Un proyecto de reforma fiscal en Colombia echó leña al descontento que explotó en las calles contra el presidente Iván Duque. Ampliar la base de contribuyentes, elevar impuestos, reducir exenciones y aumentar el IVA de algunos productos son iniciativas que se debaten con cierto escepticismo en el Congreso.

El gobierno aspira recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para aliviar el bolsillo de la cuarta economía Latinoamericana, golpeada por la pandemia. A poco más de un año de terminar su mandato y con la popularidad en rojo (33%), Duque ha enfrentado obstáculos para defender la iniciativa en un Legislativo sin mayorías claras.

“Es una reforma ambiciosa en términos de recaudo”, en la que un “gran porcentaje de impuestos (...) recae sobre todo en las personas naturales”, dijo a la AFP Carlos Sepúlveda, decano de economía de la Universidad del Rosario. La clase media sería la más castigada en el llamado a rescatar unas arcas vaciadas por la pandemia, coinciden expertos.

De acuerdo con Sepúlveda, la propuesta busca invertir la fórmula actual, donde “el 70% del impuesto de renta viene de personas jurídicas y 30% de personas naturales”. Así se contempla gravar por primera vez con impuesto sobre la renta a las personas que ganen más del equivalente de 656 dólares mensuales, en un país donde el salario mínimo es de 248. Actualmente ese rubro concierne a quienes reciben ingresos por más de 1.000 dólares mensuales.

El gobierno espera aumentar los impuestos indirectos como el IVA (la gasolina pasaría del 5% al 19%) y gravar los servicios básicos en zonas de clase media-alta, así como los funerales. La reforma estima también un impuesto a la riqueza para personas naturales, cuando su patrimonio líquido supere los 5.000 millones de pesos (1,3 millones de dólares).

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Para Andrés Zambrano, profesor de Economía de la Universidad de Los Andes, este tributo “se queda corto”, pues “debería arrancar en un umbral menor, de 3.000 millones (811.000 dólares) y con una tarifa más alta al 1%” estipulado. En cuanto a las empresas la reforma crearía una sobretasa de 3 puntos porcentuales al impuesto de renta y una tarifa más baja para los negocios pequeños.

Y aunque los ricos contribuyen con altos tributos, “los mega ricos pagan una tasa más baja, porque saben usar las exenciones y tienen un ejército de contadores que les ayudan a deducir más impuestos”, añade el experto. En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se hundió 6,8% en 2020 y el desempleo trepó al 18,1% en febrero. Casi la mitad de los 50 millones de habitantes está en la informalidad.

Miles de personas empezaron a manifestarse el pasado miércoles 28 de abril contra la reforma fiscal, en una nueva jornada de protestas que desde 2019 se toma las calles para exigirle a Duque un cambio de rumbo.

“La gente no quiere pagar más impuestos porque el proyecto recae sobre la clase media en plena pandemia, (...) Pero también porque no confían en el gobierno actual y sienten que la reforma tributaria es uno más de sus pasos en falso”, explica Zambrano.

Y con las elecciones en la mira (2022), la iniciativa “es una oportunidad para los partidos políticos de ganar votos criticando”, añade el docente universitario. En el contexto regional, Colombia recauda apenas el 19,3% del PIB, por debajo de América Latina (23%) y los países que pertenecen a la OCDE (34%), según los analistas consultados.

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Para equilibrar la balanza, el gobierno considera ampliar la base gravable y poder así aumentar su inversión social. La reforma incluye un capítulo que apunta a prolongar los subsidios mensuales para los hogares más pobres que reciben entre 22 y 100 dólares según el número de integrantes.

Blanco de críticas tanto de aliados políticos como de la oposición, al proyecto le sigue un camino espinoso en el Congreso. Para Zambrano “el gobierno no tenía otra opción” si quería mantener sus calificaciones crediticias. Mientras tanto la presión continúa en las calles, cuando una ola de COVID-19 tiene en jaque al sistema hospitalario.

Estudiantes, sindicatos, indígenas y otros sectores convocaron este miércoles a una nueva jornada de protestas que completa una semana de presión contra el presidente Iván Duque con disturbios que dejan una veintena de muertos. Los manifestantes se preparan para marchar en Bogotá, Medellín (noroeste), Cali (suroeste) y otras capitales del país bajo consignas variopintas: mejores condiciones en salud, educación, seguridad en las regiones, cese de las masacres, entre otras.

Las movilizaciones han sido en su mayoría pacíficas, pero en algunas ciudades se tornaron violentas. De acuerdo a cifras oficiales con corte al lunes, al menos 19 personas murieron, más de 800 quedaron lesionadas y 89 están desaparecidas. Onegés aseguran que las víctimas fatales superan las 30 personas.

Lo que empezó como una manifestación pacífica el 28 de abril en rechazo a una reforma fiscal ya retirada se transformó en las más graves protestas contra el gobierno desde que llegó al poder en 2018. Bogotá vivió una noche de tensión el martes. Treinta civiles y 16 policías quedaron heridos tras los choques con la fuerza pública, según la alcaldía local.

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La presión en las calles no cede, ante la vigilancia de la comunidad internacional que denuncia abusos de la policía en las manifestaciones. La violencia estalló también en Cali el lunes dejando cinco muertos y una treintena de lesionados. Según la fiscalía detrás de los desmanes están disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016; el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia; y bandas narco.

