Ocho militares venezolanos han muerto desde que comenzaron hace dos semanas las operaciones de la Fuerza Armada de ese país contra grupos armados irregulares en la frontera con Colombia, informó este lunes el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
“Hasta el presente (día) se han dado nueve bajas de estos grupos terroristas y, lamentablemente, hemos sufrido la pérdida de ocho compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también 34 heridos, que han recibido asistencia médica”, dijo Padrino en una alocución transmitida por la televisora estatal VTV.
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Las fuerzas armadas venezolanas reportan enfrentamientos con grupos irregulares colombianos en el estado fronterizo de Apure (oeste) desde el 21 de marzo, forzando además el desplazamiento de miles de civiles hacia Colombia.
El presidente Nicolás Maduro denunció el domingo que estos grupos, que vincula a su par colombiano Iván Duque, plantaron además minas antipersonales en territorio venezolano, que han contribuido a las bajas militares.
Anunció incluso el domingo que su gobierno pediría a Naciones Unidas “inmediata ayuda” para “desactivar los campos minados”. Según Padrino, se han “desactivado 16 dispositivos explosivos” en las cercanías de la población de La Victoria, en Apure, epicentro del conflicto.
Las autoridades venezolanas evitan normalmente identificar a los grupos irregulares, más allá de llamarlos terroristas o vincularlos al narcotráfico y a Duque. Aunque el mandatario socialista reconoció la posibilidad de que disidentes de la disuelta guerrilla de las FARC puedan estar detrás de estos enfrentamientos.
Ambos países, con una frontera común de 2.200 km, rompieron relaciones después de que el gobierno de Duque reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero del 2019. Aunque Guaidó es reconocido como mandatario interino por medio centenar de países, con Estados Unidos a la cabeza, Maduro mantiene el control del poder con apoyo de la Fuerza Armada Nacional.
Fuente: AFP.
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Condenan a expresidente Humala a 15 años de prisión en Perú por caso Odebrecht
- Fuente: AFP
La justicia peruana condenó este martes a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala tras hallarlo culpable de lavado de activos por recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela para sus campañas de 2011 y 2006, respectivamente.
Humala, de 62 años, fue detenido en la sala de audiencias al término de la lectura de su sentencia. Es el segundo exgobernante condenado por la justicia de su país de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.
“Se impone al señor Ollanta Humala 15 años de pena privativa de libertad efectiva”, dijo la jueza Nayko Coronado del Tercer Juzgado de la Corte Superior, al leer el fallo de primera instancia que será apelado por la defensa del expresidente.
Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.
El fallo puso fin a más de tres años de audiencias contra este exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016. Según la fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006).
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Toledo fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.
Dictan prisión para su esposa
La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue condenada a 15 años de cárcel por lavado de activos. La jueza ordenó su captura ya que no asistió a la lectura de la sentencia.
La fiscalía los acusó de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibieron 3 millones de dólares de Odebrecht para la campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el ex número uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.
Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.
La fiscalía había pedido 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusaba además de ocultamiento de fondos por “compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”. La pareja siempre negó durante el juicio haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.
El fiscal Germán Juárez aseguró en el juicio que el dinero enviado por Odebrecht desde Brasil “era un pedido del Partido de los Trabajadores, porque existía una ideología afín entre Lula da Silva y Ollanta Humala”.
En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió “el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak”.
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Policías analizan más cooperación ante robo diario de vehículos en la frontera
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un equipo técnico de la Policía Rodoviaria Federal de Brasil se reunió esta mañana con agentes de algunas unidades de la Policía de Alto Paraná, para el tratamiento de una posible firma de Memorando de Entendimiento para una mayor cooperación entre las unidades de Paraguay y de Brasil, enfocado al crimen organizado, especialmente los delitos de frontera.
Entre los que se pueden destacar los robos de vehículos que cruzan de un país a otro, fue uno de los temas sobre los cuales se abordó en la reunión realizada en sede del Comando Tripartido, regional Alto Paraná, ubicada en el barrio San José de Ciudad del Este.
