Los padres de la niña británica Madeleine (Maddie) McCann, cuya desaparición generó gran impacto internacional hace 15 años, perdieron este martes un litigio ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) relativo a un libro escrito sobre el caso por un inspector portugués

Gerald Patrick McCann y Kate Marie Healy habían interpuesto recurso en 2017 ante este tribunal, considerando que las afirmaciones de este exinspector en el libro sobre la supuesta implicación de ellos en la desaparición de su hija de tres años atentaban contra su reputación y su presunción de inocencia

Tal como lo había hecho antes la justicia portuguesa, el TEDH consideró que “en el caso de que la reputación de los demandantes se haya visto afectada, no es por la tesis defendida por el autor del libro sino a causa de las sospechas que hubo contra ellos” durante una investigación muy mediatizada.

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“Se trató de informaciones de las que el público tuvo amplio conocimiento antes incluso (...) de la publicación del libro objeto de litigio” insistió el tribunal, que considera que la Convención europea de derechos humanos no fue violada por Portugal.

Los padres de Maddie se declararon “naturalmente decepcionados” por esta decisión, y explicaron en un comunicado que no quería defender su reputación sino proteger el avance de la investigación. Dijeron haber actuado de este modo “por una única y misma razón”: las acusaciones expuestas en el libro “tuvieron un impacto dañino en la búsqueda de Madeleine”.

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Madeleine McCann, desapareció el 3 de mayo de 2007 poco antes de su cuarto cumpleaños, en Praia da Luz, un balneario del sur de Portugal, donde se hallaba de vacaciones con sus padres y un grupo de amigos. Su desaparición dio lugar a una campaña internacional excepcional para intentar hallarla. Las fotos de Maddie, con su pelo castaño y sus grandes ojos claros, dieron la vuelta al mundo.

Tras 14 meses de investigaciones, marcadas en especial por la imputación de los padres, antes de ser exculpados, la policía archivó el caso en 2008, pero volvió a abrirlo cinco años después. Hubo que esperar hasta junio de 2020 para que el caso se acelerara súbitamente, cuando la fiscalía de Brunswick (Alemania) anunció haber llegado a la convicción de que la niña estaba muerta y que el sospechoso era un hombre de 43 años, detenido en Kiel (norte de Alemania) por otro caso. Este sospechoso fue encausado en abril a solicitud de la justicia portuguesa.

Fuente: AFP.

Desde el sábado pasado ya es oficial: los austriacos de más de 18 años deben vacunarse contra el COVID-19 so pena de enfrentar una fuerte multa, una medida sin precedentes en la Unión Europea.

La ley fue adoptada el 20 de enero por el Parlamento y promulgada el viernes por el presidente, la culminación de un proceso iniciado en noviembre con la propagación acelerada de la pandemia. El gobierno optó por hacer obligatoria la vacuna pese a las fuertes críticas, a diferencia de sus socios europeos.

“Ningún otro país de Europa nos siguió con la vacunación obligatoria”, dijo Manuel Krautgartner, un activista contra las reglas sanitarias en la ciudad de Linz (norte). En la vecina Alemania, un proyecto similar defendido por el nuevo canciller socialdemócrata Olaf Scholz, comenzó a ser debatido el 26 de enero en el Bundestag (parlamento), donde quedaron expuestas las diferencias políticas sobre el tema.

Hasta la fecha, la tasa de vacunación no ha avanzado mucho en Austria y se mantiene a un nivel más bajo que los de Francia o España, en alrededor de 70% de la población. Mientras tanto, en los centros de vacunación de Viena la afluencia es inferior a lo esperado.

“Estamos lejos de alcanzar la capacidad máxima, se estancó totalmente”, declaró a AFP Stefanie Kurzweil, de la asociación humanitaria Arbeiter Samariter Bund, que supervisa uno de los centros, días antes de la entrada en vigor de la ley. Melanie, una joven de 23 años quien no quiso revelar su apellido, dijo que se puso la tercera dosis sin estar convencida, solo para evitar el vencimiento de su certificado de vacunación.

