Brasil registró este martes por primera vez más de 4.000 muertos de covid-19 en 24 horas, informó el Ministerio de la Salud. En pleno agravamiento de la crisis sanitaria, el país, de 212 millones de habitantes, contabilizó 4.195 muertos, con lo cual el total se eleva a 336.947 óbitos en más de trece meses de pandemia, un balance superado solo por Estados Unidos.

Cuarentenas cambiantes y mal explicadas, fallos judiciales contradictorios, previsiones erróneas en la vacunación: en Brasil, epicentro mundial de la pandemia, el combate al coronavirus se realiza en la mayor de las confusiones. El lunes por la mañana, la carioca Márcia Matos vestía a su hijo de dos años para llevarlo a su escuela en Jacarepaguá (zona oeste de Rio) cuando supo por una amiga que finalmente no había clases presenciales.

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El domingo, cerca de la medianoche, un juez del Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro había suspendido la decisión del alcalde, Eduardo Paes, anunciada el viernes, de autorizar el retorno a la escuela a partir del lunes. “Es todo un lío. La escuela nos avisó después de la hora de entrada. Mi hijo estaba muy contento de volver a ver a sus amigos”, contó a la AFP esta empleada administrativa de 38 años.

La prensa reportó casos de padres que se enteraron de la decisión en la puerta de la escuela. Pero el martes, un juez de segunda instancia aceptó un recurso de la alcaldía y ordenó la vuelta a las aulas presenciales. “Aquí, en Rio, estamos además en medio de una batalla política entre el alcalde y el gobernador, y eso genera más confusión”, lamenta Matos. Paes ordenó a fines de marzo el cierre de bares y restaurantes, pero el gobernador, Claudio Castro, permitió su apertura hasta las 23:00.

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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por su lado, critica las medidas de aislamiento social, independientemente de su rigor, debido a su impacto económico negativo. “Sin coordinación nacional, con normas que emanen del Ministerio de Salud (...), existe un vacio técnico-jurídico monumental”, dice a la AFP el infectólogo José David Urbáez, de la Cámara Técnica de Infectología del Distrito Federal de Brasilia.

“En Brasil, por ejemplo, no hay definición de lo que son las actividades esenciales. Así que en cada localidad existen entendimientos que dependen de la correlación de fuerzas político-económicas locales para mantener abiertas tales o cuales actividades, creando este caos”, agrega.

En abril de 2020, el Supremo Tribunal Federal (STF) determinó que estados y municipios tenían derecho a imponer sus propias medidas restrictivas, en momentos en que Bolsonaro manifestaba escepticismo ante una “gripecita” y rechazaba las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El mandatario de ultraderecha alega desde entonces que la lucha contra el coronavirus, que ya ha dejado más de 330.000 muertos en Brasil, escapó de sus manos, aunque el propio STF aclaraba que su fallo era “sin perjuicio de la competencia general de la Unión para establecer medidas restrictivas en todo el territorio nacional, de considerarlo necesario”.

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Bolsonaro cambió ya tres veces de ministro de Salud, en tanto que en el país se estableció un complejo mosaico de cuarentenas, generalmente poco respetadas. La guerra de competencias llegó al seno del STF. El pasado sábado, uno de sus once jueces, Kassio Nunes Marques, nombrado recientemente por Bolsonaro, denegó a estados y municipios la autoridad para prohibir cultos religiosos presenciales, a pedido de una asociación de juristas evangélicos.

La decisión debilitó medidas de cuarentenas parciales en la semana más letal de la pandemia (21.822 muertos entre el 26 de marzo y el 1 de abril). Para rizar más el rizo, otro juez del STF, Gilmar Mendes, rechazó el lunes un pedido de un partido de centroderecha (el PSD) para autorizar los cultos en el estado de Sao Paulo. Y envió el caso al Plenario de la alta corte, que lo juzgará el miércoles. “La judicialización es una de las consecuencias de esa falta de respuesta unificada, pues no hay definiciones transparentes y robustas”, explica Urbáez.

Las batallas judiciales mantuvieron en vilo los partidos de la semana próxima Santos-San Lorenzo (ARG) por la Copa Libertadores y la final de la Recopa Sudamericana Palmeiras-Defensa y Justicia (ARG).

Como los dos equipos brasileños son paulistas y el estado prohibió eventos deportivos, la Conmebol agendó los partidos en Brasilia. Una jueza ordenó inicialmente al gobierno local retomar las medidas restrictivas contra la pandemia, pero otro fallo finalmente los autorizó.

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La confusión afecta igualmente la campaña de vacunación, cuestionada durante meses por Bolsonaro, que llegó a decir que las personas podrían transformarse en “un caimán” después del pinchazo. La imprevisión obligó a varias ciudades a suspender las aplicaciones por falta de dosis.

La semana pasada, el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, redujo a casi la mitad las dosis que llegarán al país en abril (de 47 a 25,5 millones), aunque mantiene su compromiso de vacunar a un millón de personas por día.

Fuente: AFP.