La justicia de Estados Unidos sentenció este miércoles al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión, tras haber sido hallado culpable de tráfico de drogas y armas el pasado 8 de marzo. En una audiencia en Nueva York, el juez Kevin Castel condenó a Hernández, de 55 años -que fue presidente en dos mandatos consecutivos de 2014 a 2022-, a una multa de 8 millones de dólares y a 5 años de libertad vigilada cuando cumpla su condena.

La pena es un poco superior al mínimo estipulado -40 años por los tres cargos- pero inferior a la cadena perpetua que solicitó la fiscalía. “El papel de Juan Orlando Hernández fue utilizar su poder político como presidente del Congreso y como presidente de Honduras para limitar el riesgo de los narcotraficantes a cambio de dinero”, afirmó el juez al leer la sentencia.

“Nadie está por encima de la ley, tampoco los presidentes”, dijo por su parte el fiscal Jacob Gutwilling. “Soy inocente y fui acusado de forma injusta e indebida”, dijo por su parte el exmandatario, que llegó a la sala de audiencias caminando con un bastón debido a un accidente jugando fútbol, según su abogado.

Hernández escuchó de pie la sentencia del juez Castel, que fue muy duro en su argumentación, en una sala abarrotada de hondureños que se acercaron al tribunal del distrito sur de Manhattan para asistir a este día histórico. Su abogado defensor Renato Stabile anunció al término de la audiencia que apelará la sentencia con el fin último de “anular la condena” y “celebrar un nuevo juicio”, como había reclamado infructuosamente hasta ahora.

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Para la activista hondureña de derechos humanos Lida Perdomo, la sentencia deja “un mal sabor de boca”, ya que considera que es “poca” para este político “peligroso”, cuyas “estructuras criminales, tanto dentro del poder judicial, de la policía y los militares siguen bastante vivas” en el país. Esperaba que le impusieran al menos dos cadenas perpetuas.

En su turno de palabra, Hernández arremetió contra la “justicia selectiva de los fiscales” que basó su acusación “en testimonios” de narcotraficantes interesados en obtener a cambio beneficios para su situación carcelaria y no presentaron “ninguna evidencia”. “Apelo al sentido común: ellos (los narcotraficantes) que testificaron en el juicio van a salir libres y yo preso de por vida”, dijo tras señalar que eso socava “la credibilidad del sistema judicial” estadounidense.

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Fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021), Hernández llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. La fiscalía acusó a Hernández de crear un “narco-estado” y de convertir a Honduras en una “súper autopista” por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia.

Entre 2004 y 2022 -desde sus cargos de diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República-, Hernández participó y protegió a una red que envió más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, con un valor en el mercado local de 10.000 millones de dólares, recordó Gutwilling. A cambio, habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, tres meses después de entregar la presidencia a su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro, Hernández habría sido el autor de la famosa frase: “Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta”, según un testigo en un juicio. Otros inculpados en la misma causa, entre ellos su hermano Tony Hernández o el colaborador cercano de éste, Geovany Fuentes, ya fueron condenados a cadena perpetua.

También en la misma causa, el exjefe de la policía hondureña Juan Carlos Bonilla, conocido como “El Tigre”, y el policía Mauricio Hernández Pineda, se declararon culpables de narcotráfico, evitando sentarse en el banquillo de la justicia con el exmandatario. Desde 2014, medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico han sido extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.

Fuente: AFP.

Tres meses y medio después de ser declarado culpable de tráfico de drogas y armas, está previsto que el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández conozca su condena este miércoles. Un jurado popular lo declaró culpable el pasado 8 de marzo de tres cargos de tráfico de drogas y de armas, que le pueden suponer una condena perpetua, como otros inculpados en la misma causa, entre ellos su hermano Tony Hernández o el colaborador cercano de éste Geovanny Fuentes.