Es lo que manifestó a La Nación/Nación Media el comisario principal Carlos Duré, jefe del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional, quien estuvo a cargo de la representación paraguaya.
“Estamos invadidos de vehículos robados en Brasil”, expresó el jefe policial, quien no descartó los casos que ocurren a la inversa; rodados robados en territorio paraguayo y que cruzan al Brasil. No obstante, remarcó que los vehículos robados en el país vecino y que son traídos al país, principalmente por Ciudad del Este, son muchos más.
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“No bajan los indicadores y se trata de ver de qué manera podemos reaccionar ante eso; Brasil tiene mucha tecnología que nos puede servir dentro de una línea de trabajo en todas las fronteras con Brasil, de manera más rápida”, refirió el comisario Duré. Agregó que la cooperación debe ser más fuerte y es eso lo que se está viendo.
Sobre la estimación de qué se hace en Paraguay con los vehículos robados en Brasil, dijo que el uso para la comisión de otros delitos es lo más usual, pero también existe una diversidad de situaciones relacionadas a esos robos que, se necesita un análisis más detallado sobre las estadísticas. También mencionó que, en lo referente a las reacciones ante un delito, también debe verse el tiempo entre el hecho y la denuncia, para que las acciones tengan mayor efectividad.
De la reunión participaron además el jefe del Departamento de Unidad Motorizada, comisario principal Jorge Cardozo y personal del Grupo Táctico Motorizado Lince, a cargo del oficial primero Rafael González y representantes de la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad del Departamento de Alto Paraná.
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Caso Pecci: Margareth Chacón busca revocar condena ante la CSJ de Colombia
Medios de prensa colombianos informaron que el Tribunal Superior de Cartagena remitió a la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación presentada por la defensa de Margareth Chacón, condenada en segunda instancia por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La máxima instancia judicial es ahora la que deberá decidir si admite este trámite y revoca su condena o bien, si confirma la sentencia.
La Justicia colombiana había condenado a Chacón a 35 años de cárcel, luego que la Fiscalía general de la Nación de dicho país demostrara que fue la coordinadora logística y financiera del homicidio de Pecci. Ahora, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena hizo lugar al recurso extraordinario de casación que planteó la defensa de la mujer, procesada por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
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Esta acción de la Sala Penal se dio en respuesta a la demanda interpuesta por la sentencia del 27 de septiembre del 2024, que ratificada la condena interpuesta inicialmente el 15 de febrero del año pasado, por el juzgado Tercero Penal del circuito judicial de Cartagena. Luego de que se diera lectura al fallo en segunda instancia, dictado en enero de este año, la defensa presentó el recurso dentro del plazo legal.
La resolución expedida este 25 de marzo fue remitida a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que deberá decidir si admite el recurso y revoca la condena o bien, si confirma la sentencia, según medios colombianos.
Chacón es considerada como pieza clave en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, al igual que su esposo Andrés Pérez Hoyos y su cuñado Ramón Pérez Hoyos. La mujer había sido sentenciada por su participación en el asesinato de Marcelo Pecci, el 10 de mayo de 2022 en Colombia, considerado su papel como fundamental en el atentado e incluso uno de los cerebros.
La procesada fue la única de los involucrados que no aceptó su culpabilidad en la causa, lo que sí hicieron los demás involucrados y lograron penas menos gravosas. En una de sus últimas declaraciones ante las autoridades, la mujer denunció supuestas torturas y maltratos en un búnker para declarar en contra de un expresidente, cuyo nombre nunca antes había escuchado.
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El ‘dólar negro’ se dispara en Venezuela
- Caracas, Venezuela. AFP.
El ‘dólar negro’ se dispara en Venezuela y con ello se reavivan los temores de un repunte de la inflación y el recuerdo de los peores años de la crisis económica que forzó a migrar a millones de venezolanos. Mientras reina la incertidumbre por el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, la cotización del dólar rompió esta semana la barrera de los 100 bolívares en el mercado paralelo que nació a la sombra de un férreo control cambiario que estuvo vigente por 15 años.
