Por Leah Soibel
La disputa en el barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén sobre desahucios de familias palestinas no es exactamente como la están contando los medios.
En realidad, se trata de cuatro familias de inquilinos cuyos alquileres han vencido y, en algunos casos, son incluso ocupantes sin ningún derecho. Residen en esas casas hace años en contra de la voluntad de los legítimos propietarios, quienes, por cierto, han ganado legalmente varias órdenes de desalojo contra ellos.
Estos casos se dirimen en los tribunales desde hace años, y lo cierto es que los propietarios han ganado siempre. También es verdad que los ocupantes e inquilinos han apelado cada orden de desahucio en el Tribunal Supremo israelí.
En esta situación el gobierno israelí tiene dos opciones: acatar la decisión del tribunal e implementar el desahucio o desafiar a la corte y negar a los propietarios sus derechos.
Lo que dicen los medios
Los críticos afirman que el gobierno israelí debería negar a los propietarios sus derechos de propiedad, porque así lo exige el derecho internacional, sin embargo, desde el punto de vista legal, eso no es sostenible. Y no lo es, porque en el corazón de la disputa está el hecho de que los propietarios son judíos y los ocupantes o inquilinos son palestinos.
Si la situación fuera la contraria, probablemente no haría titulares.
Qué dice la ley
Los derechos legales de las partes en realidad se resolvieron hace décadas, y lo hicieron a favor de los propietarios. Los propietarios adquirieron sus derechos por una cadena que no se interrumpió, heredando el título de propiedad desde el siglo XIX. La transacción estuvo vigente bajo la ley otomana, el mandato británico y el nuevo Estado israelí.
Los inquilinos, por su parte, adquirieron sus derechos de arrendamiento también través de una cadena de arrendamiento que también reafirmaron en varios fallos judiciales y conciliaciones que culminaron en 1982, estableciendo que tenían “arrendamientos protegidos” (un estatus superior a los arrendamientos ordinarios en la ley israelí) pero también decía que los propietarios mantenían su título de propiedad.
Los inquilinos disfrutaron y continúan disfrutando de los beneficios de los arrendamientos protegidos hasta el día de hoy.
La única ruptura en la cadena ininterrumpida de los propietarios sucedió cuando el Custodio jordano secuestró las propiedades cuando Jordania ocupó Jerusalén oriental, de 1948 a 1967, y negó a los propietarios judíos sus derechos. Tras expulsar a los judíos de las tierras, transfirió sus propiedades a otros propietarios y en Sheik Jarrah el Custodio jordano se quedó los derechos y arrendó las propiedades a palestinos.
Tras la guerra de los Seis días de 1967, Israel liberó la parte oriental de Jerusalén y adoptó una legislación que favorecía el retorno de las propiedades a todo aquel que hubiera sido propietario y no hubiera abandonado el país para ir a uno enemigo.
Irónicamente, si el custodio jordano de la propiedad enemiga hubiera asignado el título a los antecesores de los predecesores de los actuales inquilinos palestinos sobre las tierras que confiscó a los propietarios judíos, la ley israelí habría respetado el título resultante.
Es decir, la razón por la que los inquilinos palestinos de Sheikh Jarrah carecen de propiedad hoy en día no es porque el Estado de Israel les haya negado los derechos que adquirieron, sino más bien porque el gobierno de Jordania se negó a otorgar a los palestinos el título de la tierra que Jordania había confiscado.
Y, al contrario de lo que afirman algunos medios, el gobierno israelí no ha decidido desalojar a nadie en las disputas actuales. Son las partes privadas las que han llevado sus reclamaciones a los tribunales.
Y, así, el caso de las viviendas de Sheikh Jarrah como uno de los detonantes de la actual violencia entre Israel y Hamás, simplemente no se sostiene.