En una audiencia programada para este miércoles a las 11:00 (15:00 GMT), el juez Kevin Castel tiene previsto anunciar la pena. En un intento de evitar una condena perpetua, el abogado defensor, Renato Stabile, alega en los argumentos de sentencia enviados al juez el pasado viernes 21 de junio que la condena mínima que prevé la ley -10 años por el cargo de narcotráfico y 30 por el de armas- “satisfará los objetivos de la sentencia” y pide que el juez no le imponga “una pena adicional”.

No obstante, esa sentencia mínima dejaría prácticamente al expresidente, de 55 años, el resto de su vida entre rejas en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. Stabile recuerda al juez que su defendido siempre ha reivindicado su “inocencia” alegando que fue condenado “erróneamente” sobre la base de la “palabra de narcotraficantes y asesinos hondureños -los mismos que combatió- que buscan venganza y salir de la cárcel”.

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Su defendido “apelará su condena por todos los medios legales”, asegura. “Nunca se rendirá”, sostuvo. En la misma causa, están coacusados el exjefe de la policía hondureña Juan Carlos Bonilla, conocido como El Tigre, y el policía Mauricio Hernández Pineda, que se declararon culpables de narcotráfico, evitando sentarse en el banquillo de la justicia con el exmandatario.

“Soy inocente, no culpable”, clama por su parte Hernández en otro documento de 159 páginas enviado al juez Castel la semana pasada en el que desgrana las leyes que promovió y su colaboración con el gobierno estadounidense para acabar con el crimen organizado y la violencia de las pandillas que se cobraron la vida de casi 88.000 personas, convirtiendo a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo.

“Me acusaron y condenaron injusta e incorrectamente”, asegura el hombre que desde 2014 a 2022, durante dos mandatos consecutivos, dirigió los destinos de Honduras. La investigación y el juicio contra él está “lleno de errores e injusticias”, lamenta. “La Fiscalía y los agentes no actuaron con la diligencia debida en la investigación para conocer toda la verdad”.

En la misiva acusa tanto a las autoridades que le precedieron como a los agentes del departamento de lucha contra la droga estadounidense, DEA, de “no hacer lo que debían haber hecho” para enfrentar la violencia del crimen organizado. También recuerda que su gobierno “colaboró y coordinó” la lucha contra el narcotráfico con “diferentes instituciones y agencias del gobierno estadounidense” y fue recibido en la Casa Blanca por los presidentes de turno.

Fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021) llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Pero la Fiscalía neoyorquina lo acusó de crear un “narco-estado” y de convertir a Honduras en una “súper autopista” por la que pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia.

Entre 2004 y 2022 -desde sus cargos de diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República-, Hernández participó y protegió a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos, según la acusación. A cambio, habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

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Extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, tres meses después de entregar la presidencia a su sucesora, la izquierdista Xiomara Castro, Hernández habría sido el autor de la famosa frase: “Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta”, según un testigo en un juicio. Desde 2014, medio centenar de hondureños acusados de narcotráfico han sido extraditados o se entregaron voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.

Fuente: AFP

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue extraditado este jueves a Estados Unidos, que lo acusa de recibir “millones de dólares” de los cárteles de la droga.

A cambio del dinero, que incluye un millón de dólares del encarcelado capo Joaquín “Chapo” Guzmán, los narcotraficantes pudieron operar en Honduras con “total impunidad”, según la justicia estadounidense que acusa a Hernández de crear un “narcoestado”. “Soy inocente y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta”, dijo Hernández en un video divulgado en Tegugigalpa horas antes de abordar el avión de la DEA que lo trasladó a Estados Unidos.

El ex mandatario, que dejó el poder el 27 de enero tras ocho años en la presidencia, comparece este viernes ante el juez Stewart D. Aaron del tribunal del distrito sur de Manhattan, que decretará su prisión provisional o, por el contrario, si le deja en libertad condicional hasta que se siente en el banquillo para responder por los tres cargos de los que se le acusa.

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Hernández, de 53 años, está acusado de tráfico de cocaína y uso o porte y conspiración para uso o porte de armas de fuego, que le pueden dejar el resto de su vida en la cárcel. Según un documento de la Fiscalía hecho público el jueves, Hernández está acusado de “participar y conspirar en una asociación ilícita violenta y corrupta de tráfico de drogas” que envió “500 toneladas” de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022.

