Medios de prensa colombianos informaron que el Tribunal Superior de Cartagena remitió a la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación presentada por la defensa de Margareth Chacón, condenada en segunda instancia por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La máxima instancia judicial es ahora la que deberá decidir si admite este trámite y revoca su condena o bien, si confirma la sentencia.

La Justicia colombiana había condenado a Chacón a 35 años de cárcel, luego que la Fiscalía general de la Nación de dicho país demostrara que fue la coordinadora logística y financiera del homicidio de Pecci. Ahora, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena hizo lugar al recurso extraordinario de casación que planteó la defensa de la mujer, procesada por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

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Esta acción de la Sala Penal se dio en respuesta a la demanda interpuesta por la sentencia del 27 de septiembre del 2024, que ratificada la condena interpuesta inicialmente el 15 de febrero del año pasado, por el juzgado Tercero Penal del circuito judicial de Cartagena. Luego de que se diera lectura al fallo en segunda instancia, dictado en enero de este año, la defensa presentó el recurso dentro del plazo legal.

La resolución expedida este 25 de marzo fue remitida a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que deberá decidir si admite el recurso y revoca la condena o bien, si confirma la sentencia, según medios colombianos.

Chacón es considerada como pieza clave en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, al igual que su esposo Andrés Pérez Hoyos y su cuñado Ramón Pérez Hoyos. La mujer había sido sentenciada por su participación en el asesinato de Marcelo Pecci, el 10 de mayo de 2022 en Colombia, considerado su papel como fundamental en el atentado e incluso uno de los cerebros.

La procesada fue la única de los involucrados que no aceptó su culpabilidad en la causa, lo que sí hicieron los demás involucrados y lograron penas menos gravosas. En una de sus últimas declaraciones ante las autoridades, la mujer denunció supuestas torturas y maltratos en un búnker para declarar en contra de un expresidente, cuyo nombre nunca antes había escuchado.

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• Por Juan Marcelo Pereira, juan.pereira@nacionmedia.com.

“Marzo de 1999 constituye un capítulo del pasado que, sin dudas, seguirá en nuestra memoria histórica por muchas generaciones”, manifestó el historiador José Federico Samudio Falcón, al conmemorarse en estos días los 26 años de la crisis política y social marcada por el luto y el despertar del clamor popular en defensa de la democracia paraguaya, que se conoce como el Marzo Paraguayo.

“Por vez primera ocurrieron cosas en distintos ámbitos, que no habían ocurrido hasta entonces. Fue la primera vez que un vicepresidente de la República paraguayo fue asesinado. También, la primera vez que colapsó un gobierno en democracia”, sostuvo al diario La Nación/Nación, haciendo referencia al magnicidio del último caudillo colorado, Luis María Argaña, registrado en la mañana del 23 de marzo, cuando transitaba en la entonces calle Diagonal Molas, de Asunción, en compañía de su chofer y guardia.

Su camioneta Nissan Patrol, de color rojo, que debía transportarlo desde su vivienda en el barrio de Las Carmelitas hasta la sede de la Vicepresidencia, fue acribillado a balazos y se arrojó una granada debajo, que no se detonó; su muerte fue confirmada poco después en el sanatorio Americano.

El ataque contra Argaña dio inicio al evento histórico denominado Marzo Paraguayo, en que se registró una serie de manifestaciones en las plazas y calles aledañas al Congreso Nacional para reclamar la renuncia del mandatario Raúl Cubas Grau, sindicado junto con el general retirado Lino César Oviedo de ser los responsables del magnicidio.

“Fue, además, la primera vez que el pueblo paraguayo pudo comprobar empíricamente, que la supervivencia o el fin de un gobierno podía definirse no solamente mediante golpes militares, como tantas veces ocurrió en nuestra historia, o a través de elecciones. El vigor del clamor popular en las calles, que se descubriría en esos álgidos días entre el 23 y 28 de marzo, también podía jugar un rol definitorio”, indicó Samudio Falcón a La Nación.

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Los lugares en donde se desarrollaron las protestas ciudadanas pasaron a convertirse en territorio de batallas campales, que alcanzaron su máxima tensión el viernes 26 de marzo, con una intensa represión policial, y tiroteos que dejaron como saldo 8 muertos y 769 heridos entre los manifestantes.

La nomina de los fallecidos estuvo conformada por Cristóbal Espínola, Manfred Stark González, Henry Díaz Bernal, Armando Espínola, Víctor Hugo Molas, José Miguel Zarza, Tomás Rojas y Arnaldo Paredes (quien murió un año después como consecuencia de las heridas recibidas durante las manifestaciones).

