volvería viral y la haría famosa, tanto que un año después Grandón, activista social, sería elegida como una de las 77 constituyentes, representando a movimientos de la izquierda chilena.

Pero la “tía Pikachú”, una maestra parvularia, está en el centro de la tormenta, pues su casi total desconocimiento de la tarea para la cual fue electa y por la que recibe un jugoso pago del Estado chileno, está siendo blanco de críticas por parte de la ciudadanía, quien está comenzando a darse cuenta de los sucesivos errores y desaciertos que han venido repitiendo desde que comenzaron las violentas protestas del 18-O.

Grandon en su calidad de constituyente, ha lanzado combustible a la hoguera, exigiendo la contratación de asesores, todo a costa del Estado, para que la puedan guiar en su tarea.

Hay quienes ven esta situación chilena, cierto parecido al modelo venezolano de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano supranacional creado en 2017 por Nicolás Maduro y que en un plazo de dos años debía promulgar una nueva Constitución Bolivariana.

Este órgano dirigido por Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, cercanos colaboradores de Maduro, ya lleva 4 años y no ha avanzado una sola línea en la nueva ley, sino más bien se ha convertido en una herramienta para consolidar aún más un modelo dictatorial socialista, dirigido desde Cuba y que tiene una fachada democrática, típica de todo gobierno totalitario, tanto de izquierda como de derecha.

En Chile, esta Constituyente tiene un plazo de nueve meses más tres de prórroga para culminar su trabajo, que luego debe ser sometido a un nuevo plebiscito nacional, donde podría ser aprobado y en consecuencia, promulgado por el Ejecutivo o bien, los chilenos podrían rechazarlo, quedando archivado todo este trabajo y Chile continuaría con la Constitución Política de 1980 y que fuera modificada en el 2005 durante el gobierno de Ricado Lagos.

Las consecuencias de esta o aquella decisión, es la que mantiene en la total incertidumbre a los chilenos, inclinando la balanza hacia un futuro pesimista, a pesar de los buenos pronósticos económicos para el país.

Como si esto no bastara, para noviembre de este año están programadas las elecciones presidenciales y aunque los candidatos de la izquierda aparecen como favoritos para suceder a Piñera, existen analistas que esperan que los conservadores y los indecisos que no participaron del plebiscito y de las elecciones de constituyentes, esta vez se presenten y logren equiparar la situación forzando una segunda vuelta.

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