La tasa oficial, en contraste, es de 69,5 bolívares por dólar. La brecha entre ambas cotizaciones, que bordea el 50 %, genera presión sobre los precios, mientras las autoridades obligan a los comercios a regirse por el cambio oficial bajo amenazas de cierres y multas.
Ya había comenzado a abrirse en el segundo semestre de 2024, rondando 20 %, pero el fenómeno se agravó tras la decisión de la administración de Donald Trump de suprimir la licencia a la petrolera estadounidense Chevron para operar en Venezuela pese a las sanciones, coinciden expertos. La compañía energética tiene plazo hasta el 27 de mayo para permanecer en el país caribeño.
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“El anuncio” de la salida de Chevron “generó de inmediato una inquietud muy grande”, dice a la AFP César Aristimuño, director de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados. Ello derivó en un aumento de la demanda de dólares, con los venezolanos buscando cubrirse las espaldas, en un momento en el que la oferta en el mercado formal ha disminuido. “Hoy tenemos una demanda que excede muchísimo la oferta”, apunta Aristimuño.
“Nos está afectando”, lamenta Darwin Contreras, de 40 años, vendedor en una tienda de ropa en Caracas. “Aumenta la comida, aumenta todo”. “Es algo insoportable”, añade este hombre, que rememora la grave crisis vivida durante los ocho años de recesión que encadenó este país entre 2013 y 2020, en los que la economía se redujo 80 % y los venezolanos remaban contra la hiperinflación, que llegó a 130.000 % en 2018, y una aguda escasez de alimentos y medicinas.
“Efecto Chevron”
Con el fin de dar estabilidad a la tasa oficial, el gobierno inyecta periódicamente dólares en el mercado cambiario. Solo en 2024 fueron colocados 5.000 millones de dólares, según datos de Aristimuño Herrera & Asociados. Las llamadas “intervenciones cambiarias”, sin embargo, han caído para ubicarse de acuerdo con esta firma en 634 millones de dólares en 2025 frente a los 934 millones que sumaban a estas alturas en el año anterior.
En ese contexto, llegó el anuncio del fin de la licencia a Chevron, así como la amenaza de Washington de imponer aranceles a los compradores de crudo venezolano. Aristimuño cree que la violenta alza del dólar paralelo es “coyuntural”, producto de lo que denomina “efecto Chevron”.
“Chevron es uno de los proveedores importantes de divisas (...), que fortalecía y complementaba de una u otra manera las divisas que viene dando el Banco Central de Venezuela (BCV) vía intervención cambiaria”, explica. Un 25 % de la producción petrolera venezolana, actualmente alrededor de los 900.000 barriles diarios, proviene de las operaciones de Chevron, según estimaciones privadas.
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“Dólar de guerra”
Maduro, en el pico de la crisis hace unos años, sostenía que Venezuela era víctima de “una guerra económica”, en la que enmarcó las sanciones estadounidenses para presionar, sin éxito, por su salida del poder. El gobernante izquierdista, cuya reelección en 2024 es desconocida por Trump entre denuncias de fraude de la oposición, retomó ese discurso este viernes al referirse al aumento del dólar paralelo y reconocer que la demanda de divisas en el mercado formal aumentó 40 % en las últimas semanas.
“El dólar de guerra” es “un viejo enemigo de la economía venezolana”, dijo en un acto transmitido en cadena de radio y televisión. “Tenemos que hacer todo lo que haya que hacer para superar la perturbación que ha creado los dos anuncios de guerra económica del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela”, lanzó el mandatario. La inflación venía cayendo. Cerró en 48 % el año pasado, según Maduro, después de ubicarse en 189,8 % en 2023, 234 % en 2022 y 686,4 % en 2021 de acuerdo con el BCV, que dejó de publicar reportes sobre este indicador en octubre.