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“Yo no me quería quedar encerrada en casa”, indicó, debido a que en Austria los no vacunados son excluidos de restaurantes, instalaciones deportivas y eventos culturales. Y ahora también serán sometidos a multas, algo que ella considera “malsano”.

La ley se aplica a todos las personas mayores de edad, con excepción de mujeres embarazadas, personas que contrajeron el virus hace menos de 180 días y otros que pueden recibir una exención por razones médicas. Sin embargo, los controles comenzarán a aplicarse a mediados de marzo, con la aplicación de multas de entre 600 y 3.600 euros (685 a 4.100 dólares), que serán levantadas si la persona se vacuna en las siguientes dos semanas.

En la fila de espera de un centro de vacunación, algunos están a favor de la inoculación obligatoria. “Habríamos terminado desde hace tiempo [con la pandemia] si todo el mundo estuviera vacunado”, reclamó Angelika Altmann, quien trabaja en un despacho de abogados.

Más de 60% de los austriacos apoyan la medida, según una encuesta reciente, pero gran parte de la población permanece fuertemente en contra. Durante varias semanas después del anuncio del proyecto, decenas de miles de personas marcharon contra la medida, que calificaron como radical y contraria a la libertad.

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También se dieron críticas en el sentido de que esta ley surgió al aparecer la variante ómicron, de menos gravedad, aunque causante de una explosión de casos. El canciller conservador Karl Nehammer, quien gobierna junto a los verdes, anunció al mismo tiempo un ablandamiento de las restricciones sanitarias.

Pero para el ministro de Salud, Wolfgang Muckstein, la vacunación obligatoria busca proteger contra “las nuevas oleadas” y luchar contra las nuevas variantes que puedan aparecer en los próximos meses. El pase de vacunación ha sido adoptado por un número creciente de países para ciertas profesiones o actividades, pero la vacunación obligatoria es una excepción.

En Ecuador es obligatoria e incluye a los niños de más de cinco años, un caso único en el mundo. Dos gobiernos autoritarios de Asia central, Tayikistán y Turkmenistán, también impusieron la vacunación, al igual que Indonesia, aunque en la práctica menos de la mitad de su población está vacunada.

En un incesante ir y venir de camiones, cientos de miles de cajas azules llegan cada día a un laboratorio de Viena, símbolo del éxito en Austria de los test de saliva para detectar el COVID-19.

El programa “Alles Gurgelt” (“Todos a hacer gárgaras”) empezó a finales de 2020 en Viena para combatir la pandemia y con el aumento del número de casos por la variante ómicron está en pleno apogeo. Los vieneses, con kits que les reparten gratuitamente, hacen gárgaras casi a diario frente a la pantalla de su ordenador y luego llevan la probeta a la tienda de la esquina.

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Los resultados se conocen en 24 horas y van acompañados de un certificado de test PCR, necesario en este país de 8,9 millones de habitantes para ir a la escuela, a la ópera o para hacer deporte. “Es extremadamente fácil”, dice Michael Havel, director general del laboratorio Lifebrain, para explicar el éxito del sistema.

En las instalaciones situadas en un vasto complejo hospitalario, el ritmo es frenético para los 1.800 empleados a tiempo completo, un tercio de los cuales fueron contratados en los últimos dos meses. Día y noche, trabajadores de decenas de nacionalidades escanean los códigos de barras de los tubos, los destapan y luego el líquido es analizado por las máquinas. El laboratorio puede examinar hasta 800.000 pruebas al día.

Austria llevó a cabo 145 millones de test de todo tipo desde el inicio de la pandemia, que ha causado más de 14.000 muertos en el país. En la actualidad se realizan casi 80 test diarios por cada mil habitantes (en una media de siete días), frente a solo 15 en Francia y 4 en Alemania, lo que la sitúa a Austria a la cabeza del ranking mundial, según estimaciones de la web Our World In Data.

