La Justicia chilena emitió este viernes la primera condena de cárcel efectiva en contra de un político por delitos cometido mientras ejercía su función: el exsenador conservador Jaime Orpis fue sentenciado a más a cinco años y 600 días de cárcel por corrupción.
Orpis, exsenador del ultraconservador partido Unión Demócrata Independiente (UDI), de la actual coalición de gobierno del presidente Sebastián Piñera, fue condenado a cinco años por el delito de fraude al fisco y a 600 días por cohecho, según determinó un extenso fallo del Tercer tribunal Oral.
El exsenador fue hallado culpable de recibir dinero en 2013 del entonces gerente de la empresa Corpesca -la mayor pesquera de Chile- a cambio de favorecerla durante la tramitación de una nueva Ley de pesca.
Lea también: Cierran escuelas en Buenos Aires y amplían toque de queda para frenar ola de COVID-19
El condenado deberá cumplir de forma sucesiva ambas condenas, relató la jueza Claudia Bugueño durante la lectura de la sentencia, aunque se le restará el tiempo que ya estuvo en prisión preventiva y domiciliaria, por lo que finalmente pasará en la cárcel más de tres años y también deberá pagar una multa de más de 150.000 dólares.
El exsenador conservador quedó también inhabilitado para ejercer cargos públicos. Junto a él, y en el marco de la misma investigación, fue condenada también la exdiputada independiente Marta Isasi por el delito de cohecho, pero la sentencia de 50 días de prisión impuesta ya la cumplió durante la investigación en arresto domiciliario.
Después de una serie de denuncias por el irregular financiamiento de la política que estallaron en Chile durante el anterior gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2014-2018), sólo el caso de Orpis terminó en una sentencia de cárcel.
Lea también: Se teme resistencia de la malaria a los tratamientos en África
En el resto de los casos, en su mayoría por el uso de facturas falsas o por servicios en realidad no prestados, los juicios fueron archivados al cambiar el criterio del Servicio de Impuestos Internos para perseguir a las empresas que financiaron ilegalmente campañas políticas en el país. En cuanto a la empresa Corpesca, tendrá que pagar una multa de más de 700.000 dólares.
Fuente: AFP.