Además de las movilizaciones y disturbios se suman bloqueos en vías que conectan al país. Algunas ciudades como Cali registran desabastecimiento de gasolina y preocupación por el paso de camiones con insumos médicos en plena pandemia.

Duque aseguró que abrirá “espacios de diálogo” para escuchar a todos los sectores, sin precisar cómo se realizarán estos acercamientos. Ante las críticas de abuso policial, el mandatario respaldó a la fuerza pública a quien considera la principal víctima de ataques. Con la popularidad en baja (33%), Duque ha enfrentado masivas protestas desde 2019. La pandemia avivó el descontento en un país que sufre más de medio siglo de conflicto armado.

La comunidad internacional denunció este martes pasado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de Colombia en la represión de las violentas protestas contra el gobierno, con un balance de al menos 19 muertos, en la víspera de nuevas manifestaciones anunciadas en todo el país. El presidente Iván Duque respaldó la acción de los uniformados, a quienes considera víctimas de ataques.

Por su parte, la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos levantaron la voz contra los abusos policiales, en medio de jornadas que dejan hasta ahora 19 muertos y centenares de heridos.

“Nada justifica que haya personas armadas que, amparadas en el deseo legítimo de la ciudadanía de hacer marchas cívicas, salgan a disparar a ciudadanos indefensos y a agredir cruelmente a nuestros policías”, declaró Iván Duque.

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“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali (...) la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas”, declaró en Ginebra Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Duque enfrenta inéditas protestas desde que llegó al poder en 2018. Sindicatos, indígenas y estudiantes, entre otros sectores inconformes, exigen un cambio de rumbo al mandatario con una popularidad del 33% y convocaron nuevas manifestaciones el miércoles.

Durante el día hubo bloqueos en vías de los departamentos de Cundinamarca (centro), Meta (centro), Quindío (centro-oeste) y Valle del Cauca (suroeste). Así como manifestaciones en Bogotá y en Cali, tercera ciudad del país y la más afectada por disturbios. El gobierno estadounidense urgió “a la máxima moderación a las fuerzas públicas para evitar más pérdidas de vidas”.

La noche de martes se tornó violenta en Bogotá, cuando decenas de personas atacaron al menos 15 estaciones de policía, tras varios días de protestas en su mayoría pacíficas. “La escalada violenta de esta noche es brutal”, lamentó la alcaldesa Claudia López en Twitter, luego de pedir ayuda al Ministerio de Defensa para custodiar centros de detención temporales.

La mandataria de centro izquierda denunció que hubo “policías abaleados, heridos con arma blanca” y otros a quienes trataron de quemar vivos. De momento el balance oficial es de siete civiles y 27 policías heridos. La noche anterior se incendió Cali, militarizada desde el viernes y donde persistieron disturbios el martes.

Manifestantes aseguran que la fuerza pública abrió fuego contra civiles en la capital del Valle del Cauca, de 2,2 millones de habitantes. Según la alcaldía local, cinco personas murieron y 33 fueron heridas en la noche de lunes. La Defensoría del Pueblo (Ombudsman) no ha corroborado estas cifras.

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Las principales vías de la región fueron bloqueadas, causando desabastecimiento de gasolina y preocupación por el paso de camiones con oxígeno e insumos médicos en plena pandemia. Y el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, afirmó que un miembro de la entidad y otras cuatro personas fueron atacados por uniformados mientras asistían a detenidos en la urbe.

“Fueron objeto de amenazas por parte de agentes de la policía nacional quienes dispararon en repetidas ocasiones al aire y al piso, tiraron granadas aturdidoras, los maltrataron verbalmente y les exigieron retirarse del lugar”, precisó.

Ante la lluvia de críticas, Duque se solidarizó con la fuerza pública y ordenó el desplazamiento de varios ministros a Cali. Según el mandatario, la policía es víctima de agresiones orquestadas por grupos armados que operan tras más de medio siglo de conflicto interno. La firma del acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016 no acabó con la violencia. Tres uniformados han recibido disparos en las protestas.

Aunque el presidente retiró la iniciativa de reforma tributaria y el ministro de Hacienda renunció, las protestas continúan para exigir “mejores condiciones de vida para la ciudadanía”, dijo a la AFP Yonny Rojas, líder social en Cali. “El despliegue de la fuerza pública fue demasiado alto (...), ingresan disparando contra la ciudadanía”, añadió.

El ministerio de Defensa desplegó 47.500 uniformados en todo el país. Solo en Cali hay 700 soldados, 500 hombres de la fuerza antidisturbios (Esmad), 1.800 policías y dos helicópteros adicionales. Ante la situación actual, tres partidos que debían jugarse esta semana en Colombia por las copas Libertadores y Sudamericana fueron reprogramados en Paraguay.

Las protestas recogen la desesperación provocada por la pandemia de COVID-19, que golpea con fuerza al país de 50 millones de habitantes. En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia se hundió 6,8% en 2020 y el desempleo trepó al 16,8% en marzo. Casi la mitad de la población quedó en la pobreza, según cifras oficiales.

Fuente: AFP.