“Ese marzo con apodo, vive y vivirá en la mente de los paraguayos, como lección de que el sentir de la sociedad paraguaya debe ser tenido en cuenta. No puede ser descartado mediante meros actos de fuerza, trátese de un magnicidio o la salida de tanquetas a la vía pública. Pues, para bien o para mal, cuando la indignación colectiva se siente provocada, sin respuesta a los agravios recibidos y arrastrada a disputas por fuera de la institucionalidad, puede sorprender a propios y extraños con un rugido capaz de hacer temblar las plazas y calles, y con ellas, los cimientos del status quo”, dijo el historiador.

El conflicto cerró por la noche del 28 de marzo, con la renuncia de Cubas, quien permaneció en el poder solo 8 meses para posteriormente partir al exilio en Brasil; y el juramento del senador Luis González Macchi como jefe de Estado. Mientas que Oviedo escapó a Argentina, donde obtuvo asilo político.

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“Estos hechos dejaron bien claro que Oviedo no era tan valiente como presumía, ni tenía el gran respaldo popular del que presumía, sino sólo el de los nostálgicos de la dictadura stronista y los oportunistas de siempre. El marzo paraguayo fue una gesta patriótica de la ciudadanía, cansada de la injerencia de Lino Oviedo en las decisiones del gobierno de Cubas Grau, quien se encontraba constreñido en sus funciones por la fuerte influencia de Oviedo en el Partido Colorado y las FF.AA.”, mencionó el analista político Marcelo Duarte.

“Los gobiernos que se someten a la presión de factores externos opuestos a lo decidido democráticamente por la voluntad popular causan una reacción inversa y directamente proporcional de la ciudadanía contra quienes la provocaron y quienes ceden ante ellas de ahí que Oviedo tuvo que huir del país y refugiarse en el extranjero y el presidente Cubas Grau renunciar”.

Posteriormente, Oviedo retornó al Paraguay, y a prisión, en junio del 2004. En octubre del 2007 fue absuelto de la condena de 10 años fijada en 1997, tras un intento golpista contra el expresidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, y en el 2008 en la causa judicial conocida como la Masacre del Marzo Paraguayo. Se postuló, sin éxito, a la presidencia en el 2008 y el 2013. Falleció el 2 de febrero de 2013, en un accidente aéreo.

“El pueblo paraguayo se demora en reaccionar, pero cuando lo hace su fuerza es incontenible, esa es la lección que nos dejó el marzo paraguayo y debe servir de ejemplo a los aprendices de dictadores, sus títeres y a las nuevas generaciones de paraguayos”, sentenció Duarte.

• Madrid, España. AFP.

El Gobierno español acordó ayer martes considerar delito los videos sexuales falsos elaborados por inteligencia artificial con el rostro o cuerpo de una persona sin su consentimiento, y conocidos como “deepfakes”. “Tipificamos las ‘deepfakes’ de contenido sexual o gravemente vejatorio, como delitos contra la integridad moral”, explicó ayer martes el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la conferencia de prensa posterior al consejo de ministros del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

La medida, que llega después de que el país haya vivido varios casos de difusión de imágenes pornográficas de menores creadas con IA, formará parte de un proyecto de ley para “proteger a las niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital garantizando su derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen”, informó el Ejecutivo en un comunicado.

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Este proyecto de ley, que el Gobierno describió como pionero en Europa, y que ahora tiene que ser aprobado en el Congreso, prevé también considerar un agravante en ciertos delitos sexuales el “grooming”, el engaño a un menor utilizando una identidad falsa, generalmente haciéndose pasar por más joven.

También incorporará al código penal una orden de alejamiento del mundo digital, que prohibirá el acceso o la comunicación, estimando “que evitará, en gran medida tanto la revictimización como la reincidencia”, añade el comunicado del Gobierno.

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Asimismo, la ley obligará a los fabricantes de dispositivos a incluir sistemas de control parental accesibles, gratuitos y activados por defecto. Finalmente, el Gobierno quiere obligar a los influencers a usar “sistemas de verificación de edad” de sus espectadores, o a “separar los contenidos que puedan incluir escenas de pornografía o violencia gratuita”.

Según un estudio realizado en 2019 por la empresa neerlandesa Sensity, especializada en IA, el 96 % de los videos falsos en línea son pornografía no consentida, que utiliza imágenes de mujeres -a menudo famosas- en videos manipulados mediante inteligencia artificial.