Esta política de test masivos, financiada con el dinero de los contribuyentes, tiene un alto precio, 2.600 millones de euros (2.975 millones de dólares) solo en 2021 y algunos critican su utilidad. “Hasta ahora, esta estrategia estaba plenamente justificada, pero con ómicron todo es diferente”, admite Ulrich Elling, investigador de la Academia Austriaca de Ciencias, que ayudó a desarrollar el método de las gárgaras.

Fuente: AFP.

Desde este sábado entró en vigencia la obligatoriedad de portar un carné de vacunación contra el COVID-19 para asistir a lugares públicos en Bolivia, país que además recibió una donación de casi 2 millones de dosis Moderna, facilitadas por Alemania y España.

“Ahora, para poder estar en lugares masivos de personas es obligatorio del carné de vacuna o la prueba PCR”, afirmó el viceministro de Comercio Exterior de la cancillería, Benjamín Blanco, tras recibir en un aeropuerto del país el lote de los inmunizantes.

La semana pasada el presidente Luis Arce aprobó un decreto para que todas las personas que acudan a lugares públicos deban portar su cédula de vacuna con esquema completo, es decir con dos dosis de alguna de las marcas Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V o una única de Johnson & Johnson.

Quienes por diferentes motivos rechacen la vacuna, deberán portar una prueba PCR o antigénica realizada 48 horas antes de asistir a un lugar público. Debido a que este sábado es feriado nacional, la administración pública y la banca, por ejemplo, estaban cerradas, pero el documento comenzó a ser requerido en aeropuertos o terminales de viajes terrestres.

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“A partir de hoy (sábado) se está exigiendo el carné de vacunación para volar, tanto para el ingreso al aeropuerto y a las aeronaves”, informó por separado el gerente de la línea aérea de bandera nacional BOA, Ronald Casso.

El viceministro Blanco insistió en el llamado a la población para que se aplique sus dosis, que son gratuitas, debido a que reportes de salud indican que la mayor cantidad de personas enfermas en unidades médicas de terapia intensiva no fueron vacunadas.

Bolivia recibió este sábado 1.965.600 dosis del laboratorio estadounidense Moderna, donadas por Alemania y España, mediante el programa de ayuda internacional Covax. Según el reporte oficial, 1.492.800 dosis provienen de España y 472.800 de Alemania. Las vacunas serán utilizadas como dosis de refuerzo, acotó Blanco.

Bolivia se encuentra en el pico de una cuarta ola que comenzó en noviembre pasado y esta semana registró un récord diario de contagios, desde que llegó la pandemia en marzo de 2020. El país, de 11,5 millones de habitantes, sumó hasta la noche del viernes más de 607.480 infectados y más de 19.700 fallecidos por COVID.

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Fuente: AFP.

Ecuador declaró obligatoria la vacunación anticovid para la población a partir de los cinco años de edad debido a la presencia de la variante Ómicron, informó el Ministerio de Salud de ese país. “En Ecuador se declara la obligatoriedad de la vacunación contra la covid-19″, señaló la cartera en un comunicado.

La inmunización obligatoria “aplica para mayores de 5 años”, precisó la cartera a través de su chat de prensa en Whatsapp. Quienes tengan alguna contraindicación médica estarán exentos de vacunarse, pero deberán presentar un certificado, de acuerdo al lineamiento establecido por las autoridades.

La medida se tomó debido al “aumento de contagiados y a la circulación de nuevas variantes de ‘preocupación’, como Ómicron”, agregó el ministerio en su comunicado. Argumentó que la decisión de declarar obligatoria la vacunación anticovid en el país se enmarca en la Constitución, que establece que el Estado debe garantizar el derecho a la salud.

La Ley Orgánica de Salud señala que el Ejecutivo tiene la potestad de “declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera”. Un 69% de los 17,7 millones de habitantes recibieron el esquema completo de vacunación contra el coronavirus. Además, 900.000 personas se aplicaron la tercera dosis de refuerzo.

Para enfrentar un aumento de casos tras la detección de la variante Ómicron hace una semana, Ecuador impuso el martes la presentación del carnet de vacunación para ingresar a eventos públicos, restaurantes, centros comerciales, cines y teatros. También redujo a 50% el aforo en esos espacios.