Con esos fondos de origen ilícito, se “enriqueció y financió su campaña política y cometió fraude electoral” en los comicios presidenciales de “2013 y 2017″. A cambio, “protegió a traficantes de droga”, entre ellos a su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado (condenado en Estados Unidos a cadena perpetua).

El departamento de Justicia “está decidido a desbaratar todo el ecosistema de las redes de tráfico de droga que dañan a los estadounidenses”, independientemente de donde estén y quién sea, dijo el fiscal general de Estados Unidos Merrick Garland en Washington.

Ann Miller, de la DEA, la agencia contra las drogas estadounidense, aseguró que este caso “debería enviar un claro mensaje” a todo líder extranjero que “abusa corruptamente de su poder para apoyar a los cárteles de la droga”. “Si creen que pueden esconderse detrás de su cargo, están equivocados”, dijo.

El ex mandatario era un aliado de Washington y se ha presentado como un adalid de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Durante su gobierno, se extraditaron 28 capos y que otros 31 se entregaron a Estados Unidos y se incautaron 41.240 kilos de cocaína entre 2014 y 2021.

Hernández culpa más bien de su situación a las acusaciones “en base a mentiras” de los capos de la droga que su gobierno ayudó a extraditar y que buscarían acuerdos con la Fiscalía estadounidense para reducir sus penas. El exgobernante incluso llegó jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la incautación de drogas y la lucha contra el crimen organizado.

“A mí siempre me llamó mucho la atención que visitara Washington y se tomara fotos con el presidente durante el tiempo de (Donald) Trump”, dice a la AFP el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís (2014-2018), porque “ya para entonces corrían rumores de un posible vínculo del presidente Hernández con el narco”.

“El momento para haber terminado con esto fue la elección de 2017 y me llamó mucho la atención que no se concretara, pero uno de los argumentos que quizá pesó más fue que el presidente Hernández era la pieza central de la estrategia migratoria de los Estados Unidos en Centroamérica respecto a los llamados terceros estados seguros” para controlar la migración, sostiene Solís, actual director del Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe de la Universidad de Florida.

En 2017, cuando logró ser elegido para un segundo mandato en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición y enfrentamientos ciudadanos que dejaron una treintena de muertos, Estados Unidos fue uno de los primeros gobiernos en saludar su triunfo.

“Nunca creí que esta lucha por la paz de nosotros los hondureños nos llevaría a ser conocidos como narco-Estado. Sabía que esta lucha no sería fácil, tendría muchos riesgos”, lamentó recientemente Hernández.

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Además de su hermano menor y exdiputado Antonio “Tony” Hernández, el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez fue condenado en febrero también en Nueva York a cadena perpetua por tráfico de cocaína en el mismo caso y Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio “Pepe” Lobo (2010-2014) cumple 24 años de cárcel por tráfico de cocaína.

Otro exfuncionario que aguarda extradición es el exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos ‘El Tigre’ Bonilla, acusado de “supervisar” las operaciones de narcotráfico del expresidente. Hernández sigue la estela de otros exmandatarios latinoamericanos juzgados por la justicia estadounidense, como el guatemalteco Alfonso Portillo o el panameño Antonio Noriega.

Fuente: AFP.

El juez “ha resuelto decretar detención provisional al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado a fin de garantizar su presencia” en la segunda audiencia el 16 de marzo, anunció el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, sobre el ex presidente de Honduras, detenido el martes pasado, y sobre quien pesa un pedido de extradición a EEUU por narcotráfico.

A más tardar dos días antes de esa nueva audiencia EEUU debe remitir al juzgado “las pruebas que sustentan la solicitud de extradición, así como la calificación de los delitos (...) y las penas que tengan relación con los cargos atribuidos al señor Hernández”, añadió el portavoz.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Hernández fue trasladado a la sede de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional en donde quedará recluido.