• Estambul, Turquía. AFP.

El alcalde opositor de Estambul, Ekrem Imamoglu, suspendido de sus funciones y encarcelado desde el domingo, ha sido designado oficialmente candidato para las próximas elecciones presidenciales de 2028 por su partido, dijo a la AFP un portavoz. Imamoglu, de 53 años, fue encarcelado por “corrupción”, cuatro días después de su arresto que desató las mayores protestas en el país en más de una década.

El Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata), principal fuerza de la oposición, decidió mantener sus elecciones primarias en las que Imamoglu, principal opositor del presidente Recep Tayyip Erdogan, era el único candidato. El alcalde fue trasladado a la cárcel de Silivri, al oeste de Estambul, junto con varios de sus coacusados, indicaron su partido y medios de comunicación turcos.

El alcalde, que denunció desde el principio acusaciones “inmorales y sin fundamento” en su contra, también fue suspendido de sus funciones el domingo, anunciaron las autoridades. “El actual proceso judicial (...) es una ejecución sin juicio”, afirmó Imamoglu en un mensaje difundido por sus abogados, en el que instaba a la nación “a luchar”.

El domingo por la mañana, un juez ordenó el encarcelamiento del alcalde por “corrupción”, aunque rechazó una orden de detención por “terrorismo”. El Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócratas), principal fuerza de la oposición a la que pertenece Imamoglu, calificó de “golpe de Estado político”. Sus abogados anunciaron que recurrirán la decisión del tribunal.

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“Ekrem Imamoglu va camino de la cárcel, pero también de la presidencia”, declaró el líder de CHP, Özgur Özel. Su partido mantuvo ayer domingo las primarias en las que estaba previsto que el alcalde de Estambul fuese nombrado candidato para las elecciones presidenciales de 2028.

El CHP llamó a participar a todo el mundo, y no solo a los miembros del partido. Según la municipalidad de Estambul, 15 millones de personas participaron en las primarias y más de 13 millones de votos fueron de personas que no militan en la formación.

“Vinimos a apoyar a nuestro alcalde. Seguimos con él”, dijo a AFP Kadriye Sevim, una participante en esta primaria, durante la que se vio a multitudes de votantes llegar a algunos de los colegios electorales. Además, el CHP volvió a convocar para el domingo por la noche manifestaciones en Estambul, por quinto día consecutivo.

Para evitar disturbios, la gobernación de Estambul extendió la prohibición de reuniones hasta el miércoles por la noche. También anunció restricciones para ingresar a la ciudad para todas aquellas personas que puedan participar en manifestaciones, sin precisar cómo implementaría la medida.

La detención de Imamoglu el miércoles desató masivas protestas que se extendieron a al menos 55 de las 81 provincias turcas. La ola de contestación es inédita desde las grandes manifestaciones que empezaron en el parque Gezi de Estambul y sacudieron el país en 2013.

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La red social X denunció que las autoridades turcas pidieron el cierre de más de 700 cuentas en la plataforma. “Nos oponemos a las múltiples órdenes judiciales de la Autoridad Turca de Tecnologías de la Información y la Comunicación para bloquear más de 700 cuentas de organizaciones de noticias, periodistas, figuras políticas, estudiantes y otros dentro de Turquía”, indicó la plataforma en un comunicado.

“Creemos que esta decisión del gobierno turco no solo es ilegal, sino que también impide que millones de usuarios turcos accedan a la información y al debate político en su país”, agregó X. Cientos de personas fueron detenidas en al menos nueve ciudades durante las protestas, según las autoridades.

“Las manifestaciones continuarán (...). La nación está en pie y no cederá”, declaró a AFP Ayten Oktay, una farmacéutica de 63 años en Estambul, donde dos alcaldes de barrio detenidos al mismo tiempo que Imamoglu también fueron suspendidos el domingo, acusados de “corrupción” y “terrorismo”. El consejo municipal elegirá el miércoles a un vicealcalde, anunció la gobernación. “Seguiremos luchando”, aseguró Ercan Basal, un psicólogo de 53 años, en la capital, Ankara, instando al gobierno a “revertir este error”.

Erdogan, quien lleva más de dos décadas en el poder --en el inicio como primer ministro y luego como presidente-- prometió por su parte no ceder al “terror de la calle”. Imamoglu se convirtió en la bestia negra del jefe de Estado cuando arrebató en 2019 la alcaldía de Estambul al partido del presidente. El AKP, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, había dominado la capital económica del país durante 25 años.